Retrasos en la implementación de medidas y recortes de presupuesto en el  último año por parte de la UNP han afectado la movilidad y seguridad de los periodistas; desencadenando hechos fatales, consecuencia  de la ineficiencia en las medidas de control y protección que garanticen la vida de estos profesionales.

El 12 de agosto de 2014, en el municipio de Tarazá, Antioquia, fue asesinado Luis Carlos Cervantes, dos semanas antes, el 24 de julio, la UNP realizó el levantamiento de las medidas de protección que el periodista tenía desde 2012. Así mismo pasó con  José Emeterio Rivas en el año 2003 en Barrancabermeja, Santander, a quien se le aprobaron medidas de protección el 27 de marzo de 2003 y fue asesinado una semana después.

Antonio Peralta fue asesinado en El Doncello, Caquetá el 14 de febrero de 2015, Una semana antes había advertido las amenazas que había recibido sin que hubiera una respuesta oportuna.

Pero no solo corren riesgo los periodistas desprotegidos, también aquellos  beneficiados por el programa de protección se han visto abandonados por la UNP, quienes hace caso omiso a las denuncias de estos profesionales; por su parte la Fiscalía conoce la importancia de investigar estas amenazas, sin embargo no se obtiene resultados y las numerosas muertes de los periodistas quedan impunes.

Por esta razón La  Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios) y la Organización Internacional Reporteros sin Fronteras (RSF) se suman  para exigir una protección integral y eficaz para los periodistas en Colombia. Es así como se presentarán documentos de análisis frente al programa de protección y así establecer lineamientos  que garanticen amparo integral, justicia y eficacia en casos de amenaza.