
Inquietante que Estados Unidos intervenga de esta manera en otro país, y más aún sin el respaldo claro de su propio Congreso. Se anuncian hablando de democracia e invaden para conformar sus propias estructuras de poder.
El problema no se resuelve cambiando un nombre en la presidencia, porque los regímenes no funcionan así. El poder no depende solo de una figura visible, sino de una estructura que se adapta y sobrevive.
En este caso, Estados Unidos decidió seguir con el régimen, solo que ahora colocando sus propios intereses en primer lugar.
Eso significa que la devastación provocada por ese sistema no desaparece; simplemente cambia de tutor. El régimen sigue ahí, operando, condicionando la vida cotidiana, aunque ahora alineado con otra agenda.
Los intereses tampoco sorprenden a nadie: petróleo, precios, control e influencia en la región. Para justificarlo, aparece otra vez la retórica del fentanilo. Pero ese argumento se cae solo.
Si la intervención fuera realmente por producción o tráfico de drogas, varios países de América Latina habrían enfrentado acciones similares hace décadas. El discurso antidrogas funciona más como una excusa mediática que como una preocupación real por la salud pública.
Aquí vale la pena detenerse en algo aún más delicado: lo fácil que resulta pedir una intervención extranjera sin pensar en sus consecuencias.
No se trata solo de sacar a quien está en el poder. Cuando una potencia entra, la economía se congela, la incertidumbre se dispara y la autonomía del país se reduce al mínimo.
Los ejemplos sobran: Irak, Afganistán, Libia o Haití no se convirtieron en historias de estabilidad ni prosperidad tras la intervención estadounidense.
El verdadero riesgo es creer que esto es una liberación inmediata. La historia muestra lo contrario: estas intervenciones suelen beneficiar primero a actores externos y a élites locales.
Para la gente común, los cambios —si llegan— lo hacen tarde y a un costo altísimo. Por eso, pedir que “entren” a Colombia, como si fuera la misma situación, no solo demuestra desconocimiento del contexto, sino una preocupante desconexión con la propia identidad nacional.
El verdadero riesgo es creer que esto es una liberación inmediata. La historia muestra lo contrario: estas intervenciones suelen beneficiar primero a actores externos y a élites locales. Para la gente común, los cambios —si llegan— lo hacen tarde y a un costo altísimo.
También resulta absurdo pedir silencio. Decir que “no hay que opinar” ignora que esta no es una discusión lejana. Nos afecta como región y como país vecino.
Las decisiones que se toman en nombre de Venezuela tienen consecuencias políticas, económicas y sociales en toda América Latina. Opinar no es meterse donde no corresponde; es entender que lo que pasa al lado nunca es ajeno.
Algunos han querido comparar esta intervención con una pelea de violencia intrafamiliar en la que un vecino entra a ayudar. La comparación es simplista al extremo. No solo le resta gravedad a una situación de maltrato estructural, sino que banaliza la complejidad de la geopolítica regional.
Como individuos, hemos denunciado durante años los abusos del régimen chavista-madurista. Y como sociedades, hemos hecho mucho más que opinar: hemos recibido a millones de venezolanos, los hemos acogido, integrado y acompañado con solidaridad real, no con discursos grandilocuentes.
Y quizá lo más preocupante no sea la intervención en sí, sino la facilidad con la que algunos celebran que una potencia decida por la región. Porque cuando aplaudir la pérdida de soberanía se vuelve tendencia, el problema ya no es solo el régimen de otro país: es lo poco que hemos aprendido sobre el nuestro.




Trump desconoce la Justicia y leyes de los EEUU que si continúa en efecto liberará a Maduro, no porque lo merezca sino por ejercer la Justicia Norteamericana. Da vergüenza como ya da por hecho que el administrará el Botín con sus secuaces