Dos exalcaldes de Zipaquirá gravemente cuestionados por la justicia
Gran revuelo ha generado, entre las comunidades de Zipaquirá, Sabana Centro y el departamento de Cundinamarca en general, las decisiones judiciales que se conocieron este fin de semana.
El Caso de José Edilberto Caicedo
El primero, José Edilberto Caicedo Sastoque, más conocido como “El Pájaro”, milita en el partido de la U, es exalcalde de Zipaquirá (2004-2007) y Representante a la Cámara por los periodos (2016-2019) (2020-2023).
Este funcionario recibió en los últimos días medida de aseguramiento domiciliario por orden de la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en un contrato por 660 millones de pesos.
El negocio se remonta al último año de gobierno de Caicedo y tiene que ver con un contrato que adelanto la alcaldía con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Zipaquirá (EAAZ), dirigida y administrada en ese momento por Luz Estela Jiménez Ballén, para la construcción de dos tanques de reserva de agua, uno en la urbanización Villa Marina y otro en la Zona Alta de Zipaquirá. Obras que al parecer no se llevaron a cabo en su totalidad. Además, se hicieron sin la debida planeación y los estudios técnicos de suelos, infraestructura y materiales requeridos para proyectar y establecer el presupuesto de la obra.
Según el Espectador, también se conoció que la ausencia de estudios obligó a la contratista responsable de la obra, Gloria Leticia Mogollón, a contratar una firma de consultoría; sin embargo, el tanque de la Zona Alta finalmente no se construyó.
No fueron estas las únicas razones que terminaron llevando a Caicedo Sastoque a indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Además de las irregularidades mencionadas, salió a la luz que el alcalde suscribió tres adiciones presupuestales por 40, 43 y 87 millones de pesos, elevando el costo del contrato de 660 a 840 millones de pesos, sin dar razón alguna del porqué de estas adiciones.
Por estas irregularidades, la Corte citó a indagatoria a Caicedo Sastoque, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
También se conoció que, durante el curso de las investigaciones, se hicieron interceptaciones telefónicas, en las que se pudo asumir que José Caicedo intentó sobornar a los testigos, razón por la cual la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento, consistente en casa por cárcel, a este representante a la Cámara.
El caso de Marco Tulio Sánchez Gómez
El segundo, es el abogado Marco Tulio Sánchez Gómez, quien luego de ser diputado por dos meses en el 98, por un año en 2001 y luego por dos meses más en el 2005, llegó a la alcaldía de Zipaquirá (2012 al 2015), por el partido Liberal. Sobre él, la Contraloría General de la República dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por 1.146 millones de pesos, a título de culpa grave.
El manejo irregular que el funcionario hizo sobre los recursos públicos consistió en un pago, al contratista Consorcio Hospitalario CCA, por un supuesto desequilibrio económico de 900 millones de pesos, como compensación por diferentes suspensiones en la ejecución del contrato de obra pública No. 044 del 28 de noviembre de 2011.
El objeto de este contrato fue la “Construcción de la Fase II del Hospital de Tercer Nivel con servicios de Cuarto Nivel para el Municipio de Zipaquirá”, por valor de 9.763 millones de pesos.
Según el ente de control, el reconocimiento del presunto desequilibrio económico no aparece soportado (ni registrado, ni mencionado) en el acta de liquidación del contrato de obra referido.
Además, en su petición a la Alcaldía Municipal de Zipaquirá, el contratista no detalló ni acreditó los supuestos sobrecostos que debió asumir como consecuencia de los defectos que se presentaron en la ejecución de la Fase I del contrato de construcción del hospital.
La Contraloría determinó, por otra parte, que el exalcalde no consultó el concepto de la firma Unión Temporal Salud Zipaquirá, encargada de la interventoría técnica y supervisión administrativa, financiera, contable y jurídica para la Fase II del respectivo contrato de obra.
El contratista de la Fase II del hospital, al igual que la Administración Municipal, tenía conocimiento de las demoras para la entrega de las obras de la Fase I.
La Contraloría consideró que, al momento de no participar en la audiencia de revisión y asignación de riesgos y con la presentación de su propuesta económica, el contratista Consorcio Hospitalario CCA “aceptó de manera expresa e inequívoca el riesgo previsible que implicaba aspirar a la celebración del contrato de obra de la Fase II para la construcción del Hospital de Zipaquirá pese a que no se habían terminado de ejecutar las obras de la Fase I”.
Estimó que las circunstancias que antecedieron el proceso de contratación de la Fase II, para la culminación de obras en el hospital, a finales del año 2011, fueron riesgos previsibles que estuvieron en cabeza del Consorcio Hospitalario CCA como contratista, incorporados dentro de la presentación misma de su propuesta y por consiguiente no podía alegar ningún desequilibrio económico.
El daño patrimonial causado en este caso ascendió a la suma de 900 millones de pesos, que al ser indexada quedó en 1.146 millones de pesos. Este proceso se originó en un hallazgo fiscal detectado en la auditoría a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) al Municipio de Zipaquirá, sobre la Vigencia de 2014.
El fallo de primera instancia fue proferido por el Director de Investigaciones No. 3 de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo y dejado en firme por la Contralora Intersectorial No. 8 de esta misma dependencia.
La situación de estos dos funcionarios públicos tiene indignada, con razón, a buena parte de los zipaquireños. El Periódico de Chía, hablo con tres habitantes del municipio sobre el tema, quienes pidieron no solo mantener en reserva sus nombres, sino que manifestaron su enojo y preocupación, porque se han dado cuenta como han sido asaltados por aquellos prohombres a quienes consideraban comprometidos con el municipio y su gente. Lo que ahora es claro, es que han sido asaltados en su buena fe, porque dichos funcionarios “no solo han depredado los recursos públicos, sino que han afectado a todos los habitantes al negociar con dineros de servicios públicos vitales para la población como son el agua y la salud”.
Indicaron a su vez que les preocupa el tiempo que se ha tomado la justicia para darle claridad a estos casos (más de 10 años) y consideran que debe haber más diligencia por parte de los organismos de control, para que “funcionarios indeseables sean sancionados lo antes posible y no terminen repitiendo en cargos municipales o prosperando en cargos de elección popular del orden nacional, ya que si en el municipio hacen lo que hacen, que se puede esperar lo que pueden llegar hacer en el país”, terminaron diciendo.
