Rey y Peñalosa se reconciliaron, pero su integración no

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tCundinamarca | Tomado de la Silla Vacía, por Carlos Hernández Osorio | Política | La Región Desde los Medios |
  Mientras Enrique Peñalosa prepara el proyecto para modificar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), pensando en que buena parte de Bogotá debe crecer hacia los municipios vecinos, desde hace más de un año esos pueblos trabajan con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, en un proyecto de integración diferente.

Se llama Región Vida, y aunque la Alcaldía de Bogotá ve su espíritu con buenos ojos, en el fondo no es útil para los propósitos de Peñalosa porque no está pensado para engranar con propuestas que él ya tiene en estudio, como Ciudad Río, o que ha planteado como una posibilidad, en el caso de Ciudad Mosquera.

Por eso, aunque el Gobernador y el Alcalde se reconciliaron después de sus diferencias del año pasado por proyectos como el Regiotram o los planes de vivienda de Peñalosa y hoy ellos y sus equipos desarrollan proyectos en conjunto y en buenos términos, terminarán sus mandatos aplicando visiones distintas sobre cómo concretar la integración regional.

La propuesta de Rey

Región Vida es una propuesta de la que Rey comenzó a hablar en medio del clímax de su confrontación con Peñalosa, entre marzo y abril de 2016.

Para entonces el alcalde de Bogotá había esbozado en medios su intención de contar con 417 mil viviendas nuevas en Mosquera (municipio al occidente del río Bogotá) y 291 mil entre Bosa y Soacha; a esto sumaba Ciudad Río, la propuesta para hacer malecones y edificios a lo largo del río, no solo del lado de la ciudad, sino de municipios como Mosquera, Funza y Cota.

Peñalosa parte de que los municipios de la región absorben buena parte de la demanda de vivienda de Bogotá, y calcula que ante el crecimiento de la población, la región que integra la ciudad con los pueblos vecinos necesitará 2,8 millones de viviendas de aquí a 2050. Su propuesta es crecer al norte, sur y occidente, en proyectos urbanísticos que tocan a municipios como Mosquera, Funza, Cota y Soacha, al otro lado del río Bogotá.

Rey declaró, por su parte, que antes de urbanizar a lo largo del río, había que descontaminarlo.

Y con alcaldes de 10 municipios vecinos firmó un acuerdo para definir reglas comunes para expandirse a 20 años (2036), sobre todo porque la mayoría pretende, como Bogotá, modificar su POT entre 2017 y 2018. Calculan que en ellos se pasará de 487 mil a 812 mil viviendas en ese tiempo, y algunos se les acabará el suelo antes de que llegue ese momento.

garantizar la protección de los ríos; definir áreas de reubicación para personas afectadas por desastres naturales, entre otros.

También definieron proyectos regionales de integración, entre los que están una planta de aprovechamiento de residuos sólidos, una universidad pública en Funza, la doble calzada Siberia-Chía y la ampliación del acueducto regional de Zipaquirá.

Para tener con qué avanzar, los alcaldes ya fueron a Washington a tramitar un crédito con el BID por 50 millones de dólares (unos 150 mil millones de pesos), que está pendiente de aprobación.

El problema para Peñalosa

Región Vida no tiene la intención de mirar hacia Bogotá ni define desde ya zonas puntuales para urbanizar en los 10 municipios que la integran, a diferencia de lo que hizo Peñalosa con Mosquera y con el corredor a lado y lado del río Bogotá, de los que ya tiene renders.

El secretario de Planeación de Cundinamarca, César Carrillo, le dijo a La Silla Cachaca que eso no ocurre porque en esos pueblos “hoy nadie tiene claro, técnicamente, en dónde crecer”. Y agregó: “Lo que hizo Peñalosa al señalar a Mosquera como una zona de probable crecimiento fue porque vio un hueco, pero no hay ningún estudio”.

 En la Gobernación sí creen que por el futuro paso del Regiotram o Tren de cercanías por los municipios del occidente “tiene sentido que se hagan asentamientos importantes en esa zona”, a lo que se suma la idea de generar desarrollo urbano alrededor de lo que será el aeropuerto El Dorado 2 (entre Madrid y Facatativá).

Pero, resaltó Carrillo, las zonas de expansión urbana las definirá cada municipio.

Ahí entran a jugar no solo asuntos técnicos sino el pulso político en los concejos. De hecho, se presume que las decisiones no siempre tienen sustento técnico, como lo ha denunciado el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Galán y lo investiga la Fiscalía.

En todo caso, esa dinámica no garantiza que las zonas de expansión queden cerca de Bogotá, como pide Peñalosa para que la integración de la ciudad con esos municipios sea ordenada y, por ejemplo, sea más fácil llevar transporte público.

Y por eso es que Región Vida no es necesariamente funcional para los propósitos de  Peñalosa, ya que para armonizar sus planes con la región le tocará, como hoy, negociar con cada alcalde.

Ya dos episodios recientes demuestran lo difícil que la tiene Bogotá para compaginar con los intereses urbanos de sus vecinos: uno es la dificultad para llevar los patio-talleres del metro a Mosquera,  ya que después de los peros que puso el alcalde de ese municipio el trámite se tomaría más de lo que Peñalosa podía esperar y este optó por dejarlos en Bosa.

El otro es el nuevo POT de Chía, que definió que ese municipio al norte de Bogotá tendrá una expansión meramente residencial, algo que ha generado una fuerte polémica (entre los críticos está Galán). Para Bogotá, nos dijo el secretario de Planeación de Bogotá, Andrés Ortiz, es preferible que se combinen los usos del suelo con el fin de que allá la gente no solo tenga la posibilidad de encontrar vivienda, sino de tener dónde emplearse y no tenga que desplazarse a diario a Bogotá y contribuir con el trancón.

Por eso, aunque el funcionario considera un avance que los municipios acojan principios básicos de expansión, cree que la debilidad de Región Vida está en que no tiene cómo coordinar realmente la expansión regional.

El secretario de Planeación de Cundinamarca también cree que la Gobernación debería poder tomar decisiones de expansión por encima de los municipios mediante un POT departamental, pero eso aún no es posible (la ley lo permite, pero el Gobierno Nacional no la ha reglamentado).

Así, mientras los municipios vecinos modifican sus POT y esperan el crédito del BID, la Alcaldía de Bogotá trabaja en la formulación de sus proyectos, pero de este lado del río.

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