Aunque en el papel, las empresas petroleras y mineras pagar el 25 % sobre sus ganancias, después de los beneficios legales, apenas pagan un 2 %. Ni la DIAN ni Minhacienda dan explicaciones.

 Presidente tras presidente, y ministro tras ministro de Hacienda, los colombianos escuchan una frase que, como buen sucesor, Alberto Carrasquilla dijo en su primera aparición pública. En Cartagena, y ante los empresarios más poderosos del país, Carrasquilla repitió el estribillo: en Colombia las empresas pagan demasiados impuestos y por ello hay que reducir lo que ya pagan. El hueco fiscal de esa decisión se llenará “aumentando la base fiscal”. Es decir, aumentando la cantidad de colombianos que pagan renta.

Sin embargo, hay quienes creen que Carrasquilla, como sus antecesores, manipula la realidad bajo ese argumento. Si bien es cierto que, en el papel, Colombia es un país con altos impuestos nominales, también es cierto que estamos llenos de decretos de excepción, regímenes especiales, beneficios y descuentos que hacen que, en la práctica, las empresas paguen muy poco.

El economista Luis Álvaro Pardo lleva seis años siguiendo los impuestos que pagan los distintos sectores económicos y la cantidad de dinero que se queda en sus bolsillos gracias a esas excepciones tributarias que ningún ministro se acuerda de mencionar en sus análisis.

Los datos, basados en cifras de la DIAN, lo llevaron a concluir que las empresas no pagan tantos impuestos como deberían, especialmente en los sectores bancario y de minas y petróleos, y que, con cada reforma, lo que se ahorran sube como espuma.

En los últimos seis años, los beneficios tributarios y las llamadas “otras deducciones” de la totalidad de las empresas aumentaron 182 %. Buena parte de ese dinero, que en 2016 sumó $88 billones, terminó en manos del sector financiero y minero-energético: entre ambos se quedaron con el 59 % de los beneficios tributarios.

¿Cómo es esto posible? De acuerdo con Pardo, una parte de la respuesta está en los 229 beneficios tributarios que hoy están vigentes en Colombia.

No obstante, organizaciones como la Cepal han dicho que esos beneficios excesivos crean una inequidad entre empresas grandes y pequeñas (pues entre más se produzca, más beneficios se tienen) y el mismo Banco Mundial dio un campanazo de alerta en 2012, cuando dijo que este exceso de beneficios “propicia nuevas formas de fraude y evasión de impuestos”.

“Son tantos beneficios, y valen tanta plata, que los funcionarios no tienen la capacidad de fiscalizar puntualmente los datos, facturas y comprobantes de cada uno de ellos. Las empresas estarían aprovechando los problemas de fiscalización para reducir el pago de impuestos en el país”, señaló Pardo.

El argumento detrás de todos estos beneficios es que ayudan a las empresas a crear empleo y dinamizan la economía. Y es cierto que algunos ayudan a crear un ambiente propicio para la innovación. En Europa, por ejemplo, ciertos privilegios para empresas que usen energías limpias permitieron el despegue de estas energías en varios países del continente.

Sin embargo, cuando El Espectador le preguntó al Ministerio de Hacienda del pasado gobierno si hay estudios académicos o internos que demuestren cómo cada uno de estos 229 beneficios han dinamizado nuestra economía, obtuvo silencio y varias llamadas sin respuesta. Al preguntarle al nuevo gabinete, la respuesta fue que apenas estaban empalmando.

Otras deducciones…

Aun así, los descuentos reconocidos por la DIAN como beneficios representan apenas una pequeña parte del problema. El verdadero “boquete”, en palabras de Pardo, se esconde en un tímido renglón, el 55 de la declaración de renta, bajo el modesto nombre de “Otras deducciones”.

Según cifras de la DIAN, en 2010 el renglón de Otras deducciones fue de $7 billones para el sector extractivo, mientras que en 2016 fue de $71 billones. Es decir: en tan sólo seis años creció un 1.000 %. El salto más grande ocurrió entre 2014 y 2015, cuando pasó de $19,5 billones a $62,4 billones.

El Espectador le preguntó a la DIAN si había investigado ese incremento exagerado de las “otras deducciones” en los últimos años y la entidad respondió con una serie de evasivas y sólo dijo, en dos correos, que esas investigaciones “corresponden por competencia a la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria”. Cuando este medio pidió una entrevista con alguien para hablar sobre ese tema puntual, le llevaron a un funcionario de otra dependencia que no tenía información al respecto.

Y en cuanto al tipo de cosas que se incluyen en el renglón, la DIAN se contradijo en las respuestas que le dio a El Espectador. Mientras en un correo aseguró que este renglón “no incluye gastos financieros como intereses al sector financiero, intereses por préstamos de terceros, o diferencia en la tasa de cambio”, el funcionario de la comisión jurídica de la entidad que atendió la entrevista señaló que allí se incluyen “todos los gastos financieros de una compañía, como los intereses pagados por créditos o la pérdida por diferencia en cambio por las operaciones en moneda extranjera”.

Por su parte, Álvaro Pardo tiene una hipótesis para explicar el fenómeno, que ocurrió justo en el año en que el precio del barril de petróleo se desplomó. “Lo que yo creo es que los empresarios, al ver afectada su rentabilidad por la caída de los precios del petróleo, pudieron haber decidido mejorar sus ganancias a través de un menor pago de impuesto, vía deducciones tributarias”.

Lo único cierto es la incertidumbre que rodea el tema. Si bien el economista reconoce que hay algunas deducciones válidas, también en las Otras deducciones se incluyen las donaciones, los aportes a las campañas políticas, pagos a clubes y las regalías, cuya deducción fue prohibida el año pasado por el Consejo de Estado. “En realidad, las Otras deducciones son el hueco negro de las declaraciones de las empresas”.

Todos esos descuentos terminaron reduciendo la cantidad de dinero que pagan las empresas de este sector por impuesto de renta. Pues si bien en el papel el impuesto de renta en el 2016 para el sector fue del 25 %, tras restarle todos estos beneficios, esta industria paga un impuesto de renta del 2,2 % sobre sus ganancias. El costo fiscal de las deducciones totales del sector fue de $19,8 billones en ese año.

De hecho, este diario tuvo acceso a la declaración de renta del año 2014 de Drummond Coal Mining, la multinacional minera. Ese año, la compañía tuvo tantas deducciones (más de $11.600 millones) que el Estado le quedó debiendo $3.193 millones.

Las Otras deducciones (que la DIAN no reconoce como un beneficio, pero que restan en las declaraciones de renta de las empresas) llevaron a que, de los $43 billones que recogió la DIAN en 2016 por impuesto de renta, las empresas de minas y petróleos aportaran apenas $1,8 millones, es decir, un 4,1 % del total. Los colombianos (personas naturales), por su parte, aportaron más de $21 billones por concepto de impuesto de renta.

Pardo, quien hace parte de la Red de Justicia Tributaria, aclara que la idea no es deslegitimar los incentivos tributarios. Se trata, en sus palabras, “de llamar la atención sobre el uso generalizado e injustificado de estos beneficios, sin verificar si cumplieron sus objetivos, su costo-beneficio y su impacto fiscal”.

En últimas, se trata de evaluar si los argumentos que le aplaudieron los empresarios a Carrasquilla en Cartagena, y que han sido esgrimidos por presidente tras presidente y ministro tras ministro de Hacienda, son tan sólidos como los presentan.