Registrador #SabemosLoQueHiciste
Parte 2: ¿Quién carajos es Dily Marina Maestre?; un predio de Fidupetrol y un apartamento para Alexander Vega.
Al menos, de una parte, porque en estas transacciones inmobiliarias confluyeron: el registrador, la hoy directora administrativa de la Registraduría, Dily Marina Maestre; la Alcaldía de Chía y Fidupetrol. Y de manera tácita: Campo Elías Vega Rocha, el hermano.
Para el 2010, Fidupetrol había cabalgado en compraventas para quedarse con un lote de terreno en la vereda de Bojacá, en Chía, con una extensión de un poco más de diez mil metros cuadrados; esta empresa negoció con constructoras, empresas de arquitectura y con una particular que llevaba un proceso de pertenencia ante un juzgado. Hasta que, en marzo de ese año, la Alcaldía de Chía lanzó una oferta de compra; el instituto Agustín Codazzi corrigió los linderos y quedó en 7.000 metros cuadrados. En agosto, Fidupetrol logró la transacción de venderle un área parcial a la alcaldía.
Varios puntos se unen en la negociación de ese predio de Fidupetrol en Chía. En especial, desde el 2010 hasta el 2013. Y los quiero hacer notar: el primero y más prominente es que Alexander Vega trabajó para el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil desde el 2010 hasta el 2014, lo que me permite deducir que Vega estaba en la sombra de ese negocio.
¿Cuál era, resumido, el escándalo con Fidupetrol? El entonces magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt (hoy condenado y destituido por estos hechos) le solicitó, el 18 de octubre de 2013, $500.000.000 al abogado de la fiduciaria petrolera, Víctor Pacheco, para “realizar gestiones favorables a los intereses de la fiduciaria Fidupetrol” .
El abogado Pacheco sostuvo ante la Corte “(…) que Jorge Ignacio Pretelt Chaljub propició un encuentro entre Mauricio González Cuervo (magistrado ponente del caso Fidupetrol) y Rodrigo Escobar Gil (abogado de dicha compañía). Oportunidad en la que este último no solamente mencionó al magistrado sustanciador la existencia del proceso de tutela, sino que le hizo referencia a varias situaciones por las que atravesaba la fiduciaria que él representaba; (…) Que Fidupetrol tenía un plan para permear la Corte Constitucional, con el exclusivo propósito de obtener una decisión favorable a sus intereses en el proceso de revisión de la tutela, siendo Víctor Pacheco Restrepo y Rodrigo Escobar Gil protagonistas de ese plan”.
Lo segundo en esta triangulación entre Escobar Gil, Alexander Vega y Fidupetrol es que, en 2012, su hermano Campo Elías y Dily Marina entraron a trabajar a la Alcaldía de Chía. Vega debió tener información privilegiada sobre ese terreno, y de rebote, también la debió tener Fidupetrol. De lo contrario, ¿cómo explicar que, de ese negocio inmobiliario, el mismo Alexander Vega obtuviera un apartamento y un parqueadero?
Para 2013, Alexander Vega contaba con el dinero suficiente para ser el socio mayoritario del Grupo Jurídico Empresarial Martínez & Vega Asociados, firma que registraba cien millones de pesos como patrimonio neto; negocio que, un año después, le cedió a su papá, Campo Elías Vega Goyeneche. El mismo que fue condenado por compra de votos, tal y como lo conté en la columna anterior. (leer parte 1: La casa de los Vega Rocha).
Meses después, en 2014, el lote de Fidupetrol se convirtió en un complejo de seis torres de apartamentos llamado Conjunto Residencial, Portana; en enero de ese mismo año (¡abracadabra!) Alexander Vega Rocha, abogado de Rodrigo Escobar Gil Consultores SAS, compró un apartamento y un parqueadero al mencionado proyecto.
En mayo de 2014, Alexander Vega le “vende” la misma propiedad (la de Fidupetrol y del Fideicomiso) a Dily Marina Maestre, su actual directora administrativa en la Registraduría.
A los dos meses de la transacción de ese apartamento, Alexander Vega estaba en modo inversionista, supongo, porque compró un lote de terreno en el Conjunto Residencial La Balsa de Chía, un lugar exclusivo de Chía en el que una casa puede costar hasta dos mil quinientos millones de pesos, según referencias en redes sociales. No obstante, en la matrícula el valor fue registrado por 150 millones.
La declaración juramentada que Vega Rocha rindió al posesionarse en el cargo de registrador es un saludo a la bandera en este aspecto, porque no consigna mayor información sobre su real patrimonio, como el lote de La Balsa. Aseguró tener 34 millones de pesos entre ingresos, bienes y acreencias.
La fiduciaria, ¡no olvidar!
Aparecen, a este punto, unos datos importantes que no quiero dejar pasar. Fidupetrol logró la transacción por un área parcial.
De ahí en adelante, actuó como vocera del “patrimonio autónomo en fideicomiso Campus Club Chía LL”. Bajo esa figura realizó una maniobra denominada “restitución en fiducia mercantil”, y de esta manera, Fidupetrol quedó como “vocera del patrimonio autónomo FiduBogotá-Condival Chía”. Al menos en las anotaciones de la matrícula inmobiliaria 50N-20699354.
