Magistrada Nelly Villamizar veta en Chía la participación ciudadana en audiencias públicas del río Bogotá

Veedores y ciudadanos de Chía exigen a la magistrada su derecho a la participación en las audiencias del Río Bogotá.

Gran inquietud ha generado entre los veedores y la comunidad de Chía el cambio de fecha del 2 de febrero al 24 de marzo que hizo la magistrada Nelly Villamizar, de la audiencia de verificación de la sentencia del río Bogotá. 

Como dice el auto, “en audiencia del 24 de noviembre de 2022, se fijó fecha y hora para el día 2 de febrero de 2023”.

Las reuniones del 24 y el 2, son las audiencias públicas de la sentencia del río Bogotá, a las que la ciudadanía y las veedurías no fueron invitadas. Sin embargo, dichas comunidades conocieron este 24 de enero el auto de la magistrada donde suspendió la reunión del 2 trasladándola para el 24 de marzo.

Esta audiencia en particular es de gran interés para la ciudadanía y veedores por lo que exigen su derecho a la participación y están tomando acciones para hacer valer sus derechos ante la magistrada.

Mientras piden ser escuchados la magistrada Villamizar convoca puntualmente a los representantes de dieciocho entidades públicas y dos privadas (las dos de constructores) y con nombre y apellido al exalcalde Leonardo Donoso Ruiz. Cuando él es hoy un habitante más del común, que ya no gobierna, ni nada tiene que ver con la dirección y manejo de la ciudad.

Si sus acciones fueron inapropiadas o ilegales, insisten los ciudadanos, que lo investigue, lo sancione y lo condene y si es lo contrario que lo felicite, “pero que no convierta una audiencia que es pública y que debe contar con la asistencia de veedurías y ciudadanos, en un encuentro privado de constructores y funcionarios que no han sabido cumplir con su deber y que más bien la magistrada cumpla la ley” y citan:

“La democracia participativa es principio y finalidad de la forma de gobierno de Colombia. Y que en este sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia, ha manifestado que la democracia participativa exige la intervención de los ciudadanos en todas las actividades confiadas a los gobernantes para garantizar la satisfacción de las necesidades crecientes de la población”. 

En este sentido, sería la propia magistrada quien asalta la constitución y la ley, impidiendo la asistencia y participación en la audiencia a los veedores y ciudadanos de Chía, quienes son los profundos conocedores de las problemáticas municipales, y los verdaderos dolientes del futuro de la ciudad y a quienes más les interesa la descontaminación del río Bogotá.

De ahí la preocupación de estas comunidades que dicen conocer a fondo el interés que tiene la magistrada, de que se entregue la Ptar II de Chía a como dé lugar, para soportar su gestión en descontaminación, así las planta no sean ni las más adecuadas ni suficientes.

Escasamente con la única planta que existe en la ciudad, se atiende el 30 % de las aguas negras, como consecuencia del desbordado urbanismo que ha triplicado su población sin que se vean las inversiones equivalentes en fortalecer la infraestructura de los servicios públicos.

Esta situación la padecen hoy varios municipios de la provincia de Sabana Centro, que hacen parte de la cuenca alta del río Bogotá. Donde la magistrada Villamizar tiene como función velar porque se cumpla la descontaminación de dicha cuenca hídrica, función que le fuera entregada hace cerca de 8 años, sin que a la fecha tenga positivos resultados en la descontaminación.

Y mucho menos equivalentes a las inversiones que la CAR y los municipios han hecho en plantas de tratamiento de aguas residuales, sin mucho éxito, toda vez que se ha conocido que en su mayoría o no están bien construidas o no cumplen con la demanda de descontaminación.

Y es esto precisamente lo que más inquieta a veedores y ciudadanos, ya que en las últimas  semanas ha corrido el rumor, de una parte, que esta administración quiere volver a privatizar Emserchía, la empresa de servicios públicos, pese a la nefasta experiencia que significó una década de privatización de esta empresa.

Y de otra parte, que Emserchía estaría a punto de recibir una parte de la Ptar II porque la otra parte, está pendiente de ser construida para finalizar el convenio 1267 del 2015, entre el municipio y la CAR.

Para los veedores está entrega de la planta, llevaría a al alcalde a cometer un peculado porque el convenio con la CAR es para hacer una planta con cuatro trenes. 

A la fecha solo hay tres trenes y el que resta será muy difícil y costoso de construir por la logística de obra que se practicó.

Recibir la Ptar con tres trenes y dejar el cuarto a mediano plazo, significaría, indican los veedores, que Chía tendría que hacer esa obra y esto le supondría un costo similar al valor total de la actual planta.

Para los veedores el valor de ese tren lo tiene que cubrir la CAR, como reza en el convenio y no los habitantes de Chía, a quienes se les podría aumentar la tarifa de alcantarillado en un 100 % o más.

Ese sería el riesgo de peculado en el que caería el alcalde porque al recibir la Ptar en conformidad, el convenio con la CAR se acaba y lo que resta del proyecto estaría a cargo del municipio, o sea la construcción del cuarto tren para el tratamiento.

Así las cosas, no falta quienes aseguran que la audiencia se pospuso precisamente para darle tiempo a Emserchía de terminar esta Ptar II.

Una planta que en el 2017, cuando se inició, Néstor Franco, director de la CAR, Leonardo Donoso, alcalde de Chía y Jairo Pinzón,  gerente de Emserchía, aseguraron entregar en año y medio y ya cumplió 6 años en proceso de construcción y aún no se ha terminado. 

El alcalde Segura, en el más reciente pronunciamiento que hizo al respecto el año pasado, aseguró que la planta estaría lista el 14 de enero y ya se vio que no fue así.

Pero según los veedores lo de menos es él desfase de tiempo, lo verdaderamente grave, según ellos, son los desfases constructivos, técnicos y económicos que le saldrán muy costosos a la ciudad por ser un proyecto mal planeado y mal estructurado técnica y económicamente.

Todos los hallazgos identificados por los veedores en la Ptar II, se los han dado a conocer a la administración municipal y a Emserchía, sin que ninguno preste atención a una valiosa y profesional información que solo reconocerán cuando la planta esté recibida, operando y no haya solución.