En Chía, se discute un proyecto de acuerdo que busca actualizar la normatividad del presupuesto participativo. Sin embargo, el documento está plagado de vacíos y trampas normativas que centralizan las decisiones en el alcalde y reducen la participación comunitaria.
Los instrumentos normativos que surgieron después la Ley 136 de 1994, la Ley 152 de 1994 y la Ley 1757 de 2015 consolidaron un marco robusto para que la ciudadanía decidiera sobre políticas, planes de desarrollo y presupuestos.
En teoría, Colombia debía ser un laboratorio de democracia participativa en América Latina. Sin embargo, la práctica ha demostrado que los mecanismos diseñados para ampliar el poder ciudadano muchas veces terminan en manos de los mismos actores políticos que los convierten en escenarios de manipulación.
El presupuesto participativo, concebido como una herramienta de corresponsabilidad y transparencia, es un claro ejemplo de esta paradoja.
Su definición legal habla de un proceso equitativo, racional y transparente para asignar recursos públicos, donde la ciudadanía orienta la inversión en proyectos de interés colectivo.
Pero en la realidad de varios municipios, se trata de un dispositivo controlado por la administración local, que fija las reglas, selecciona quién participa, establece umbrales imposibles de alcanzar y, al final, se reserva la decisión definitiva sobre qué proyectos se ejecutan.
La ciudadanía participa, sí, pero lo hace en escenarios diseñados para validar decisiones predefinidas por el poder político.
El caso reciente de Chía, Cundinamarca, ilustra con crudeza esta distorsión. Allí se discute un proyecto de acuerdo que supuestamente busca actualizar la normatividad del presupuesto participativo.
Sin embargo, el documento está plagado de vacíos y trampas normativas que centralizan las decisiones en el alcalde y reducen la participación comunitaria a un ritual sin poder real.
Lo primero que llama la atención es la omisión del Decreto 157 de 2020, expedido por la misma alcaldía, que obligaba a la implementación del presupuesto participativo durante los dos primeros años de gobierno.
Ese decreto nunca se aplicó, y ahora se presenta un nuevo acuerdo como si la historia empezara de cero.
Esto revela no solo negligencia administrativa, sino también una estrategia para borrar el incumplimiento anterior y construir un marco normativo más cómodo para los intereses del ejecutivo municipal.
Los principios enunciados en el proyecto; autonomía, inclusión, transparencia, rendición de cuentas, parecen sacados de un manual de democracia ideal.
Pero al analizarlos, se descubre que son meros enunciados sin mecanismos de aplicación. La inclusión social, por ejemplo, no prevé acciones afirmativas para garantizar la participación de grupos históricamente marginados.
No hay cuotas, no hay ajustes metodológicos, no hay compromisos de accesibilidad. En otras palabras, se invoca la inclusión como un adorno discursivo, pero se diseña un proceso donde la participación queda reservada a los sectores más cercanos al poder local.
Las definiciones tampoco ayudan. Conceptos cruciales como “asambleas municipales” o “idea de proyecto” se dejan abiertos a la reglamentación posterior de la alcaldía.
Esto significa que el ejecutivo podrá, mediante decretos, fijar quién participa y en qué condiciones.
Esta ambigüedad no es ingenua: es un mecanismo que asegura que las reglas del juego puedan ajustarse a conveniencia del poder político. En lugar de blindar la participación con normas claras y estables, se crea un campo movedizo donde la administración siempre tiene la última palabra.
Más preocupante aún es la estructura institucional que se plantea. El Comité de Coordinación y Seguimiento, que debería ser un espacio plural de toma de decisiones, está compuesto exclusivamente por funcionarios de la administración municipal.
No hay representantes comunitarios con voz y voto. Así, este comité se convierte en un órgano burocrático al servicio del alcalde, y no en una instancia de corresponsabilidad entre Estado y ciudadanía. El mensaje es claro: la comunidad puede proponer, pero quien decide sigue siendo la administración.
