“El Congreso creó el TPS en 1990 con el fin de proporcionar refugio en los Estados Unidos a las personas cuyos países de origen están sufriendo conflictos armados, desastres ambientales u otras condiciones extraordinarias que les impiden regresar a sus hogares”, escribieron los legisladores. “La situación en Venezuela es grave y cumple claramente con este estándar”.
“Maduro persiste en su deliberada marcha hacia la imposición de una dictadura corrupta de un solo partido, y el pueblo venezolano sigue sufriendo de extrema escasez de alimentos, suministros médicos y otros productos básicos. Además, el régimen de Maduro rutinariamente pone en la mira a los venezolanos en los Estados Unidos, a los que se refiere como ‘traidores’ e ‘imperialistas’, lo cual crea preocupaciones por su seguridad si son devueltos. No es de extrañar que los venezolanos se convirtieran en los principales solicitantes de asilo de los Estados Unidos en 2016”, se señala en la carta.
“La concesión de TPS en estas circunstancias también está en línea con nuestro interés nacional. Los venezolanos en los Estados Unidos no sólo se han convertido en una parte activa de nuestras comunidades, sino que también han hecho contribuciones importantes como abogados, médicos y propietarios de pequeñas empresas. Además, enviar de vuelta a estos individuos podría estimular la migración masiva forzosa, desestabilizando la región mientras Colombia implementa su acuerdo de paz y nosotros tratamos de frenar los flujos ilícitos de narcóticos hacia los Estados Unidos”, se indica en la misiva.
“Aplaudimos la acción enérgica de esta Administración para enfrentar al régimen de Maduro, pero también debemos abordar los desafíos humanitarios planteados por esta crisis”, concluye.
La carta fue firmada además de Bill Nelson por los senadores Sherrod Brown (D-OH), Catherine Cortez Masto (D-NV), Richard Durbin (D-IL), Kirsten Gillibrand (D- MA), Robert Menendez (D-NJ) y los representantes Nanette Barragán (D-CA), Kathy Castor (D-FL), Val Demings (D-FL), Ted Deutch NY), Adriana Espaillat (D-NY), Lois Frankel (D-FL), Pramila Jayapal (D-WA), Ruben Kihuen (D-NV), Stephanie Murphy (D-FL), Eleanor Holmes Norton ), Frank Pallone, Jr. (D-NJ), Jared Polis (D-CO), Jamie Raskin (D-MD) y Debbie Wasserman Schultz (D-FL).
La solicitud se realizó el mismo día en que el senador estatal demócrta José Javier Rodríguez se reunió con la comunidad venezolana-americana en Miami para discutir el llamado al gobierno federal para que apruebe el TPS para los venezolanos.
Rodríguez ha hecho un llamado al gobierno para aprobar ese alivio migratorio para los venezolanos y también ha pedido que se extienda el TPS a inmigrantes haitianos y de Centroamérica.
Varios abogados de inmigración han alertardo que el solicitar el TPS a las autoridades federales no significa que esté aprobado y por lo tanto las personas deben ser precavidas ante cualquier oferta de pagar para conseguir ese beneficio.
El TPS no conduce a la residencia permanente o a la ciudadanía, sino que es un beneficio temporal que no contempla una vía para obtener el estatus de residente permanente legal ni otorga ningún otro estatus inmigratorio, de acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
El solicitante debe estar presente físicamente de forma continua en Estados Unidos desde la fecha de efectividad de la designación y no puede haber sido condenado por algún delito, entre otros requisitos.
Según algunos estimados, de ser aprobado el TPS beneficiaría a unos 150,000 venezolanos.
Los venezolanos son los que más piden asilo político en Estados Unidos, con más de 18,150 peticiones en el 2016, superando a China, que el año pasado registró 17,745 solicitudes. En el 2013, cuando Nicolás Maduro asumió el poder, Venezuela ni siquiera figuraba entre los primeros diez países en las cifras de peticiones de asilo.
