Miércoles negro
En un solo día, esta funcionaria de la Rama Ejecutiva se echó al bolsillo las dos cámaras legislativas y se arrogó facultades judiciales ilimitadas.
¿Qué hizo Cabello para brincarse la sentencia de la Corte IDH? Decidió que puede convertir de un plumazo a sus procuradores delegados, abogados rasos, en jueces penales. Investidos de súbita autoridad por su jefe, estos «jueces penales» condenan al funcionario que la jefe señale, y la jefe lo destituye y lo inhabilita por el número de años que su sabiduría le dicte. En adelante, Cabello también puede autorizar allanamientos y «chuzar» al que se le antoje.
Maduro y Ortega deben estar pasmados con la audacia de Cabello. En Venezuela y en Nicaragua, me asegura un magistrado, los trámites para eliminar a los opositores son menos expeditos.
Que el Senado, la Cámara y la procuradora urdan semejante maniobra el mismo día que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publica un duro informe contra el Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos de los manifestantes es una prueba rotunda de la igualdad de derechos de los ciudadanos colombianos: si usted es un funcionario insumiso o un candidato incómodo, la procuradora puede borrarlo del mapa en menos de lo que canta un gallo. Si es un simple manifestante, la policía puede torturarlo, violarlo o matarlo y la Fiscalía dirá que usted es un vándalo, víctima del accionar de paramilitares urbanos que de manera abusiva apoyan sus armas de asalto en los hombros de los policías de la patria.
El mismo miércoles negro, el Senado hundió el proyecto de matrícula cero para los 660.000 estudiantes de las universidades públicas «por razones de índole fiscal», dijeron los honorables, y porque, piensa uno, la reforma de la Procuraduría, los nuevos uniformes de la Policía, el lujoso helicóptero de la Presidencia y la mermelada para aceitar el Congreso arruinaron la «índole fiscal».
El mismo miércoles Lafaurie y señora, el dúo ganadero, lanzaron torpedos de profundidad contra el proyecto de especialidad agraria y rural, la única iniciativa del Gobierno que desarrolla un punto del Acuerdo de Paz. El proyecto, que pide la creación de jueces especializados para resolver conflictos por el uso y la tenencia de la tierra, está a punto de hundirse.
El mismo miércoles, Emilio Archila, uno de los pocos funcionarios dignos de confianza, resolvió que el Gobierno no dialogará más con el Comité del Paro, y un juez de Cali suspendió el decreto que firmó el alcalde Ospina la semana pasada para crear mesas de diálogo con los jóvenes de las «líneas».
En esa misma semana, el Gobierno decidió desconocer todos los acuerdos alcanzados por alcaldes y gobernadores del país, e incluso los pactados por emisarios del Gobierno con los transportadores en Bogotá y con los jóvenes en Buenaventura.
Quedamos avisados: la democracia colombiana es patética; en términos de DD. HH., el país entra al club de la ignominia; los diálogos continuarán por la boca de las armas y este Gobierno será recordado por arruinar una gran oportunidad de cambios y reflexión y convertirla en una orgía de sangre, en una máquina para volver jirones el maltrecho tejido social.
De acuerdo. Eso es Colombia, el paraíso privado con «leyes» acomodadas a la carrera para detentar con ferocidad, intimidación, miedos y abusos, un poder gelatinoso que cada día se sale más de sus manos…