Los fideicomisos son sociedades cuyo objeto es salvaguardar propiedades familiares o las inversiones de múltiples personas. Al no ser empresas, no reportan sus dueños reales, ni directivos ante el Registro Único Empresarial (RUES), ni las cámaras de comercio. Son sociedades con un alto secretismo que impide conocer el dueño real de una propiedad administrada por un fideicomiso. En esto se parecen al mecanismo de las compañías offshore con la ventaja de que en el fideicomiso no hay necesidad de salir del país.
Ahora, vuelvo al escándalo de Fidupetrol: “De acuerdo con el ente acusador, Hélber Otero es el propietario de 49,9 % de las acciones de Fidupetrol, y según la Fiscalía buscaba defender su patrimonio económico al no pagar la millonaria multa de 22 mil millones de pesos, más un 10 % de intereses, por concepto de regalías a la gobernación [sic] de Casanare; y para tal motivo supuestamente contactó a Escobar para mediar la mencionada tutela”, según el artículo de Asuntos Legales.
¿Habrán quedado escondidos los $22.000 millones (o una parte) en algunos de los fideicomisos en los que Fidupetrol fue vocero para la construcción del predio en Chía? En cualquier caso, será la Fiscalía la que deberá investigar esta transacción y determinar qué tanta responsabilidad tiene el hoy señor registrador en el tráfico de influencias por el que fue condenado el exmagistrado Escobar Gil.
En serio, ¿quién carajos es?
Dily Marina Maestre en esta ecuación entre Fidupetrol y la Alcaldía de Chía (2012-2015) era una de las fichas más importantes de Guillermo Varela Romero, el exalcalde: la directora de la oficina asesora de contratación de la alcaldía desde 2012 y al menos hasta 2015; igual que el hermano del registrador Campo Elías Vega Rocha, quien fue el secretario de Salud.
Fue durante esa alcaldía, con la señora Maestre y el hermano del registrador Vega Rocha, en la que el proyecto Fideicomiso Campus Club Chía terminó en Conjunto residencial Portana, incluidos algunos permisos y trámites para poder construir.
Esa alcaldía de Varela en Chía terminó con un escándalo de corrupción por contratar a la empresa Global Environment and Health Solutions de Colombia, filial de una que está domiciliada en Miami, que tuvo protagonismo por lo mismo en la Gobernación del Meta. Varios predios del exalcalde están incautados.
¿Y Dily?, ¿no se supone que era la directora de la oficina asesora en contratación? Su nombre no figura. La oficina de Global Environment tenía sede en Chía y bajo la representación legal de Ricardo Gailer. En Miami aparecen Gailer y otro señor llamado Jaime Rodríguez Rengifo.
Dily Marina y Campo Elias Vega Rocha, el hermano del registrador, se acompañan y alternan en las entidades públicas. Tras la participación en la Alcaldía de Chía, ella tuvo contratos en Colciencias; con la Gobernación del Guaviare; en la Alcaldía Local Antonio Nariño de Bogotá, y reemplazó a Campo Elías Vega Rocha en la dirección de la Oficina de Control Interno de la Auditoría General, en el 2017.
Desde finales de 2020, la señora Maestre es la directora administrativa de la Registraduría de Alexander Vega Rocha.
La cereza: a raíz de la contratación de Campo Elias Vega Rocha en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el hermano de Dily Marina Maestre, Jose Francisco, ingresó a la entidad a través de uno de los operadores.
En las declaraciones juramentadas lo omitieron por completo. Dos fuentes consultadas confirmaron que son pareja. Pero es extraño. El documento público consignado ante la Registraduría por Dily Marina Maestre niega, por una parte, tener un compañero o cónyuge y, por otra, la declaración de un posible conflicto de interés está sin datos. Lo mismo sucede con la declaración juramentada de Campo Elías Vega Rocha, el hermano del registrador.
Es raro, porque de no ser la compañera sentimental del hermano del registrador o una socia de la familia, ¿cómo se explican todas las relaciones o lazos que acabo de exponer? Si así es, se podría configurar un presunto conflicto de interés, que por ahora permanece negado e invisible en los documentos públicos.
He buscado al registrador a través de su jefe de prensa, en espera de resolver varias dudas, pero hasta el cierre de publicación de la columna no fue posible contactarlo.
Bonus track 1: ¿Recuerdan el contrato por 24 millones de pesos que la firma Martínez & Vega Asociados ejecutó en el 2017 con la Universidad Popular del Cesar, en Valledupar? Aparecieron las llaves. El papá de Dily Marina Maestre, el señor Jaime Enrique Maestre Aponte, era miembro del Consejo Superior de la universidad. La Procuraduría lo sancionó por 12 años con destitución e inhabilidad a él y a otros dos, incluido al que firmó el contrato, por excluir del consejo al gobernador del Cesar. La decisión está en apelación.
Bonus track 2: El señor registrador tiene un hermano llamado Vlasov David Vega Rocha, que es actualmente el jefe de prensa de la Personería de Bogotá, según el Sigep. Pasó por la Contraloría de Bogotá en el 2014, la Secretaría de Ambiente, el Concejo de Bogotá, la Secretaría Distrital de Samuel Moreno y en el 2007 pasó por la Lotería La Nueve Millonaria, año en que se liquidó por corrupción. Heraclio Vega, el tío, fue gerente. Según el periódico El Tiempo, en el 2000 la Procuraduría señaló al tío de los Vega Rocha de ser uno de los cuatro responsables de varias irregularidades: “Las averiguaciones de la Procuraduría señalan que dichos funcionarios dejaron de transferir, en forma oportuna y diligente, a los servicios de salud de nueve departamentos, las utilidades presupuestadas por concepto de impuesto de la lotería”.
