Los actos del llamado desarrollo se han hecho aquí de manera silenciosa y en manguala entre constructores, alcaldes, concejales y funcionarios públicos.

 La avaricia y el afán por el poder mal concebido y por lo tanto mal ejercido, se ha enquistando, nutrido y crecido de tal manara durante los últimos 25 años en el municipio de Chía, que solo vasta mirar los ridículos y pobres resultados a los que, en materia de infraestructura urbana, aumento del espacio público, movilidad, salud, servicios básicos, seguridad y mejoramiento de la calidad de vida, están sumidos hoy sus habitantes.

Lo único que ha florecido de manera amplia y catastrófica es la densidad poblacional, gracias al urbanismo desmesurado a que ha sido sometida la ciudad sin planeación alguna y, sin que Chía tenga hoy en día la capacidad de ofrecer servicios públicos básicos completos, eficientes y económicos a la población que está llegando y a la que esta por llegar, en su mayoría de estrados 2 y 3. Todo, porque los actos del llamado desarrollo se han hecho aquí de manera silenciosa y en manguala entre constructores, alcaldes, concejales y funcionarios públicos de todos los niveles de la administración, sea la que fuese. Ya que de esta manera muchos de estos funcionarios del mando medio, han encontrado en el silencio, la complicidad conveniente y el servilismo al gobernante de turno, el modus operandi perfecto para sobrevivir y hacer carrera en el cargo por años, como funcionarios confiables, para los intereses personales de los pésimos gobernantes que han pasado.

Este comienzo de siglo al que estamos realmente ingresando luego de 20 años y una pandemia que ha removido las estructuras mismas de la modernidad tecnológica en que creíamos vivir, cuando la realidad ha sido encontrarnos, de una parte, con nuestra fragilidad individual y de otra con la fortaleza que puede llegar a tener una sociedad organizada, solidaria, propositiva y resilente. 

Encontrarnos de nariz a boca con la posibilidad de enfermarnos y morir o, perder a nuestros seres queridos por falta de la presencia del estado o, perder el empleo, el negocio o la empresa por las mismas razones, nos está obligando a cambiar los paradigmas de la sociedad que hemos construido en torno a la apatía, la falta de solidaridad colectiva, al desinterés con que actuamos frente a la forma en que se usan nuestros recursos o, las reacciones de violencia o autodestrucción que utilizamos para demostrar nuestro rechazo o la ira interior porque no hemos sido capaces de hacerle frete a las estructuras corruptas que se han tomado el país y el mundo, pero sobre todo nuestro municipio, que es donde vivimos y queremos prosperar.

No se puede seguir permitiendo que los gobernantes que elegimos para que nos gobiernen y administren nuestros recursos no sepan cuáles son sus funciones y no trabajen de manera intensa y dedicada por mejorar la vida de la comunidad y, por el contrario, se unan funcionarios públicos de ayer y de hoy en un contubernio de largo alcance para apropiarse de los recursos de los más pobres y necesitados que sueñan con su casa propia, como ha sucedido por años en el municipio con las Organizaciones Populares de Vivienda, más conocidas como las (OPV).

A la fecha son decenas las personas asaltadas en su buena fe, engañadas y robadas por quienes manejan buena parte de estos proyectos de autoconstrucción, muchos de los cuales son exconcejales quienes se valen de su reconocimiento, relaciones y conocidos en los gobiernos municipales, tanto para estafar a los pobres incautos como para dañar el municipio construyendo en zonas deshabilitadas para vivienda, por la falta de servicios públicos o impedimentos de usos de suelo. Igual construyen, abusan y se enriqueces mientras los ciudadanos terminan perjudicados. Lo más grave de este asunto, es que a estos sujetos no les pasa nada y el problema persiste por años. Gracias a la política de “La vista gorda” de alcaldes, concejales y funcionarios.

No se puede seguir permitiendo que los alcaldes sigan negociando con constructoras y concejales para abonar el camino a irregularidades de gran impacto y perjuicio social, como es emitir Decretos leoninos como el 803, concebido y firmado por el exalcalde Leonardo Donoso, el 26 de septiembre de 2019, (a solo un mes y cuatro días de terminar su gobierno) donde le permite a las constructoras con licencias aprobadas para vivienda comercial estrato 4 o 5 cambiar la oferta urbanistica a vivienda de interés social (VIS) e interes prioritario (VIP), con apartamentos donde aumenta el número de los mismos, porque para ellos se reducen el espacio hasta de un mínimo de 22.5 m2 para VIS y a 20 m2 para VIP, lo que significará una concentración de cerca de 8 mil viviendas de interés social y prioritario en solo un kilómetro de la ciudad.

Con este Decreto aprobado por unanimidad en el concejo municipal, las constructoras ubicadas en la franja de la variante a Cota, (Amarilo, Capital, Paradise y Grupo Solerium entre otras), que tienen proyectos en el sector de la variante que va desde frente a Parmalat, hasta la calle 11 sobre esta misma vía, terminaran haciendo su agosto con la multiplicación tanto de apartamentos por piso, como de altura, toda vez que el decreto aunque determina hasta 6 pisos por torre, da la posibilidad de incrementar hasta 4 pisos más de acuerdo a las compensaciones que acompañan el Decreto.

A este mismo Decreto hecho a la medida de los solicitantes se le puede sumar para ilustrar a los lectores, la dimensión de lo que está pasando en Chía a los más altos niveles de la administración municipal. Es el caso del Acuerdo 108 de 2016, por medio de cual el concejo de Chía le autorizó al exalcalde Leonardo Donoso contratar por treinta (30) años, bajo la modalidad de concesión, la reposición, operación, mantenimiento, expansión y administración del Servicio de Alumbrado Público del Municipio de Chía.

El contrato lo realizó el alcalde mediante una licitación a la medida y desobedeciendo las recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación, que le recomendó no llevarlo a cabo, razón por lo cual esta negociación fue demandada directamente por el ministerio publicó y, gracias a ello hoy el municipio se encuentra en una controversia jurídica que le vale tiempo y dinero a la ciudad.

Sin embargo, el hilo conductor de los casos presentados es la suma de una cadena de funcionarios que repiten cada cuatrienio en diferentes cargos dentro de la administración municipal o que llegan al concejo con el conocimiento de todos los antecedentes de los grandes negociados y pasan de agache frente al conflicto de intereses y de información privilegiada que terminan manejando para su beneficio personal.

Es hora entonces que las veedurías en particular y la ciudadanía en general exija la realización de los mapas de corrupción, que ordena la Ley, sobre la administración municipal y el concejo con participación de la comunidad, para identificar que funcionarios tienen conflicto de intereses frente a las decisiones y quienes deben declararse impedidos y así poder generar cada vez espacios más transparentes entre gobernantes y gobernados.