El Comité Técnico de Enlace repite el mismo error. Está integrado únicamente por funcionarios de planta, lo que lo convierte en un filtro administrativo sin participación ciudadana.
En teoría, este comité evalúa la viabilidad de los proyectos. En la práctica, se trata de un espacio que puede descartar cualquier propuesta incómoda con el argumento de falta de factibilidad.
Lo grave es que no hay contrapesos: sin expertos comunitarios, universidades, organizaciones sociales o veedurías con poder de decisión, la evaluación técnica se transforma en un arma política.
La Comisión Garante de Verificación y Observación Electoral debería ser la instancia encargada de dar transparencia a los procesos de votación. Pero tampoco ofrece garantías reales.
El acuerdo no define cómo se eligen las veedurías ciudadanas ni qué criterios de independencia deben cumplir.
En un contexto de alta fragmentación política, esto implica que el gobierno local puede seleccionar veedurías a su medida, asegurando que quienes “vigilan” sean, en realidad, aliados.
El riesgo es evidente: se crea una comisión que, en lugar de garantizar transparencia, legitima irregularidades.
Incluso la participación de los jóvenes queda reducida a un gesto simbólico. Se menciona que podrán intervenir desde los 14 años, pero no se aclara si tendrán voz y voto.
Esto los convierte en espectadores decorativos, cuando deberían ser actores plenos de un proceso de construcción colectiva.
La exclusión de la juventud contradice no solo la Constitución, sino también el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Se repite aquí un patrón: se invoca la participación para luego vaciarla de contenido.
La etapa de verificación es otra trampa. Según el proyecto, una vez seleccionados los proyectos por la ciudadanía, la administración puede “armonizarlos” con el Plan de Desarrollo Municipal.
Esto otorga al alcalde el poder de modificar o descartar iniciativas ya aprobadas, con el pretexto de garantizar coherencia.
Se trata de un golpe directo a la soberanía ciudadana: lo que decide la comunidad puede ser alterado en un escritorio. En los hechos, la decisión final nunca deja de estar en manos del ejecutivo.
La distribución presupuestal también está diseñada para debilitar la participación. En lugar de aplicarse en las cuatro vigencias del periodo de gobierno, el presupuesto participativo solo se ejecutará en la segunda y tercera.
Esto deja a la ciudadanía sin capacidad de incidir en los primeros y últimos años, los más estratégicos en términos políticos.
Además, el 65 % de los recursos se destina a proyectos de interés general, pero con la condición de que estén alineados con el Plan de Desarrollo Municipal (PDM).
Esto convierte al PDM en una camisa de fuerza que excluye propuestas comunitarias autónomas. En otras palabras, la participación se condiciona a que la comunidad piense como el alcalde.
El 25 % destinado a las Juntas de Acción Comunal y al resguardo indígena es otro foco de manipulación.
Al privilegiar a las JAC, se excluye a colectivos juveniles, culturales, ambientales y de mujeres, que también representan intereses comunitarios. Además, se ignora que las JAC suelen estar capturadas por dinámicas clientelistas y muchas veces carecen de legitimidad real.
Sin controles estrictos sobre sus libros de afiliados, la asignación de recursos a estas organizaciones se convierte en una apuesta politiquera para asegurar lealtades.
El 10 % para el fortalecimiento de la participación es quizás el más preocupante. La norma permite que estos recursos se destinen a celebraciones, conmemoraciones y actividades festivas.
En la práctica, esto equivale a legalizar el uso clientelista de recursos públicos. Se abre la puerta a que el dinero del presupuesto participativo financie fiestas y eventos proselitistas, en lugar de formación, capacitación o innovación en transparencia digital.
Es un retroceso inaceptable que convierte un mecanismo de democracia en un instrumento de manipulación política.
Los umbrales de participación terminan de cerrar la trampa. Se exige que al menos el 4 % del censo electoral participe en la votación de proyectos para que estos sean válidos.
