El drama de vivir en la ‘vereda de las moscas’

La comunidad está desesperada. El deporte insignia de las amas de casa es matar las moscas con raquetas eléctricas o inventar nuevos remedios caseros para exterminarlas, las ventanas de las viviendas pocas veces permanecen abiertas y hasta los niños del colegio aprendieron a comer rápido su lonchera para no tener que soportar a los insectos encima de los alimentos.

Para ellos la fuente de esta plaga es una: sus vecinos, las granjas avícolas Bacatá y Los Cerros, que llegaron hace más de 35 años al sector, mucho antes de que las viviendas informales y los nuevos conjuntos se edificaron en sus cercanías.

“Cuando veníamos a ver el conjunto, nos decían que había moscas por las pequeñas huertas, pero que cuando se urbanizara se iban a ir”, relata María Victoria Díaz, quien como muchas otras personas, cansadas de vivir en el caos bogotano, buscaron refugio para sus familias en municipios cercanos, sin sospechar la crisis ambiental que soportarían.

Hace un par de meses los nuevos y viejos habitantes del sector se reunieron en el Comité General Pro Medio Ambiente Fonquetá, Cerca de Piedra y alrededores, que reúne a 12 urbanizaciones del sector, a la asociación de comerciantes y a los vecinos rurales.

Su exigencia es clara: que la avícola y otras actividades pecuarias se desmonten lo antes posible por las afectaciones en salud que les causan a las 1.265 viviendas del sector, que tiene una extensión de 382,5 hectáreas.

Hace un mes consiguieron 385 firmas para convocar a una audiencia de control político en el Concejo del municipio, en el que la comunidad pidió la presencia de Camilo Sánchez, exsenador por Cundinamarca y cuya familia es dueña de la polémica granja de aves de corral. Sánchez, según los vecinos, paradójicamente se ha reconocido por ser defensor de causas animalistas.

El asesor legal del exsenador se limitó a asegurar, durante la sesión de debate, que Sánchez remitía las quejas a la administración de la avícola.

Por su parte, el asesor jurídico de la empresa, Alberto Gómez Cadena, explicó que legalmente la granja cumplía con los requerimientos y que se debía buscar si otras actividades eran el foco de la contaminación.

Sin embargo, la comunidad alega que estos criaderos son la actividad agropecuaria que más espacio ocupa en la zona, y que solo persisten otras pequeñas granjas que no tendrían el impacto que sí tiene esta empresa. Además, señalaron que a pesar de las acciones de fumigación, de las que también desconocen sus efectos negativos, las moscas siguen en el sector.

Este hecho lo corroboró EL TIEMPO en un recorrido por toda la vereda a mediados de marzo. Este medio le solicitó tanto al exsenador como a la compañía se pronunciaran frente a las denuncias de la comunidad, pero al cierre de esta edición no lo hicieron.

¿No es la avícola?

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en un informe con fecha del 30 de marzo, asegura que tras varias visitas de seguimiento, la granja continúa con el mantenimiento del sistema de bebederos e infraestructura de las excretas de los animales.

Asimismo, la Secretaría de Salud del municipio, que vigila la política sanitaria, también insiste que la empresa cumple con los requerimientos. Sin embargo, también reconoce que la situación de las moscas sigue incontrolable, a pesar de las medidas que se han tomado.

“La solución al problema no solo es intervenir a la avícola Bacatá, sino de manera mancomunada, identificar de fondo qué está pasando”, afirma Richard Cubillos, secretario de Salud del municipio, quien dirige la mesa interinstitucional, que se creó luego de la sesión del Concejo.

En el momento, un equipo técnico –conformado por ingenieros agrónomos y entomólogos de la Gobernación de Cundinamarca– adelanta una investigación de campo, la primera que se realiza en más de 15 años que lleva la pelea ciudadana.

Esta investigación partió de la sugerencia de varios vecinos del sector expertos en ciencias ambientales, como Verónica Villalba, magíster en Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, quienes cuestionaron que no se tuviera evidencia científica de cómo esta actividad estaba afectando a niños y adultos mayores.

Según las conclusiones preliminares del equipo técnico, el problema en Fonquetá no solo obedece a las acciones de la avícola, sino también a otras actividades como las caballerizas, los criaderos de cerdos y la mala recolección de residuos sólidos en la zona.

El plan de la alcaldía es hacer acciones en estos frentes. Sin embargo, la comunidad exige que se tomen medidas puntuales y prontas, porque ya no soportan seguir viviendo en la que ya se conoce como la “vereda de las moscas”.

¿Por qué no se suspende a la avícola?

Según la Corporación Autónoma Regional (CAR), además de que el uso del suelo en la vereda es agrícola, otra de las razones por las que no se puede suspender a la granja es que en marzo del 2014 un juzgado ordinario falló a favor de la empresa ante la intención de los demandantes de que se cerrara la fábrica, argumentando que aunque sí afecta al medioambiente, lo que se debe hacer es establecer medidas para mitigar los impactos.

Bacatá, tres décadas en Chía

Uno de los argumentos de defensa de la avícola Bacatá, según expuso su asesor jurídico en el debate del 13 de marzo del Concejo de Chía, es que su ubicación en la zona antecede a los asentamientos de vivienda.

La granja avícola Bacatá, según datos del Registro Único y Empresarial de las Cámaras de Comercio, tiene matrícula desde el 27 de abril de 1997, pero de acuerdo con relatos de la comunidad hace más de 35 años se ubicó en Chía.

Su representante legal es Alfredo Gómez Méndez y cuenta con 61 empleados. En el 2002, por primera vez fue sancionada por sus acciones contaminantes y es obligada a pagar 15’400.000 pesos. Actualmente está en curso un trámite de sanción en la Corporación Autónoma Regional por la inadecuada disposición de residuos sólidos.

‘El problema de fondo es la poca planeación’

La administración de Guillermo Valera, actual alcalde de Chía, le ha manifestado a la comunidad que la solución a la problemática es la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio (POT), que se encuentra en trámite.

En el nuevo POT quedará consignada la prohibición de la actividad agropecuaria en el sector y se le dará dos años a la empresa para que desmonte su fábrica. Tampoco podrá reubicarse en otras zonas del municipio. Inicialmente se había contemplado un lapso de cuatro años para que la compañía terminara de finiquitar sus compromisos con proveedores y clientes, pero debido a las quejas de la comunidad, se recortó este periodo.

Esta zona quedaría con un uso urbano o semiurbano y no agroindustrial como figura en la planeación avalada en el año 2000.

“Otras administraciones aprobaron licencias de construcción sin pensar en las repercusiones que tendría para la gente”, aseguró Varela, quien insistió que un problema de más de 40 años no se puede resolver en pocos meses.

César Rincón, subdirector jurídico de la CAR, explicó que más allá del problema ambiental y de salud pública, lo que ocurre en Fonquetá es producto de un grave desorden urbanístico y de las variaciones que se le hicieron al POT vigente, al momento de ser aprobado por el Concejo, después de que pasó por manos de la CAR. Actualmente la autoridad ambiental tiene demandado este POT.

La comunidad exige que no se espere hasta la aprobación del nuevo POT y, con la facultad que da el principio de protección, se suspendan los trabajos de Bacatá. Sin embargo, tanto la CAR como la Administración local consideran que no tienen bases jurídicas para tal acción y que cerrar la fábrica luego generaría posibles demandas por parte de la fábrica, que cumple con los requisitos.

CUNDINAMARCA
laubet@eltiempo.com