La cruzada de Tocancipá para regular la minería

 

 La protección de los cerros orientales se ha convertido en una necesidad y en una obsesión. A pesar de que los tribunales han ordenado la conservación de los sistemas de importancia ecológica de la región, hay algo que genera preocupación entre los habitantes: una inmensa “herida” en la parte alta de una de las montañas ubicadas a la altura del municipio de Tocancipá (Cundinamarca). Y no es para menos: detrás de esta imagen se esconde el indicio de un choque entre la población, los ambientalistas y los que se benefician económicamente de su explotación.

Lo que hoy se puede apreciar es una gran cantera que no sólo está en la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del río Bogotá, sino que toca terrenos ubicados por encima de los 2.900 metros sobre el nivel del mar, que es donde empieza a regir la prohibición de explotación, establecida por el Instituto Humboldt para el páramo de Chingaza (del que forma parte este territorio).

Aunque la imagen ha llevado a muchos a creer que se trata de una explotación minera ilegal en zona de protección, lo cierto es que, al menos en el papel, el trabajo que se adelanta corresponde a un Plan de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental (PMRRA), propuesto en 2009 por Alfonso Cetina, propietario del predio, y autorizado en 2015 por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Lo que busca el plan es reforestar un predio que anteriormente fue explotado de forma irregular.

El permiso que le otorgó la CAR a este ciudadano para cerrar esa grieta que interrumpe el verde del paisaje vence en diciembre de este año. Según la autoridad ambiental, la restauración va en un 70 % y el minero señala que espera cumplir con el plazo pactado, a pesar de que por cuenta de una sanción tuvo que suspender actividades durante 13 meses.

Tras una visita hecha el pasado 26 de junio, la CAR concluyó que el proceso se adelanta adecuadamente. A pesar de esto, realizó algunas observaciones. “Todas las aguas están bien conducidas y se está realizando un buen manejo de los taludes. En caso de que terminen los trabajos en diciembre, él quedará con su predio restaurado y lo podrá usar como sendero ecológico y hasta turístico”, indicó Nelson Coy, personal especializado de la CAR y de la Dirección Regional Sabana Centro, que inspeccionó la zona.

Sobre el trabajo que ha venido realizando durante los últimos años, el señor Cetina indicó: “Lo estoy haciendo bien. Trabajamos en cuenca cerrada y esto lo estoy haciendo con el alma. Durante estos dos años y medio que llevo adecuando los taludes y plantando los árboles, ninguno se ha muerto y ni ningún talud se ha derrumbado. Yo cumplo, no es la primera mina que restauro”, ratificó el minero.

¿Una explotación camuflada?

Aunque pocos lo saben, este tipo de planes de manejo deben ser autosostenibles y por ello incluyen una autorización de explotación minera. “Nadie va a decir que porque le gusta la naturaleza va a realizar una millonaria inversión para reforestar lo que fue una cantera para extracción de material de construcción. Lo que permiten estas licencias es comercializar el material extraído, para sacar ganancias y a la vez reinvertir en la reforestación de la zona. Debe ser un proceso autostenible, aunque muchos lo vean como una explotación disfrazada”, agregó el ingeniero Coy.

Sin embargo, este permiso genera dudas. La razón: lo que muestran los antecedentes con respecto a estos planes de restauración en el municipio es que la mayoría se han incumplido. Según información de la Secretaría de Ambiente de Tocancipá, actualmente existen en el municipio 11 Planes de Manejo, recuperación y restauración Ambiental (PMRRA), de los cuales sólo uno se ha entregado en el plazo pactado; seis están inactivos por incumplimiento, y los cuatro restantes están en ejecución, entre ellos el de Cetina.

No sólo preocupa el hecho de que algunos de los que no cumplieron con la reforestación, de igual forma explotaron la cantera y dejaron las cicatrices en estos terrenos a la espera de que la naturaleza realice una autorrecuperación, sino también quienes tienen estos permisos excedan los límites de las zonas autorizadas a restaurar y exploten terreno que no les corresponde.

Los efectos de la minería

Aunque las miradas de los que cuestionan los efectos de la minería en el municipio están enfocadas en la parte alta de la montaña (donde hoy trabaja Cetina), hay una situación que genera mayor preocupación: la redelimitación del polígono minero en el municipio, hecha en 2016 por el Ministerio de Ambiente.

En esa oportunidad, algunos títulos mineros otorgados con anterioridad quedaron por fuera del polígono actual y pasaron a ser zonas de PMRRA, como en el caso de Cetina. Sin embargo, con la habilitación de 11 hectáreas adicionales a las existente, al parecer, el problema lo trasladaron a otras zonas donde generaron no sólo problemas ambientales, sino líos con la comunidad.

Por eso, desde que se conoció la medida no sólo fue rechazada por un sector de la población, sino por la misma administración, que desde entonces busca caminos para reversar la modificación. Y motivos no le sobran. Actualmente en Tocancipá hay habilitadas 598 hectáreas para explotación, que representan el 8 % del territorio. Según un estudio elaborado en 2017, se demuestra que, de las hectáreas habilitadas para la exploración y explotación, al menos 69 ha (11,4 %) abarcan zonas de protección de agua y 107 ha (18 %) tocan parte del Bosque Alto Andino. El informe señala que esta delimitación, ubicada en los cerros orientales del municipio, de ser explotada en su totalidad, afectaría gravemente los ecosistemas que desde allí se desprenden.

