Hace más de cinco años la alcaldía de Funza (Cundinamarca) emitió sin mayores reparos todos los permisos para la edificación del Parque Industrial Santa Lucía. Más de 26 hectáreas destinadas a operaciones logísticas a gran escala. De hecho, esta monumental construcción hoy por hoy cuenta con 54 bodegas. Cada bodega tiene 2.100 metros cuadrados, repartidos en tres pisos: el primero para área de almacenamiento y los dos pisos siguientes para áreas de oficinas. Además, todas cuentan con cinco parqueaderos privados. El canon de arrendamiento mensual por cada bodega es de $26.500.000. Pero si desea comprar, el metro cuadrado está en $1.600.000, es decir que cada bodega tiene un valor de más de tres mil millones de pesos (3.360.000.000). Haciendo sumas sencillas se puede deducir que si un multimillonario quisiera adquirir todo el parque debería pagar más de 180 mil millones de pesos (181.440.000.000).

No obstante, desde el año 2011 la Constructora SION S.A.S, dueña del parque, no ha cancelado la obligación tributaria por el efecto plusvalía que asciende a la no despreciable suma de 2.587 millones de pesos. Pero todo indica que en esta leguleyada no solo ha tenido vinculaciones la constructora. Hace poco un ciudadano, después de una lluvia de Derechos de Petición, encontró varias irregularidades que comprometen a la alcaldía de Funza, en cabeza de Jorge Machuca López, y las obligaciones de esta para hacer cumplir con todos los requisitos de ley al Parque Industrial Santa Lucía.

En primer lugar se encontró que la alcaldía no se dio a la tarea de exigir en todos estos años el pago de los tributos de ley. Incluso, en uno de los Derechos de Petición, el ciudadano solicitó la información de los valores por metro cuadrado que el parque debía cancelar por el efecto de plusvalía. Pero el alcalde, con rebuscados recursos, contestó que no podía entregar dicha información. Negando el derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos colombianos a conocer información pública. Más tarde, Machuca López se vería en la obligación de contestar.

Así mismo, la administración de Funza en una respuesta documentada aceptó que había cometido un “error”, y que el parque no se inscribió en materia urbanística, tributaria, fiscal y ambiental en la matricula inmobiliaria que debía; todo esto derivó a que no se realizara el cobro del tributo mencionado anteriormente. La falta se corrigió apenas en el año 2014, cuando el alcalde resolvió lo siguiente: “Corríjase el error formal del artículo 4 de la resolución 691 de 2011, ordenando la inscripción del gravamen del tributo de plusvalía en el folio de matrícula inmobiliaria (…)”. Por la garrafal falla hasta ahora no se conocen ni los responsables ni sus respectivas sanciones.

Mientras tanto, por el lado urbanístico, existen otras irregularidades. La alcaldía no ha hecho efectivas dos situaciones que ordenan las leyes colombianas: en primera instancia el cobro de compensación por la utilización previa de las áreas de cesión. Es de anotar que las cesiones urbanísticas son las porciones de suelo que tienen el deber de ceder los promotores de una actuación urbanística con destino a la conformación del espacio público, los equipamientos y las vías que permiten darle efectivamente soportes urbanos a un desarrollo inmobiliario. Estas cesiones son los mecanismos con los que cuentan los municipios para la obtención de suelos que se destinan a usos públicos. Como consecuencia de los procesos de urbanización, los municipios reciben porciones de terrenos que se destinan a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas: vías, zonas verdes o zonas para equipamientos colectivos. Pero en tanto no se entregan estas zonas y son utilizadas por la constructora, ésta se ve en la obligación de pagar un tributo, que en el caso del Parque Industrial Santa Lucía es de 368 millones de pesos.

Todo no para ahí. En la investigación se encontró que para este tributo, en el año 2011 la Constructora SION S.A.S, presentó un avalúo por un área de 10.291 m², y que cada metro cuadrado tenía un valor de $35.762, pero tal parece que el verdadero metraje para áreas de cesión eran de 14.685 m², lo cual indica que la cifra a pagar debe ser mayor. De igual manera y aunque el parque está en funcionamiento desde hace ya un largo tiempo, la administración de Funza tampoco ha procedido a reclamar las áreas de cesión y mucho menos que estás se hayan entregado terminadas y debidamente escrituradas como lo exige la ley.

Por ahora se sabe que la oficina de movilidad tiene una de sus sedes en el Parque Industrial de Santa Lucía, contrato que no se pudo conocer porque EMTRA, la entidad encargada por la alcaldía de Funza en cuanto a todo lo que tiene que ver con las políticas de tránsito, se negó a compartirlo. De lo que sí dan noticia es que el alcalde Jorge Machuca López fue galardonado como el mejor de Colombia por “la lucha contra la pobreza por su gestión y ejecución. Además por cultivar políticas de largo plazo en el desarrollo industrial y empresarial sostenible”.