A finales de 2015, en El Rosal habilitaron 136 hectáreas para construir. / Gustavo Torrijos – El Espectador

A los sancionados los investigaron por tres hechos puntuales: exigirles a dos hermanos  una casa por cada hectárea que pretendiera urbanizar; a otro la suma de $8.000 millones o el 10% del terreno en el que se levantara el proyecto de vivienda, y finalmente una cuantiosa suma de dinero a otro propietario, luego de una reunión a puerta cerrada en el despacho del alcalde.

El Ministerio Público señaló que «Arévalo Pulido vulneró los principios y normas que rigen la conducta del servidor público al hacer uso de su cargo para obtener beneficios personales con acuerdos monetarios hechos con tres personas diferentes, para no cambiar el uso del suelo de varios predios donde sus propietarios pretendían adelantar proyectos de vivienda».

Los cargos contra el alcalde y los concejales fueron calificados como faltas gravísimas, a título de dolo, “los cuales coinciden con la conducta que el Código Penal define como concusión, y que corresponde al abuso del funcionario público de su cargo o de sus funciones para constreñir, inducir o solicitar a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos”.Contra la decisión de primera instancia procede el recurso de apelación.

En audiencia pública el ente de control señaló que los investigados quebrantaron los principios de moralidad, transparencia, equidad e imparcialidad que deben regir las acciones de quienes acceden y permanecen en los cargos públicos, motivo por el cual las faltas fueron calificadas como gravísimas cometidas a título de dolo.

Producto de esta investigación, el alcalde del municipio se encontraba suspendido desde el año pasado. Contra la decisión de primera instancia procede el recurso de apelación. En caso de ser confirmada, mientras a los concejales los reemplazaran los que estén en la lista del partido, en la población tendrá que asumir un nuevo mandatario.