Orden en la casa
¿Cómo pedirle a Daniel Quintero que, ante pérdida estimada de 9,9 billones de pesos, no haga nada?
Lo cierto es que el doctor Juan Felipe Gaviria, exgerente de EPM, lo fue igualmente de Conconcreto; el también exgerente de EPM Federico Restrepo lo fue, asimismo, de la firma Integral, y el doctor Juan Esteban Calle lo es actualmente de Argos (GEA). Todas, compañías íntimamente relacionadas con el grupo EPM y sus contratistas principales no solo en Hidroituango, sino en la mayoría de sus proyectos. A ellas habrá que sumar las relaciones privilegiadas, por decir lo menos, que existen entre EPM y otras empresas del GEA como el Banco de Colombia y Sura, por citar solo las dos más relevantes.
¿Cómo esperar que una junta directiva con unos vínculos, “de amistad o de negocio”, tan fuertes pudiera tomar la decisión de demandar a Conconcreto, a Coninsa o a Integral y al buque insignia, Sura? Imposible. Por eso, el alcalde tomó la decisión correcta de ir adelante sin consultar tanto, pues sabía que tratarían de impedírselo y no quiso poner en riesgo una decisión que ya había tomado en defensa del patrimonio de EPM.
También sabía que en los casos de Porce III, donde hubo unos sobrecostos descomunales, al pasar de un presupuesto de 550 millones de dólares a uno de 1.300 millones de dólares y en el que los contratistas fueron los mismos Conconcreto, Coninsa y Camargo Correa, se había tomado la decisión de no demandar dizque por tratarse de “aliados estratégicos”. Lo mismo había ocurrido en el caso de la hidroeléctrica Bonyic en Panamá, donde con los mismos contratistas Conconcreto e Integral se pasó de un proyecto con un presupuesto inicial de 50 millones a 314 millones de dólares y se tomaron 11 años para ejecutar una central de tan solo 32 MW. Allí tampoco se demandó, argumentando que eran “aliadas estratégicas” y que no convenía. Con esos aliados…
El alcalde Quintero y el gerente se estarían preguntado si en el caso de Hidroituango pasaría lo mismo y en buena hora decidieron actuar. Lo hicieron en defensa del patrimonio público, con la premura que imponía el vencimiento de los plazos para presentar las demandas y, como dijo su gerente, “para poner las cosas en su lugar” y establecer las responsabilidades de diseñadores, contratistas, interventores y aseguradores y, por supuesto, de quienes en su momento tomaron equivocadas decisiones.
Por lo pronto, no solo en Medellín sino en el país, y de la mano del llamado notablato antioqueño, se está produciendo un verdadero tsunami. Comunicados de los principales gremios de la producción, como la Andi o Asofondos y la Cámara de Comercio, en los cuales el GEA tiene intereses bien conocidos, han salido a reclamar por supuestas fallas en el gobierno corporativo de la empresa, tras el cual se puso por décadas el patrimonio de una ciudad como Medellín, bajo la tutela de empresarios e intereses privados, nociva práctica en cuanto al manejo de los conflictos de intereses en las sociedades.
Y que no se diga que se está politizando el tema, porque si alguien lo está haciendo son los propios miembros renunciados y sus patrocinadores, que han activado este plan de movilización contra el alcalde y el gerente con su ya reconocida andanada mediática, sumada ahora a una propuesta de revocatoria.
¿Cómo pedirle al alcalde que, ante la inminencia de la pérdida de un estimado de 9,9 billones de pesos, no haga nada? Más aún cuando la propia Contraloría ya advirtió desde noviembre pasado sobre un posible detrimento por más de 4 billones de pesos y un posible ilícito de más de 150.000 millones por apropiación de unos recursos en obras que nunca ejecutaron.
Aquí no hay crisis, dijo el gerente, pero lo que sí hay, a mi modo de ver, es un sano corte de cuentas. Una parada obligada para poner orden en la casa de EPM, que es de los antioqueños, y de los colombianos, y no de un conglomerado empresarial privado.
