El Ministerio Público formuló pliego de cargos contra el exmandatario por presuntas irregularidades en un crédito de 40 mil millones.
Luis Carlos Segura Rubiano, exalcalde y actual candidato a la alcaldía de Chía, ahora investigado por la Procuraduría
La investigación pone en discusión la estructuración y contratación del crédito. Los estudios técnicos previos, la planeación de las inversiones y el alcance de la autorización otorgada por el Concejo Municipal.
Según el expediente disciplinario, Segura Rubiano habría suscrito el contrato sin contar con los estudios previos de ley. Habría comprometido rentas del municipio como garantía del crédito sin la facultad expresa que, según la Procuraduría, debía otorgar el Concejo Municipal.
La operación de crédito público por $40.000 millones, concebida durante la administración del entonces alcalde de Chía, Luis Carlos Segura, acaba de convertirse en objeto de una investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.
El Ministerio Público Provincial de Instrucción de Zipaquirá calificó provisionalmente la conducta como falta grave cometida a título de culpa grave y ordenó el traslado del expediente para que continúe la etapa de Juzgamiento.
La historia detrás de los $40.000 millones es más extensa.
El eventual regreso a la escena electoral de Segura Rubiano, alcalde entre 2020 y 2023 y hoy aspirante a volver a gobernar el municipio para el periodo 2028-2031, se encuentra con una pregunta que no resulta fácil esquivar: ¿qué tan eficiente fue la administración de los recursos públicos durante su gobierno y qué resultados concretos quedaron para los ciudadanos?
El debate se vuelve crucial, especialmente en un municipio donde las inversiones se inician con recursos millonarios en proyectos que se prolongan por décadas, lo que triplica sus presupuestos, y cuando se alcanzan los resultados, estos resultan defectuosos, cortos o insuficientes para la comunidad. Quien es en últimas la que termina pagando los sobrecostos, los intereses y la deuda municipal por obras que carecen de estudios y planeación.
Sin embargo, lo más relevante para una ciudad que otorga sus recursos a sus dirigentes son las respuestas a sus interrogantes: ¿se planificaron adecuadamente las inversiones?, ¿se gestionaron eficazmente?, ¿se llevaron a cabo a tiempo?, ¿y lo que Chía obtuvo corresponde verdaderamente a los recursos que comprometió y a las deudas que aún tiene que saldar?
El papel del concejo municipal
Otro de los aspectos importantes de esta investigación se refiere al concejo municipal. Ya que una cosa es que el Concejo haya autorizado un cupo de crédito y otra muy distinta, que los ediles tuvieran en cuenta los alcances jurídicos de cuáles eran las condiciones, requisitos y facultades bajo las cuales podía celebrarse y garantizarse efectivamente la operación y comprometer rentas municipales como respaldo.
La Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, establece expresamente que el Concejo debe decidir sobre la autorización al alcalde para contratar, entre otros casos, cuando se trate de empréstitos, contratos que comprometan vigencias futuras, enajenación y compraventa de bienes inmuebles, enajenación de activos y concesiones.
La propia Función Pública ha explicado que los concejos no deben autorizar indiscriminadamente todos los contratos municipales, pero sí tienen una competencia específica respecto de los tipos de contratación expresamente contemplados por la ley, entre ellos los empréstitos.
De ahí la importancia de esta investigación que, si bien involucra al alcalde Segura, supuestamente podría terminar comprometiendo también a los quince concejales, por no exigir los estudios necesarios. Los que no se pueden confundir con los estudios y diseños técnicos que supuestamente hizo la constructora Valverde, como donación por $400.000 de pesos.
Esas decisiones son las que ahora también tendrán que ser examinadas dentro del proceso disciplinario.
Sobre el centro de discapacidades
Los cuestionamientos a esta inversión saltaron desde las primeras audiencias públicas que realizó el propio alcalde para dar a conocer el proyecto del centro de discapacidad.
La mayor parte de la ciudadanía lo rechazó, no por el QUÉ se iba a hacer, sino por el CÓMO se está realizando: Sin planeación ni estudios de prefactibilidad y costos unitarios, entre otros documentos obligatorios en todo proyecto.
La administración nunca pudo dar razón de que existieran dichos estudios, ni entregó la información de tales documentos a las veedurías ni a la ciudadanía interesada, pese a las múltiples solicitudes que se hicieron.
La metodología que adelantó Segura para conseguir apoyo en las socializaciones que realizó fue dividir y polarizar a la comunidad al sacar del sombrero su alcaldada sin mayor planeación económica, ambiental y social.
Al anunciar la construcción del centro en medio del espacio público, como lo es el parque Guia, generando y promoviendo la confrontación social de la comunidad, de una manera indigna para un alcalde. Tal y como lo manifestó la comunidad que rechazó la manera como presentó y sustentó el proyecto.
Posteriormente, el alcalde solicitó autorización para adquirir el crédito por $40.000 millones con base en el Acuerdo 190 del 22 de noviembre de 2021, que el concejo municipal había aprobado en el segundo año de mandato de Segura.
El documento oficial presenta la distribución de los recursos así:
| Destinación | Valor |
| Centro de discapacidad y enfermedades huérfanas | $10.000 millones |
| Nuevo Hospital San Antonio de Chía | $25.000 millones |
| Infraestructura vial | $5.000 millones |
| Total | $40.000 millones |
En la actualidad, según lo indicó la Secretaría de Hacienda municipal, los recursos estimados para este proyecto por la actual administración son del orden de los $37.428.919.819. Lo que significa un desfase superior a los 27 mil millones frente a lo proyectado en el empréstito.
Sin tener en cuenta los adicionales que puedan surgir, el centro en cuestión, aún no ha sido inaugurado oficialmente, ya que su construcción y dotación, después de cuatro años de este proceso, aún está en obra. Además, la firma del contrato se terminó realizando no por los $10.000 millones anunciados en el empréstito, sino por $12.049.808.974 de pesos.
Así las cosas, en este solo proyecto, la gestión del alcalde Segura deja mucho que desear. Los demás ítems los abordaremos más adelante: Hospital e infraestructura vial.
