La defensa del exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas le solicitó a la Fiscalía General reprogramar la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento programada para el próximo 15 de septiembre en contra de su cliente por su presunta participación y responsabilidad en el denominado escándalo del ‘carrusel de la contratación’.

Los abogados argumentaron que tienen una diligencia judicial pendiente programada con mucho tiempo de antelación hecho por el cual no pueden asistir a la audiencia programada en el complejo judicial de Paloquemao. Ante esto solicitaron que se reprograme la fecha con la mayor prontitud, igual que se le notifiquen a todas las partes.

Cruz Vargas, quien presentó su carta de renuncia por estos hechos el pasado 11 de agosto, será procesado por los delitos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y abuso de confianza calificado. Sin embargo ha trascendido que estaría buscando un preacuerdo con la Fiscalía.

Según la investigación habría participado en la entrega irregular de un contrato a una empresa en la que fungía como gerente por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) en diciembre de 2009. Para esto, la empresa ICM había pagado un soborno cercano a los 800 millones de pesos.

Esto con el fin de garantizar la entrega del contrato de pavimentación y reparcheo en la capital de la República que tuvo un costo de $24 mil millones. El ente investigador cuenta con declaraciones que vinculan a Cruz de haber ordenado directamente el pago de sobornos a los entonces concejales Andrés Camacho Casado, Orlando Parada e Hipólito Moreno -todos condenados por el ‘carrusel’- además, de Iván Hernández Daza, entonces director de la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá (UMV), sentenciado tras aceptar cargos.

«Durante los meses de diciembre a febrero de 2009 el señor Álvaro Cruz Vargas entregó a varios funcionarios de la Unidad de Mantenimiento Vial y a concejales que manejaban dicha entidad dineros con el fin de que fueran favorecidas las uniones temporales asfaltos 2009, quienes eran adjudicatarias de contratos para la prestación del servicio de asfaltos para la ciudad de Bogotá», precisó el fiscal tercero delegado ante la Corte al anunciar la citación.