Democracia directa como indicador del cambio

Por Marcelo Caruso A. | Tomado de El Espectador | Opinión |
 Cuando en 1994/95 iniciamos en Barranquilla la primera experiencia de presupuestos participativos, de la mano del entrañable soñador Alfredo Correa D’Andreis y de la investigadora Vilma Liliana Franco, se vivía en Colombia el inicio de la decepción frente a la incapacidad de los Consejos Territoriales de Planeación para lograr que sus conceptos frente a los Planes de Desarrollo tuvieran un carácter vinculante.

Centrar la participación en el Presupuesto fue la estrategia alternativa, que no dejaba de chocar contra los intereses de concejales acostumbrados a “recuperar” sus inversiones electorales a través de la negociación con los alcaldes.

A través del ejercicio práctico del debate entre iguales, se apuntaba —como medio y fin— a la construcción de sujetos sociales colectivos de derecho, autónomos e independientes, formados y empoderados para la elaboración de políticas y proyectos públicos transformadores y de las consecuentes acciones de incidencia, seguimiento y control de su implementación.

Asistimos a valiosas experiencias participativas que, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la cooperación sueca, llevaron a construir la Red de Municipios Indígenas y Participativos, que luego continuó con una red nacional de planeación y presupuestos participativos. 

Paralelamente, los ideólogos del autoritarismo sistémico se fueron apropiando de la idea y fabricaron un nuevo escenario en el que esa participación, tan directa y desde abajo que recuperaba los saberes comunitarios indígenas, ya era impulsada deformadamente por el Banco Mundial y el Plan Colombia II, perdiendo sus contenidos democráticos transformadores, y convirtiéndose en una válvula de escape frente a los crecientes descontentos sociales. 

Allí surgió la nueva versión del verbo participar: “Yo participo, tú participas, él y ella participan, nosotros participamos… ellos deciden”.

Con las alcaldías progresistas de Bogotá se retomó la idea y se construyó el Instituto Distrital de Participación Ciudadana; pero ese paso institucionalizado del poder constituyente al poder constituido no le permitió a la democracia participativa adquirir el anhelado poder de decisión, que era y es la esencia de su carácter transformador. 

La realidad fue su reducción a un honesto ejercicio rodeado de miradas tecnocráticas y de liderazgos comunales clientelistas; y las consecuencias fueron su alejamiento de la construcción de una ciudadanía crítica, consciente de las causas de los conflictos y de la necesidad de transformarlos dialógicamente, construyendo las capacidades y la fuerza social necesarias para trasladar esa comprensión creativa a los espacios políticos de la democracia representativa electoral.

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