La alarma entre los habitantes del municipio de Cogua comenzó cuando supieron que empresas dedicadas a la explotación de materiales para construcción estaban ofreciendo comprar tierras allí, justo en uno de los municipios que aún conservan su vocación verde y por donde cruza una de las áreas protegidas más importantes de la región: el complejo de los páramos Guargua, Laguna Verde y Guerrero. Comenzaron a averiguar y encontraron que hay un plan de expansión minera en la zona que avanza silenciosamente desde hace varios años.

Fue más o menos entre agosto y septiembre del año pasado cuando confirmaron que quienes tienen títulos mineros en Cogua querían comprar tierras. “Por ejemplo, a mí uno de los representantes de una de esas empresas me buscó, me mostró el mapa del sector de La Plazuela y dijo: ‘Es que nosotros tenemos el título minero y ustedes van a tener que salir. Si es por la casa, eso se les construye en otra parte’. Pero cómo vamos a irnos si esto es un caserío por el que luchamos desde 1950”, cuenta Samuel Rodríguez, habitante de Cogua y trabajador de una finca del municipio.

Así, varios vecinos empezaron a reunirse y luego se enteraron de que entre 2002 y 2006 se habían concedido títulos mineros. “Pero cuatro de ellos han pasado a la etapa de solicitud de licencia ambiental para comenzar la explotación de gravas, arena y arcilla. Y acá nadie sabía eso hasta ese momento”, anota Eduardo Borda.

Él y los habitantes preocupados por los posibles efectos de estas explotaciones conformaron el grupo Cogua Verde. Eduardo recuerda que en el municipio ya se hace extracción de arcilla, en el Parque Minero Industrial que opera desde hace unos 20 años. Por eso aclara que Cogua Verde no se opone a estas actividades, pues se trata de un área relativamente pequeña. Lo que les preocupa, dice, es la minería a gran escala, que se consolidaría con los títulos mineros que buscan comenzar a explotar materiales.

Su angustia se debe a que, mientras los terrenos donde se han extraído materiales estos años suman unas 149 hectáreas, donde buscan comenzar la explotación llegan a las 1.339 hectáreas. Un gran contraste.

Tres de los títulos mineros más grandes (1.159 ha) que esperan la licencia ambiental, según datos registrados en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), están en manos de la Ladrillera Santa Fe, dedicada a la explotación, la fabricación y el comercio de materiales para construcción. Esta empresa también tiene áreas de extracción en el municipio de Soacha. Los expedientes de estos títulos tienen certificación del municipio de Cogua, que indica que la actividad minera es compatible con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Otro título que está inactivo, de momento, es el de la firma Colombiana de Agregados.

Decenas de habitantes de Cogua llegaron el viernes pasado al cabildo ciudadano realizado en el Concejo municipal para exponer sus preocupaciones sobre el tema. Allí, el representante de la Junta de Acción Comunal del sector de La Plazuela reclamó que las anteriores alcaldías no les hubieran informado nunca sobre los proyectos mineros en curso.

Más allá de que la zona sea compatible con la minería, Cogua Verde considera que hay riesgos de que la minería se extienda sobre zonas ecológicas como la Reserva Forestal Protectora del Páramo de Guerrero, el complejo de cerros de Nemocón, el embalse de Neusa, la Reserva Forestal Protectora Páramo Guargua y Laguna Verde y la Reserva Forestal Rodamontal. Todas ellas reconocidas por la CAR.

“Acá hay cultivos que les dan trabajo a más de 3.000 personas y el municipio ha empezado a tener un desarrollo turístico importante por estar a unos 45 minutos de Bogotá y tener la represa del Neusa”, dice Lorenzo Jaramillo. “Yo no nací en Cogua, vengo de Soacha, y por eso sé de la destrucción que ha dejado allá la minería y ahora quieren repetirla acá”, reclama Alexánder Pardo, que también hace parte de Cogua Verde.

¿Qué dice la CAR?

Para el director de la CAR, Alfred Ballesteros, desde el punto de vista social la presencia de zonas de reserva como los páramos de Guerrero, Guargua y Laguna Verde es un elemento sensible para las comunidades que viven cerca a ellas y hace que se opongan a cualquier actividad de extracción.

“El problema es que, desafortunadamente, la Agencia Minera otorga títulos en cualquier parte, entonces los particulares tienen derecho a hacer las solicitudes de licencia ambiental para la etapa de explotación. Eso alarma a las comunidades porque piensan que se les darán. Pero siempre y cuando uno identifique áreas protegidas en la zona, no se les puede conceder la licencia”, explica Ballesteros.

El director de la CAR recuerda que en 2013 la entidad demandó 10 títulos mineros ubicados en Cogua porque estaban en la zona del páramo de Guerrero, y aún espera el fallo del tribunal al respecto. También dice que la política de la corporación en estos dos años ha sido restringir en su mayoría el otorgamiento de licencias por la preservación ambiental.

En cuanto a los títulos que están esperando respuesta de la CAR en Cogua, asegura que tendrán que resolver la petición de cara a la resolución que debe expedir el Ministerio de Ambiente próximamente sobre las zonas compatibles con la minería en la sabana de Bogotá, la cual indicará los sectores donde se puede extraer materiales. Ballesteros aclaró que su posición frente a la norma es que no se incluyan áreas adicionales a las actuales, de manera que sigan operando sólo las minas con 30 años de antecedentes y que no signifiquen peligro para la preservación ambiental.

En cuanto a la Alcaldía del municipio, en el cabildo pasado, frente a los habitantes y el grupo Cogua Verde, encargados del área de planeación afirmaron que están interesados en buscar herramientas de protección del sistema hídrico, que de alguna manera serían un impedimento para la expedición de licencias ambientales de los títulos mineros. Falta ver si esa promesa se concreta.