Un escenario preocupante es el que vive actualmente el servicio funeral o exequial en zonas rurales del territorio nacional, en donde se ha hecho evidente la ausencia de criterios para el establecimiento de tarifas y el deterioro crítico de los cementerios que maneja la iglesia en zonas rurales del país.

La Región desde los medios|[/highlight]Así se deriva de un estudio realizado por Bell Medios, con la que coincide el presidente del Comité Funerario de Fenalco Bogotá y Cundinamarca, Armando Franco, quien plantea crear junto a la Iglesia Católica una alianza estratégica para equilibrar el mercado y mejorar el estado de los cementerios, así como el servicios a los usuarios.

Esta iniciativa parte de una competencia desleal que se ha estado presentando en este sector desde hace unos años, tal como lo afirma Armando Franco. El líder gremial considera “que las tarifas impuestas por el Clero sobrepasan en algunos casos las de las empresas privadas, cuando son estas últimas las que ofrecen un servicio innovador y de calidad”.

Por ejemplo, los oficios de los sacerdotes y el tiempo que demore en hacerlo, sin importar que sea en zonas rurales, donde el poder adquisitivo es mucho menor. La misa no la brinda el párroco si no se concreta un pago previo.

Como consecuencia, representantes de otro tipo de religiones se están aprovechando esta coyuntura. Sobre el particular añade Franco, “algunos sacerdotes católicos poco disponen de tiempo por acompañar a los pacientes terminales, lo cual está siendo aprovechado por representantes de otros cultos para hacer ese acompañamiento de manera gratuita y captar fieles para sus iglesias”.

En los departamentos de Cundinamarca, Santander, Boyacá y Quindío se evidencia la diferencia de tarifas entre un municipio y otro. Sin importar la distancia entre ellos, el estado físico del cementerio o el nivel socioeconómico de la población, cada parroquia, según lo crea conveniente, tiene la libertad y autonomía de imponer su propio precio.

En Tocancipá el alquiler de una bóveda por 7 años cuesta $750.000, mientras que en Guasca tiene un costo de $940.000. Ambas pertenecen a la misma diócesis de Zipaquirá. En Quimbaya les cobran a los habitantes una suma de $750.000 por 4 años y en Finlandia, también municipio de Quindío y de la misma diócesis el costo es de $300.000, por los mismos años.

La iglesia parece no ponerse de acuerdo. La Conferencia Episcopal de Colombia, asegura que son las diócesis las encargadas de imponer los precios que los párrocos deben cobrar en sus municipios. Sin embargo, las diócesis dicen que se rigen por unas normas, pero que el costo de las bóvedas no está en este estatuto y es decisión de los párrocos.

Sumado a esto, el estado de los cementerios en las zonas rurales que son manejados por la Iglesia no cuenta con un mantenimiento adecuado. “En algunos municipios el pasto tapa las tumbas y mausoleos. El sostenimiento de estos terrenos ha pasado al olvido y la responsable de la administración de estos recae en las parroquias. Si hacemos un censo de todos los cementerios municipales, teniendo en cuenta quienes cumplen con las normatividades, vamos a encontrar que solo aproximadamente un 30% está al día con esto, mientras que la empresa privada cumple con todas las condiciones legales. En conclusión, el afectado es el feligrés”, concluye Franco.

Por tal motivo, es necesario buscar un método de mejoramiento y mantenimiento que permita que la Iglesia se sostenga, pero que también lo hagan los demás actores del mercado. “Se busca prestar un servicio más humanizado y más decoroso, en el que se tenga en cuenta las necesidades de las personas, la normatividad y las tarifas del mercado”, finalizó Armando Franco, presidente del Comité Funerario de Fenalco de Bogotá y Cundinamarca.