Los enredos de Alvaro Cruz con la firma ICM Ingenieros
Firma que enreda a gobernador Cruz le exige $ 3.900 millones al IDU
ICM Ingenieros S. A. asegura que la obra se frenó cuatro meses por razones imputables al IDU.
En un documento de 84 páginas, ICM Ingenieros S. A. le está pidiendo al IDU que le gire 3.900 millones de pesos como consecuencia del supuesto desequilibrio económico que le causó a esa empresa la construcción de la calzada sur de la calle 153, desde la autopista Norte hasta la avenida Boyacá.
Según Luis Guillermo Mesa, representante legal de ICM, a ese monto aún no se le han sumado los intereses de mora, lo que podría aumentar su valor en cerca de 1.400 millones de pesos, en un solo año.
Eso significa que la obra, tasada inicialmente en 17.000 millones de pesos –y financiada con el cobro de valorización–, terminaría costándoles a los bogotanos 6.000 millones adicionales.
El reclamo no pasaría de ser uno más de los que le llegan al IDU, de no ser porque ICM está siendo investigada dentro del llamado ‘carrusel’ de la contratación.
Al respecto, Julio Gómez, contratista condenado por el saqueo a Bogotá, le juró a la Fiscalía que la obra en la 153 le fue entregada a ICM tras un acuerdo por debajo de la mesa entre Álvaro Cruz (actual gobernador de Cundinamarca) y Emilio Tapia, el otro gran ‘cerebro’ del ‘carrusel’.
De hecho, la Fiscalía intenta establecer si son ciertas las versiones de que Cruz es el verdadero dueño de ICM y no sus cuñados, que ostentan el 45 por ciento de las acciones. Lo concreto es que mientras el ente acusador avanza en la investigación, el IDU afronta la millonaria reclamación de ICM, que se radicó en septiembre del 2014.
En el documento, ICM asegura que la obra estuvo frenada durante cuatro meses por razones imputables al IDU, que causaron el detrimento económico.
Citando sentencias del Consejo de Estado, Mesa dice que el IDU les debe reembolsar 1.459 millones de pesos solo por los mayores gastos de administración en los que incurrieron. A eso le suma 449 millones de pesos “correspondientes a valores globales de la prórroga, y 1.106 millones adicionales por concepto de pago de obras adicionales y de ítems no previstos.
Y la cuenta sigue. Mesa también está cobrando 940 millones por el pago de disponibilidad de equipos durante el tiempo en el que la obra estuvo frenada, por diferentes causas.
EL TIEMPO estableció que ICM y el IDU ya han realizado al menos seis mesas de trabajo revisando los cobros, pero hasta ahora, el IDU no ha aceptado pagar un centavo.
Incluso, se espera que, a pesar de la investigación penal, en los próximos días ICM demande al Distrito ante la jurisdicción contencioso administrativa, reclamando la millonaria suma más los intereses de mora. Por ahora, Luis Guillermo Mesa, el reclamante, ya fue llamado a interrogatorio por la Fiscalía para que aclare los presuntos nexos de esa firma con el Gobernador de Cundinamarca y con el pago de sobornos a los supuestos cerebros del ‘carrusel’.
Cruz niega los señalamientos e insiste en que sus cuñados y su amigo Mesa son los verdaderos dueños de ICM.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
Nuevos documentos podrían agravar la situación jurídica de Álvaro Cruz
El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, ha dicho que no tiene nada que ver con el carrusel de Bogotá.
Nuevos documentos, que son evaluados por la Fiscalía General de la Nación, probarían que el actual gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, autorizaba cuantiosos giros al exterior por parte de la empresa de ingeniería ICM, lo que agravaría su situación jurídica.
El hallazgo no solo fortalecería las evidencias que demostrarían que Cruz era en ICM mucho más que un asesor externo, como lo ha asegurado ante las autoridades judiciales, sino que complicaría su situación ya que testigos han señalado que la compañía pagó sobornos para conseguir negocios con la Unidad de Malla Vial en tiempos del carrusel de la contratación.
Entre las operaciones que dan cuenta los documentos –la mayoría efectuadas en 2006– se encuentra un giro por 125.000 dólares hecho a una cuenta del Coconut Groove Bank de Miami y una transferencia por 18.611 dólares a la misma entidad.
Se presume que dichos recursos podrían haber hecho parte del pago de las tierras que Cruz y un grupo de socios, hicieron en Homestead Florida. Por ello, la Fiscalía evalúa las pruebas para definir en breve una posible imputación de cargos.
“Esperamos que se haga el procesamiento de todo lo que tiene que ver con los bienes y sobre todo, con las participación del señor Cruz en ICM, pero así mismo con la posible entrega de esos sobornos a funcionarios públicos”, explicó a Noticias Caracol Juan Vicente Valbuena, fiscal del caso.
Recientemente, el exconcejal de Bogotá, Hipólito Moreno, decidió convertirse en testigo de cargo y entregó a la Fiscalía documentos según los cuales Cruz le pagó 125 millones de pesos para que agilizara la adjudicación de uno de los contratos con la Unidad de Malla Vial.
