Después de las críticas del Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, la Defensoría solicita que se acojan las medidas antes de que grupos armados tomen posesión del territorio.

 Luego de un trabajo de 11 meses de investigación, el pasado 31 de mayo, la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana denunciando que en 12 municipios de Cundinamarca y en 10 localidades de Bogotá hay presencia de grupos armados ilegales que se disputan “corredores estratégicos”. Ante esto, la entidad solicitó a la Gobernación un plan de acción que ayude a prevenir el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos de la comunidad.

“Son dos corredores estratégicos que hemos identificado: el corredor oriental que va desde la localidad de Usme hasta la localidad de Usaquén y el corredor occidental, que va desde Ciudad Bolívar hasta Suba. Cada uno de estos corredores tiene municipios vecinos y hay evidencia de la disputa por estos corredores por parte de los grupos armados ilegales”, explicó Ricardo Arias, miembro del sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría.

Sin embargo, el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, rechazó la alerta temprana emitida por la institución, manifestando que desde hace mucho tiempo el departamento no tiene presencia de grupos al margen de la ley.

Por su parte, Arias afirma que el gobernador fue notificado para trabajar en un plan de choque que pueda prevenir la presencia de grupos armados que afecten a la población. “Nosotros le explicamos al Gobernador que hay una tercerización de bandas criminales y que como Defensoría debemos advertir que de no darse las condiciones y de no trabajar en un plan de choque que pueda prevenir la presencia de estos actores, la población civil es la que se afectará”, concluyó.

Como la Alerta Temprana busca prevenir cualquier acto violento contra las comunidades, la Defensoría señaló que la Gobernación cuenta con un plazo máximo de 10 días para crear el plan que minimice las acciones de riesgo.