Este requisito es desproporcionado y prácticamente imposible de cumplir en la mayoría de municipios. La consecuencia es que la mayoría de proyectos quedarán sin validación, y el comité controlado por la administración podrá reasignar los recursos.
En la práctica, la ciudadanía participa, pero la decisión final siempre queda en manos del alcalde. El presupuesto participativo se convierte así en una consulta decorativa.
Nada de esto sería posible sin la complicidad del Concejo Municipal. En lugar de actuar como contrapeso, los concejales aprueban proyectos que concentran poder en el ejecutivo y debilitan la participación.
Su papel, que debería ser el de guardianes de la democracia local, se reduce a avalar acuerdos que refuerzan el clientelismo. Esta complicidad no es menor: cuando los concejos aprueban normas que vacían de contenido la participación, se convierten en coautores de un fraude a la ciudadanía.
En el caso de Chía, si el Concejo aprueba el proyecto tal como está, no será solo el alcalde quien manipule el presupuesto participativo, sino todo el sistema político local el que haya decidido traicionar el mandato constitucional de participación.
Este fenómeno no es exclusivo de Chía. En otros municipios del país se repiten patrones similares: umbrales imposibles de alcanzar, definiciones ambiguas que dejan todo a la reglamentación del alcalde, destinación de recursos a celebraciones clientelistas, exclusión de colectivos sociales y manipulación de veedurías ciudadanas.
El presupuesto participativo, que debería ser un espacio de empoderamiento ciudadano, se convierte en una escenografía democrática donde todo está cuidadosamente calculado para que nada cambie.
Las consecuencias son graves. Cada vez que se manipula la participación, se erosiona la confianza en las instituciones.
La ciudadanía, que acude con expectativas, descubre que su voz no tiene impacto real y se distancia de los espacios comunitarios.
Se alimenta el escepticismo, se refuerza la idea de que la política es solo para unos pocos y se normaliza el clientelismo como la única forma de incidencia.
Lo que está en juego no es un reglamento local, sino la credibilidad misma de la democracia participativa en Colombia.
El riesgo es que esta manipulación se vuelva estructural. Si las comunidades aceptan como normal que sus decisiones sean filtradas, modificadas o anuladas por el ejecutivo, la democracia participativa quedará reducida a un ritual vacío.
Y si los concejos municipales continúan actuando como cómplices, lo que tendremos no será participación sino simulación. El caso de Chía debe servir como advertencia: no podemos permitir que la participación se convierta en una herramienta de manipulación.
Frente a este panorama, el Concejo Municipal de Chía tiene una responsabilidad histórica. No puede aprobar un proyecto que, bajo la retórica de la participación, legaliza la concentración de poder y el clientelismo.
Su deber es reformular el acuerdo para reducir umbrales, garantizar inclusión de todos los colectivos, prohibir el uso de recursos en fiestas y asegurar que las decisiones de la comunidad sean vinculantes.
Si no lo hace, será cómplice de un engaño institucional.
La democracia participativa en Colombia está en juego. No basta con invocar principios de inclusión y transparencia. Es necesario diseñar mecanismos reales, con reglas claras, participación plural y controles efectivos.
De lo contrario, seguiremos atrapados en un círculo perverso donde la ciudadanía participa, pero siempre pierde.
El caso de Chía es un espejo que refleja los riesgos de este modelo manipulado. Que sirva como advertencia para que no sigamos convirtiendo la participación en un espejismo.
Se trata a la Comunidad de IGNORANTES y si, el Concejo Municipal es cómplice porque ni siquiera debaten a fondo, sin conciencia, ni respondiendo al compromiso con sus votantes, semejante propuesta LEONINA, donde la alcaldía dispone de la mayor tajada del presupuesto participativo que le corresponde a la ciudadania. Los ediles todo lo hacen sin protestar, ni denunciar como es SU DEBER, ya que fueron elegidos para proteger a la Comunidad. Así es que responden los concejales porque el que autoriza las Sesiones por las que les pagan es el “BURROMAESTRE”