Privatización en Colombia: ¿el turno para el catastro?
Por: José Alfonso Valbuena Leguízamo| Columnista | vallejal@gmail.
Entidades de salud, empresas de servicios públicos domiciliarios, generadoras de energía, instituciones financieras, empresas portuarias y de transporte, de comunicaciones y correos, han sido liquidadas y/o privatizadas en nuestro país con el argumento de su ineficacia y corrupción, dejando las funciones en manos de particulares. La Colombia rural ha sido afectada en este proceso de reducción del Estado; la privatización del catastro es la continuidad del modelo. ¿Cuál es la lógica?
La teoría económica del libre mercado desarrollada a través de una serie de personajes como Menger, Mises y Hayek, desde la Escuela Austriaca, reforzada con la idea del también austriaco Peter Drucker sobre la ingobernabilidad del Estado moderno y la misión de la empresa privada de liderar la construcción de la sociedad; continuó en la misma línea privatizadora y mercadocentrista con los norteamericanos Friedman, Becker, Nozick y Fukuyama, quienes fueron configurando el constructo teórico del modelo neoliberal, caracterizado por el fomento de la iniciativa privada en funciones públicas, la minimización del Estado mediante la privatización de sus empresas, la apertura económica, la carga impositiva al consumo y no a la producción, y la flexibilización laboral.
Los efectos de la implementación del modelo neoliberal han sido evidentes en el desmonte del Estado social. En lo rural basta recordar algunos casos de liquidación de entidades ocurridos a partir de la década del noventa del siglo pasado, con la “internacionalización de la economía”.
La liquidación del Instituto de Mercadeo Agropecuario – IDEMA (Decreto 1675 de 1997), por ejemplo, significó la desregularización del mercadeo de productos de origen agropecuario, con resultados adversos en las compras de cosechas, procesamiento, almacenamiento y distribución de productos, y en el mantenimiento de existencias reguladoras. Dos años después, con el fin de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero (Decreto 1065 de 1999) se liquidó el mayor intermediador financiero del campo con la red de oficinas más numerosa y almacenes de provisión agrícola.
Más adelante vendría la liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – TELECOM (Decreto 1615 de 2003) que gestó el primer proyecto de telefonía rural comunitaria en el país. Un cuarto ejemplo se presenta el mismo año con la decisión de liquidar elFondo Nacional de Caminos Vecinales – FNCV (Decreto 1790 de 2003), entidad encargada de la construcción, mejoramiento y conservación de los caminos veredales en regiones apartadas.
En años más recientes se ha vendido la idea de la conveniencia de privatizar el catastro nacional, función que hoy cumple el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. El catastro es el registro público permanente de los inmuebles rurales y urbanos que cuenta con información física, fiscal, económica y jurídica, para la planificación del territorio, el establecimiento de impuestos, la garantía jurídica de la propiedad y la implementación de políticas públicas.
En el Acuerdo Final del proceso de paz se estableció el Sistema General de Información Catastral, Integral y Multipropósito atado a normas para que los municipios liquiden, cobren y recauden efectivamente el impuesto predial con base en la actualización y el principio de progresividad. Los grandes terratenientes, incluyendo a los propietarios de tierras ociosas observan en lo anterior un peligro para sus intereses; el gobierno, por su parte, percibe la oportunidad para privatizar el catastro a través de gestores particulares.
Durante el gobierno anterior los dos proyectos dirigidos a normativizar el catastro multipropósito no prosperaron, el primero (2017) por la terminación de las facultades legislativas especiales (fast track), el segundo por la votación desfavorable. En el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, del actual gobierno, se establece la apertura de espacios para actores privados en la actualización catastral y la definición del catastro como un servicio público (¿un nuevo cobro para los ciudadanos?).
Ya en el Documento 3859 del 13 de junio de 2016 “Política para la adopción e implementación de un catastro multipropósito rural-urbano”, emitido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES en el anterior gobierno, se exponía la necesidad de “vincular la participación privada en el financiamiento y la operación de actividades de formación, actualización y conservación catastral, nacional y territorial”; lo que se reiteró en el Documento Conpes 3951 del 26 de noviembre de 2018 y en el 3958 del 26 de marzo de 2019 del actual gobierno.
La importancia y la urgencia de que Colombia cuente con una información catastral completa y actualizada es evidente; actualmente el 66% del catastro rural se encuentra desactualizado y a nivel municipal apenas 88 de los 1.102 municipios cuentan con actualización catastral. Sin embargo, no creemos que el camino sea la privatización de esta función. Bajo la dirección del IGAC, por ejemplo, las universidades podrían aportar conocimiento y personal para apoyar la actualización y administración del catastro.
¿Laissez faire, laissez passer?
