El pasado 25 de septiembre venció el plazo para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tomara decisiones en torno a los casos de trashumancia electoral en el país.

En total, 1’182.196 inscripciones de cédulas fueron anuladas. Por otra parte, el CNE revocó la inscripción de 974 candidatos que tenían sentencias judiciales o sanciones disciplinarias impuestas por la Procuraduría. Medidas drásticas que buscan atajar las amenazas de fraude en las elecciones de autoridades locales y regionales del próximo 25 de octubre, las cuales, sin embargo, afrontan un obstáculo más para ser efectivas: la “tutelitis” de quienes se niegan a aceptar este tipo de decisiones.

Es el caso, por ejemplo, de Jorge Orlando Gaitán Mahecha, quien aspiraba a la Alcaldía de Chía por un movimiento de ciudadanos y a quien la organización electoral le anuló la inscripción por tener tres sanciones en la Procuraduría en los últimos cinco años, producto de su gestión como alcalde entre 2008 y 2011. Pese a la inhabilidad, Gaitán interpuso una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de suspender las sanciones y poder seguir en campaña. Sin embargo, el Tribunal le dio la razón al CNE y, además de ratificar que la ley no permite la inscripción de sancionados, en su fallo insistió en se trata de proteger al electorado.

Otro caso curioso se presentó en Paipa (Boyacá), cuando por determinación del Juzgado Promiscuo Municipal, en respuesta también a una tutela, se autorizó la inscripción de Henry Puerto Vásquez como candidato del Partido Liberal a la Alcaldía, pese a que el directorio de la colectividad ya había avalado la aspiración de Yamit Noé Hurtado, en coalición con la Alianza Verde. Luego de advertir la nulidad de su actuación procesal, el mismo juez que había ordenado la inscripción revocó su decisión.

“El CNE toma sus decisiones basado en la existencia o no de la plena prueba, es decir, que haya elementos contundentes de que las personas se encuentren inmersas en inhabilidad”, explica el magistrado de ese tribunal Carlos Camargo. Para Alexánder Vega, miembro también del CNE, el papel del organismo tiene que ver con las irregularidades por trashumancia y la revocatoria de inscripciones por inhabilidades o doble militancia, mientras que la Registraduría decide sobre la inscripción de cédulas. “A muchos se les anularon firmas por estar mal diligenciadas y muchos candidatos afectados recurren a la tutela para salvar su aspiración. Están en su derecho y hay que esperar las decisiones de los jueces”, concluyó Vega.