Toda demora en la recuperación del río Bogotá dará lugar a sanciones

Así lo manifestó el Procurador General durante la audiencia pública “El río Bogotá renace”, en la que intervinieron entidades del orden nacional y municipal. Lamentó el incumplimiento de 30% a la sentencia que ordena el saneamiento del río.

Vertimientos de aguas negras sobre el Río Bogotá. Foto de referencia, Revista Semana

El jefe del Ministerio Público exhortó a las sesenta y seis entidades condenadas a entregar la información sobre el avance al cumplimiento de las ciento cuarenta y un órdenes, y aseguró que no admitirá ni un 1% de incumplimiento al fallo.

“No permitiremos que la indolencia siga matando el río”…”La protección de esta fuente hídrica no admite treguas ni plazos adicionales”.

Durante la audiencia pública “El río Bogotá renace”, en la que intervinieron veinte entidades del orden nacional y cuarenta y seis municipales, Carrillo Flórez sostuvo que tres años después de la sentencia del Consejo de Estado es hora de pasar “de los discursos a los resultados. O se sanea el río o vendrán las acciones disciplinarias”.

El jefe del ente de control anunció que en noviembre se conocerían las primeras acciones disciplinarias de persistir la omisión de los entes territoriales del orden nacional o local.

Propuso aplicar un nuevo método de seguimiento, control y vigilancia a las órdenes de protección al río Bogotá con los siguientes ejes temáticos:

• Estructuración de gestión contractual y proyectos transparentes y eficientes

• Seguimiento y control eficiente a los generadores de vertimientos

• Cumplimiento de la función de policía administrativa a todos los niveles

Además, planteó innovación tecnológica en el uso y reutilización de materias contaminantes, reconocidos a escala mundial y con bonos por reducir sustancialmente los parámetros admisibles de contaminación. Desarrollo regional sostenible con cultura, educación y ética (planeación institucional y Planes de Ordenamiento Territorial – POT), y aseguramiento de los acuerdos interinstitucionales y una red de control social con expertos, universitarios y comunidad.

Por último, resaltó el anuncio de las últimas horas de la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca para la construcción de la Planta de Tratamiento que permitirá sanear el río Bogotá, pero llamó la atención para que exista vigilancia en la adjudicación de estos contratos y no se repitan experiencias como la de Odebrecht, vinculada a un escándalo internacional de corrupción, que en un Tribunal de Arbitramento logró un beneficio de más de $10.000 millones por cuenta del contrato de construcción del intersector Tunjuelo – Canoas, que tuvo un valor superior a los $243.000 millones.

Durante la audiencia, el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, Iván Darío Gómez Lee, hizo una radiografía completa sobre el avance del trabajo de cada una de las sesenta y seis entidades objeto del fallo del Consejo de Estado, identificando adelantos y omisiones.

A su turno, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Blanco Zúñiga, comparó la orden de saneamiento al río Bogotá con la sentencia de la Corte que ordenó la protección al río Atrato como sujeto de derechos, y aseguró que por esta vía de ahora en adelante esta jurisprudencia se deberá entender “no como un amor platónico a la madre naturaleza, sino como un mandato constitucional”.