No obstante, las prórrogas, modificaciones, adiciones, o cesiones de los convenios firmados antes del 25 de junio quedarán autorizadas, siempre y cuando estén sujetas a los principios éticos que exige la ley. La disposición entra en vigencia a partir del 25 de junio y termina el 26 de octubre, un día después de llevarse a cabo la jornada electoral para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles para el periodo 2016 – 2020.

La prohibición cobija únicamente contratos o convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos; los demás procesos de contratación, incluyendo la contratación directa, no se verán afectados.