La mansión contaminante de la magistrada que protege el medio ambiente
La magistrada Nelly Villamizar, autoproclamada como la madrina del río Bogotá.
En 2004, con ponencia de la magistrada Nelly Villamizar, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un fallo que declaró a los habitantes y a las industrias aledañas al río Bogotá responsables de la catástrofe ambiental ocasionada por el vertimiento de aguas residuales al río.
Diez años después, el Consejo de Estado ratificó en buena parte la decisión de primera instancia y emitió un fallo definitivo en el que conminó a ministerios, gobernación, distrito capital y 46 municipios de Cundinamarca a hacer las obras de infraestructura para descontaminar el río y tomar las medidas necesarias para evitar que se siguieran vertiendo aguas servidas.
Ahora, como jueza de primera instancia, a la magistrada Villamizar le ha correspondido verificar el cumplimiento de dicha sentencia. Uno de los municipios cobijados por el fallo que ordena la descontaminación del río Bogotá es Sopó, en donde la magistrada es propietaria de una mansión, en el condominio Cerros de Yerbabuena.
Sopó ha sido un municipio líder en el cumplimiento del fallo que ordena la descontaminación del río Bogotá. La administración municipal ha logrado que los condominios campestres instalen plantas de tratamiento, de tal manera que el agua sea reutilizada para labores de riego de jardines y uso en cisternas. El tratamiento evita que las aguas servidas lleguen al río Bogotá.
Sin embargo, hay un conjunto de casas donde no ha sido instalada la planta de tratamiento de aguas residuales. Se trata del condominio Cerros de Yerbabuena, en donde la magistrada Villamizar, encargada de velar por el cumplimiento de su propio fallo, tiene su mansión.
En respuesta a un derecho de petición formulado por la ONG Ruralia Urbana, la Secretaría de Urbanismo del municipio confirmó que el predio de la magistrada incumple una obligación establecida por ella misma en la que conmina a los alcaldes a exigir a las urbanizaciones plantas de tratamiento de aguas residuales, planes maestros de acueducto y alcantarillado, vías y otros equipamientos.
CAMBIO entrevistó a Janneth Cristina Sánchez, secretaria de Urbanismo y Desarrollo Territorial de Sopó, quien calificó este hecho como contradictorio: “Una persona que exige tanto pero no cumple ni siquiera ella misma…”. Al no contar con la mansión con planta de tratamiento, las aguas residuales van a un pozo séptico que se filtra y contamina el suelo: “Es zona de reserva contemplada en la resolución 138 de 2014, zona de reserva forestal protectora, productora. El fallo de la sentencia es acerca del río Bogotá y Sopó hace parte de la cuenca del río Bogotá», asegura Sánchez
Según la Alcaldía de Sopó, el inmueble de la magistrada no solo vulnera la norma ambiental sino la urbanística. Las construcción permitida en esta zona solo debe ocupar el 13 por ciento del lote, y la mansión de la magistrada ocupa el 40 por ciento: 1.008 metros cuadrados. La densificación es calificada por la administración municipal como ilegal.
El lío de la carretera
Entre los poderes que tiene la magistrada Nelly Villamizar como garante del cumplimiento de la sentencia del río Bogotá, está la conformación, de acuerdo a su criterio, de un comité de verificación del fallo. Este está compuesto por cuatro personas. Cada una de ellas es representante de una organización ambiental.
La Alcaldía de Sopó prepara una acción penal en contra de Pablo Carrizosa, presidente del consejo directivo de Asurío. Según la secretaria de Urbanismo Janneth Sánchez, Carrizosa ha estado presionando de manera arbitraria –e incluso abusando de su autoridad– para que la alcaldía construya una vía que lleva justo a Cerros de Yerbabuena, parcelación en donde queda la mansión de la magistrada Villamizar.
Según asegura la funcionaria de la alcaldía, Carrizosa ha amenazado con suspender las licencias de urbanismo y construcción en todo el municipio si no se hace la vía hacía el conjunto donde vive la magistrada que lo nombró: “Nosotros no podemos hacerle una vía a ella en este momento, como ella la quiere. Y por eso nos amenazó el señor Pablo Carrizosa, diciendo que nos iban a suspender todas las licencias en el municipio. Y hay otros antecedentes más graves, porque, si no interveníamos, entonces nos íbamos a ver en curso de un desacato de la sentencia”.
La Alcaldía de Sopó también aseguró que no hay evidencias de que la CAR haya hecho labores de vigilancia y control en el conjunto donde queda la mansión de la magistrada.
Iván Carrillo, miembro de la ONG Ruralia Urbana, que ha hecho seguimiento al caso de la mansión de la magistrada Villamizar, le dijo a CAMBIO que existe un malestar en varias organizaciones ambientalistas de la Sabana de Bogotá con respecto al manejo que la magistrada le ha dado al cumplimiento de la sentencia. «Se han presentado situaciones muy complejas, con presiones innecesarias y caprichosas frente al tema del ordenamiento. Existen comentarios de que se estarían generando negocios en suspensiones de planes parciales y en construcciones de plantas de tratamiento (…) Hemos visto con preocupación que ella empieza a cogobernar, como en el caso de Sopó”.
CAMBIO contactó a la magistrada Villamizar para que se pronunciara sobre las infracciones urbanísticas y ambientales en las que posiblemente incurre su predio, tal y como lo sostiene la administración de Sopó.
La magistrada dijo estar de vacaciones y se negó a contestar preguntas. Sin embargo, aseguró que ni ella ni sus vecinos son infractores y que así lo confirmó un fallo del Tribunal Superior de Bogotá.
La togada nos dio el teléfono de contacto de un representante legal de los vecinos de su condominio, quien tampoco accedió a contestar nuestras preguntas.
Finalmente, nos sugirió que nos pusiéramos en contacto con el veedor Pablo Carrizosa, quien estaba al tanto de la problemática ambiental y del cumplimiento del fallo en Sopó.
Las respuestas de Carrizosa
CAMBIO le preguntó al veedor Pablo Carrizosa si tenía conocimiento de las infracciones ambientales y urbanísticas en las que posiblemente está inmersa la vivienda de la magistrada Villamizar. Carrizosa aseguró desconocer el caso, porque, a pesar de haber insistido, la alcaldía de Sopó no le ha entregado información de la zona. “Llevo un año y ocho meses esperando a que un inspector de Policía me diga cuáles son las gestiones de control urbanístico en la zona, y no me las han dado. Ahora: me resulta extraño que el único predio de la zona por el que pregunte usted sea el de la magistrada”.
Carrizosa admitió que efectivamente ha hecho requerimientos para que la Alcaldía de Sopó construya las vías, porque, según él, se están otorgando licencias urbanísticas sin que existan condiciones en materia de infraestructura. “No se pueden expedir licencias si no hay vías. Primero hagan las vías y luego sí expidan licencias. En ese cuento llevo un año y ocho meses, pero nadie hace caso”, aseguró Carrizosa, y añadió que actualmente la alcaldía está haciendo obras sin que ni siquiera haya diseños.
Cuando se le preguntó si él, en su labor de veedor, estaba conminando a la Alcaldía de Sopó para que se construyeran vías en la vereda de San Gabriel, en donde queda el conjunto de la magistrada Villamizar, respondió: “A ver, tengo entendido que el conjunto Cerros queda en San Gabriel. Tengo entendido que hay una serie de vías y que esas vías, que usted llama “que beneficia”, pues esas vías en realidad están al servicio no solo del conjunto de Cerros, sino de todos los conjuntos que hay allá”.
