El fiscal general Barr defiende el uso de fuerzas federales para reprimir.

El presidente Donald Trump, junto con su fiscal general, defendió la represión contra activistas a quienes llama «anarquistas» y «enfermos», desobedeció un fallo de la Suprema Corte que frena sus esfuerzos contra los dreamers, y continuó mintiendo sobre el manejo de la pandemia en Estados Unidos, todo en función de su estrategia electoral para rescatar su campaña, y preguntó por qué «nadie» lo quiere.

El fiscal general, William Barr, se presentó ayer ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes por primera vez en casi un año, y ahí defendió el despliegue de fuerzas federales en ciudades como Portland. Afirmó que «lo que ocurre cada noche alrededor del tribunal (un edificio federal) no puede ser llamado, de manera razonable, una protesta. Es, por cualquier evaluación objetiva, un asalto al gobierno de Estados Unidos». En otro momento, acusó que «amotinados violentos y anarquistas han secuestrado las protestas legítimas para generar desorden sin sentido y destrucción contra víctimas inocentes».

«Usted está proyectando temor y violencia a escala nacional en una promoción de objetivos políticos obvios. Le debería de dar vergüenza, señor Barr», acusó el demócrata Jerrold Nadler, presidente del comité.

Barr estaba repitiendo el mensaje insistente de Trump, quien reiteró por tuit la noche del lunes, que los manifestantes en Portland y otros lugares “son anarquistas y agitadores enfermos y trastornados…, quienes destruirán nuestras grandes ciudades estadunidenses”, si gana la elección su contrincante, el candidato demócrata y ex vicepresidente Joe Biden, a quien acusa de ser «un títere de la izquierda». Pronosticó que, si eso ocurre, «se derrumbarán los mercados y se incendiarán las ciudades, nuestro país sufriría como nunca antes».

Pandemia

Más tarde, en sus renovadas conferencias de prensa diarias sobre el manejo del COVID-19, Trump proclamó falsamente que gran parte del país estaba “libre de corona”, a pesar de que por lo menos 21 estados se encuentran en la categoría roja, donde se recomiendan mayores restricciones, y que ayer se superaron 150 mil muertes.

Repitió que la pandemia, «el virus chino», es culpa de Pekín, que permitió que «saliera» al mundo, e inexplicablemente retomó la defensa de la hidroxycloroquina, droga desacreditada por sus propias autoridades sanitarias.

Pareció confesar que estaba celoso del doctor Anthony Fauci, el experto en enfermedades infecciosas más importante del gobierno, al lamentar que él goza de mayor aprobación de la sociedad que el presidente. Se quejó de que Fauci y otros funcionarios de salud pública son muy admirados, “pero nadie me quiere a mí… Sólo puede ser por mi personalidad”.

Pero aun en su conferencia de prensa dedicada a la pandemia, Trump no dejó fuera a los manifestantes al afirmar, sin ninguna evidencia, que su gobierno está observando un creciente contagio de COVID-19 en Portland «por lo que ha estado sucediendo ahí», en referencia a las protestas, explicando que los manifestantes son «nada menos que anarquistas y agitadores».

Migrantes

En desafío a un fallo de la Suprema Corte, el gobierno de Trump anunció que procederá con su objetivo de desmantelar el programa de legalización temporal (DACA) para inmigrantes que llegaron siendo menores de edad, conocidos como dreamers. Según un nuevo memorando de Barr, el gobierno procederá a eliminar el DACA en fases, primero bloqueando nuevas solicitudes (lo que afectará a alrededor de 300 mil personas), y ofrecer sólo una extensión por un año, en lugar de los dos que se acostumbra, de los plazos para los beneficiados ya dentro del DACA. Con ello, indican críticos, procederán a poner potencialmente a un millón de inmigrantes en riesgo de la deportación.

Todo es electoral

Con estas imágenes de «caos urbano» en ciudades con gobiernos demócratas (las cuales figuran de manera prominente en la publicidad electoral del presidente), junto con la constante ofensiva antimigrante, y con su intento de redefinir la batalla contra el Covid-19 de su gobierno como un gran éxito que culminará con el desarrollo de una vacuna este año, todo está diseñado y calculado sólo en torno de la pugna electoral.

Ante ello, un coro cada vez más amplio de voces –entre ellas la del veterano senador demócrata de Oregon Ron Wyden, el procurador estatal de Wisconsin Josh Kaul, el fiscal de la ciudad de Filadelfia Larry Krasner y numerosos comentaristas– sigue denunciando lo que considera medidas «fascistas».

Kaul señaló en días recientes, en respuesta a noticias del posible envío de fuerzas federales a su estado, que, con la demonización de migrantes, ataques contra comunidades minoritarias y el uso de fuerza contra manifestantes tanto frente a la Casa Blanca como en Portland, «hemos sido testigos de un presidente que emplea tácticas fascistas». Agregó: “no uso la frase ‘tácticas fascistas’ de manera ligera, pero no hay una manera más precisa de describir el repetido uso e incitación del racismo, la xenofobia y la violencia”.

Ese coro espera que un voto masivo expulse al presidente de la Casa Blanca en las elecciones programadas para el 3 de noviembre (en 98 días). En las encuestas nacionales, Biden ha mantenido, durante ya varias semanas, una amplia ventaja, en el promedio de sondeos nacionales ese margen está entre nueve y 10 puntos, según cálculos de RealClearPolitics.

De hecho, se reporta que republicanos están cada vez más preocupados no sólo por su poder en la Casa Blanca, sino en el Senado, con estados donde siempre han ganado de manera casi automática y ahora, de pronto, están en juego.

Sin embargo, vale subrayar que por ahora la contienda no depende del voto pro-Biden, sino del voto anti-Trump. El demócrata, para fortalecer su marca –que no genera gran entusiasmo– dependerá en gran medida de a quién selecciona, entre las más de una docena que está considerando, como compañera de fórmula (ya había declarado que sería una mujer). Ayer informó que anunciará su decisión la próxima semana.

Edición: Ana Ordaz