Según el director del ente de control, toda evidencia que tengan los ciudadanos, ya sea fílmica o de audio, deberá ser entregada a las autoridades competentes y no a personas que estén por fuera de este círculo. Los ciudadanos que presenten este material catalogado como prueba a otras personas estarían incurriendo en una falta punible, agregó Montealegre.

Como “intimidatorias” fueron calificadas estas declaraciones del fiscal por círculos periodísticos. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresó su rechazo y citó la libertad de información como derecho que tienen los ciudadanos, un derecho que está amparado por la Constitución y que no es un “monopolio del estado”. La Convención Americana de Derechos Humanos aclara que una persona puede incurrir en faltas que pueden acarrear sanciones penales si hace mal uso de la información que tiene en sus manos, no antes. Con las declaraciones del Fiscal General los ciudadanos estarían cometiendo “a priori” una falta que conllevaría a sanción penal.