La administración departamental y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), suscribieron el Pacto por la legalidad y la transparencia, una suma de voluntades políticas y sociales con la niñez, adolescencia y juventud del departamento

En días pasados se llevó a cabo un evento organizado por Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en conjunto con la administración departamental, en la que se firmó el “Pacto por la legalidad y la transparencia”, en el que se proyecta una inversión que supera el billón de pesos para este cuatrienio.

Al evento asistieron funcionarios del ICBF, de la Gobernación de Cundinamarca, delegados de la Procuraduría Regional y de la Contraloría; alcaldes y secretarios de Desarrollo Social municipales; entre otros asistentes.

El plan de desarrollo ‘Cundinamarca unidos podemos más 2016 – 2020’ contiene 38 programas, con 72 subprogramas destinados a la promoción, prevención, protección y restablecimiento de derechos de los menores. De las 520 metas que componen el documento, 347 (equivalente al 66,7 %) buscan garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Cundinamarca.

El departamento de Cundinamarca cuenta además con el Consejo Departamental de Política Social (Codeps), instancia para generar análisis, discernimiento, planes y estrategias sobre la política pública departamental para reconstruir el tejido social, especialmente de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento, aseguró el Secretario de Desarrollo Social de Cundinamarca, Gratiniano Suárez.

Algunos de los compromisos establecidos en el pacto, extensivos a los operadores y entes territoriales son:

• Velar por los intereses de los niños y niñas, como sujetos de derecho
• Vigilar los recursos públicos destinados a la atención integral a la primera infancia
• Hacer uso de los mecanismos de la lucha contra la corrupción (derechos de petición y demás consagrados en la Constitución y la normatividad)
• Apoyar las labores de las personerías municipales en la promoción y fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana y comunitaria

• Denunciar los hechos de los servidores públicos y/o particulares que constituyan irregularidades en la prestación de los servicios de atención integral a la primera infancia.