“Este ecosistema se distingue por su amplia diversidad biológica de árboles como el raque, encenillo, mortiño, canelo, romero, aliso y varios familiares del sietecueros, como el angelito. Todos cumplen funciones específicas, como son la regulación del flujo hídrico, que desciende de los páramos, así como la acumulación y administración de sus nutrientes”, reza el informe.

Fuera de estos efectos, también se cuentan los problemas para la gente. La delimitación incluyó predios donde existen 630 construcciones y viviendas que, por estar allí, según un estudio socioeconómico realizado por la Secretaría de Ambiente de Tocancipá, podrían perder beneficios del Estado.

Además, los dueños de los inmuebles incluidos en la zona de explotación, fuera de que les cambia el valor de sus propiedades, ahora no pueden construir ni dividir sus terrenos. A esto se suman las vibraciones de las minas activas, ubicadas a pocos metros, que causan grietas en las casas y escuelas, así como contaminación en cuerpos de agua, según lo denuncian algunos habitantes.

Las quejas son diversas. Ismael Masías, quien reside en la vereda La Esmeralda, es una de esas voces. Él relata que antes de la modificación tenía planes de construir en sus predios, pero todo se fue al traste. “En 2010 me dieron en la Alcaldía una certificación que me autorizaba a adelantar obras en mi propiedad, como la ampliación de las construcciones. Sin embargo, ahora los permisos perdieron validez por haber quedado en el polígono minero. Perdí mi inversión por culpa de un error de la Alcaldía y una decisión del Ministerio”, señaló.

Las comunidades indígenas, como lo relata su gobernador Eugenio Frontero, también han sufrido las consecuencias de la minería y de la última delimitación del polígono. Según él, en la zona existían 23 hilos de agua, pero ahora sólo queda uno, y baja contaminado. Denuncia, además, que algunas personas han sido amenazadas por hacerles reclamos a los mineros por su mal manejo ambiental de las explotaciones.

“Acá había muchos armadillos, conejos, guachas, perdices, venados y todo eso se perdió debido a la vibración. Los animalitos se asustan y se van, y ahora no se consiguen ni uvas. De igual forma, no se tuvo en cuenta que en la zona existían muchos sitios sagrados para los indígenas, como piedras con pictogramas, cuevas y senderos. Todo eso lo están destruyendo”, afirmó Forero.

Finalmente, están las comunidades en riesgo de desplazamiento por cuenta de las empresas que tienen permiso para explotar la zona. Al menos así lo advierte Juan José Espinosa, presidente de la junta de acción comunal de la vereda Canavita, una de las más golpeadas por la última delimitación. Él señala que hay 90 familias que viven en estas zonas.

Para evitar que los saquen de allí, dice, han entrado en diálogos con la empresa dueña del título minero para que omitan los sectores donde residen hasta 540 personas y exploten en el resto del territorio que les pertenece. Hasta el momento la empresa ha accedido y se adelanta una oficialización de la decisión.

Todo esto ha llevado a la Alcaldía a insistir en su petición de modificar la decisión del Ministerio de Ambiente. Debido a un posible daño ambiental, así como a una afectación directa e indirecta a los habitantes que están dentro de esta delimitación, el alcalde Walfrando Forero contrató una consultoría a través de la cual espera poder hacer un estudio técnico, sociológico y ambiental que respalde la solicitud para una disminución de la delimitación del polígono minero.

“Estoy de acuerdo con la explotación, pero de forma responsable. Hemos hecho visitas y recomendaciones, y difícilmente las están cumpliendo en algunos sectores. Así ellos tengan su título minero y su plan de manejo ambiental, es un impacto bastante grande. Hay minas de las que a diario salen hasta 150 viajes de material”, señaló Forero, quien agrega que a veces se ve maniatado jurídicamente para tomar determinaciones sobre estos territorios de explotación.

Sin embargo, por ahora, la lucha no parece fácil. “Con respecto al polígono minero, no hay nada que hacer. A menos de que pase algo extraordinario que ordene su modificación. Actualmente estamos corroborando si las actividades mineras que se realizan dentro de ese polígono abarcan terrenos de la zona de protección de la cuenca alta del río de Bogotá. La idea es determinar unas acciones para que el daño ambiental sea mínimo”, indicó el ingeniero de la CAR Nelson Coy.

Por ahora, tras la visita de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar al municipio el pasado 27 de junio, la Alcaldía está atenta a la modificación de algunos aspectos jurídicos que le den algún tipo de autonomía dentro de esta delimitación. Pero, antes de ello, la Secretaría de Medio Ambiente espera entregar un informe para lograr algún tipo de incidencia en la toma de futuras decisiones.

Mientras estas acciones jurídicas se resuelven, las autoridades ambientales locales y departamentales seguirán vigilantes a las acciones que realicen los mineros, algunos habitantes seguirán aturdidos por las vibraciones de la explotación y otros seguirán a la espera de que los papeles que validaron años atrás por fin sean útiles.