La maleza del glifosato
El glifosato nuevamente ha sido tema de discusión tras la reciente audiencia pública, organizada por la Corte Constitucional, para el seguimiento a las órdenes de la Sentencia T-236 de 2017 relacionada con la erradicación de cultivos mediante la aspersión aérea.
Lo primero en que uno piensa al leer la advertencia sobre los efectos del glifosato, no es precisamente en los cultivos de uso ilícito, sino en los efectos que tiene en los cultivos para la alimentación, en los ecosistemas acuáticos y terrestres, en la salud animal, y con todo esto en la salud humana. Monsanto es la misma compañía que vende semillas modificadas genéticamente y resistentes al glifosato Es decir Monsanto inventó el veneno para matar las plantas que no sean Monsanto.
El control de las malezas que compiten con las plantas cultivables por los nutrientes del suelo, el agua y la luz, se puede realizar mediante técnicas alternativas, como las propias de la agricultura orgánica y ecológica, pero los grandes productores optan por los herbicidas como el glifosato, pensando en el rendimiento económico y no en términos de la salud y el cuidado ambiental. Si a esto le sumamos la precariedad y falta de aplicación de la normatividad alimentaria que regule y controle la cadena de producción de alimentos hasta el uso por parte del consumidor, más las trabas que se le imponen al registro y certificación de alimentos orgánicos, nos encontramos con un mercado alimenticio inundado de productos saturados de químicos, sin el control debido por parte de las autoridades competentes.
El segundo uso del glifosato inicia a finales de los años setenta e inicios de los ochenta luego de las primeras fumigaciones apoyadas por los Estados Unidos para erradicar cultivos de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde entonces la presión del país del norte en la fumigación de cultivos ilícitos ha sido permanente. A partir de 1999 se inicia el Plan Colombia dirigido a la lucha contra las drogas y la insurgencia, financiado por los Estados Unidos. Las manifestaciones ciudadanas y las denuncias de organizaciones sociales, de derechos humanos y ambientales, en contra de las fumigaciones, por los efectos adversos para la salud y el ambiente, se multiplicaron.
En marzo del 2015 la Organización Mundial de la Salud declaró que el glifosato era un probable cancerígeno para los seres humanos; ese mismo año el Consejo Nacional de Estupefacientes, ante recomendaciones de la Corte Constitucional, decidió dejar de utilizarlo. Luego, mediante Sentencia T-236 de 2017 nuestra Corte Constitucional concluyó de manera provisional “que el glifosato es una sustancia tóxica” y que “puede causar cáncer u otras afectaciones a las células humanas”. Para la Corte, el uso del glifosato se debía suspender hasta contar con estudios definitivos sobre su afectación a la salud.
El problema hay que buscarlo en la raíz y no en las hojas. En los territorios ligados a los cultivos de uso ilícito se evidencia ausencia del Estado y alta vulnerabilidad social, situación que lleva a los campesinos a constituirse en la base de la pirámide de producción. El actual gobierno considera retomar las aspersiones con glifosato para “fortalecer el orden público”. Pero ¿cuánto cuesta continuar con la erradicación por esta vía? Investigadores del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes han llegado a la conclusión de que el Estado colombiano se gasta más de 130 millones de pesos fumigando una hectárea para evitar que el campesino venda por cuatro millones la hoja de coca recogida en esa extensión de tierra. La lucha contra los cultivos de uso ilícito ha sido equivocada, ineficaz y sin sentido. ¿No sería mejor invertir ese presupuesto en acciones positivas como la sustitución de cultivos, vías de comunicación, hospitales, escuelas y colegios, construcción y mejoramiento de viviendas?
¿Vamos a seguir rociando medio territorio del país con glifosato para erradicar la coca, la amapola y las malezas, sin que nos importe la salud y el medio ambiente?
