Lo que no se pregunta María Isabel
Conviene formular nuevas preguntas que María Isabel pasó por alto y que son objeto de investigación.
¿Por qué la junta directiva aprobó la contratación millonaria de un tercer túnel de desvío, cuyo colapso originó la problemática actual y asumiendo un riego inaceptable de acuerdo con los informes y recomendaciones técnicas? ¿Por qué los dos primeros túneles se construyeron sin compuertas? Es más, ¿por qué el gobierno corporativo permitió que se iniciaran las obras del túnel sin licencia ambiental? ¿Por qué la junta de notables permitió que se le ocultara a la Anla que habían cambiado los planes originales y que el plan B que estaban adelantando suponía nuevos y muy críticos riesgos ambientales y para las comunidades aguas abajo del río, como quedó luego demostrado? ¿Quién, además, tomó la decisión de taponar los dos túneles originales? ¿Qué gobierno corporativo es este en el que nadie sabe ni responde por nada?
¿A cuánto ascienden los perjuicios y el lucro cesante derivados de esas decisiones? Y no solo de Hidroituango, sino de los demás proyectos internacionales ya señalados. Entiendo que todas estas inversiones, aprobadas también por el gobierno corporativo, están siendo cuestionadas por sus enormes pérdidas.
¿Dónde estaba el flamante gobierno corporativo cuando los pasivos de EPM se dispararon de 2,6 billones de pesos a 33,6 billones? ¿Cómo explicar que en esta compañía los pasivos crecen al 10 % anual mientras el patrimonio disminuye en 2 % anual? A este ritmo, ¿qué va a pasar en los próximos años con la llamada joya de la corona?
La anunciada demanda contra los contratistas, a la cual le han llovido rayos y centellas, se había evitado por más de dos años por decisión de la junta renunciada y su gobierno corporativo. ¿Por qué, repito, tenía el alcalde que dejar vencer los términos para presentar la demanda e iniciar una conciliación desde una posición más sólida? Claro, no podemos olvidar que ese gobierno corporativo con el que ahora se llenan la boca banqueros, analistas, contratistas, académicos y dirigentes gremiales había negado hace dos años la existencia de errores constructivos que hoy están más que demostrados.
Las calificadoras de riesgo han mostrado su preocupación y ‘castigado’ la calificación de EPM. Señalan que es extrema y la peor en la historia de la compañía. Pero no nos engañemos. Eso no fue por la salida de ningún miembro de la junta, sino por la incertidumbre en torno a la fecha de entrada en operación de esta megaobra y sus sobrecostos, que prácticamente duplican el presupuesto original, y como lo señalé, al enorme endeudamiento de la empresa a causa, entre otras, de los pésimos negocios internacionales en que se involucró.
No voy a controvertir con mi amiga en cuanto a las íntimas e intensas relaciones contractuales y de negocio entre el GEA y EPM. ¿Cómo tapar el sol con las manos? Y no es que ‘per se’ estas relacionadas sean perjudiciales o condenables. El problema son los conflictos de intereses no revelados; es la falta de transparencia y hacernos creer que esa ‘colaboración’ público-privada, nacida en los momentos más aciagos de la lucha contra el narcotráfico en Medellín, todo lo justifica.
Y, para terminar, la pregunta del millón que tampoco a María Isabel, una de las mejores en su oficio, le ha suscitado interés. ¿Quién es la firma de construcción Camargo Correa y cuáles sus vínculos con Conconcreto y Coninsa Ramón H., sus socios en varios proyectos, incluido Hidroituango? ¿Cuál es su participación en el famoso Lava Jato, el más grande y sonado proceso de corrupción en Brasil?
Me reafirmo en que la casa hay que ponerla en orden… y sin bravuconadas regionalistas.
P. S.: Hace bien el Congreso, en respuesta al Tribunal de Cundinamarca, en no torpedear la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
*Imagen de portada ilustración al tema. Foto: ANI, Ampliación Autopista Norte
