En 8 años han sido asesinados, 1294 líderes en el país: durante el 2016, 133; en el 2017, 126; en 2018, 178; para el 2019, 134; al año siguiente, en 2020, 182; para el 2021, 145; durante el 2022, 215, y el año pasado, 181.

Durante el año 2023, en Colombia se registró el asesinato de 181 líderes sociales y defensores de derechos humanos, según el informe anual elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Aunque estas cifras reflejan una cruda realidad, es importante resaltar que hubo una disminución del 16% en comparación con el año anterior.

El Defensor del Pueblo califica esta situación como una tragedia para el país y hace un llamado a la institucionalidad, a los nuevos funcionarios locales, a la Policía y a las Fuerzas Militares, entre otros, para trabajar conjuntamente en la protección de los defensores de derechos. Asimismo, insta a los entes estatales a implementar planes y políticas públicas que garanticen el legítimo ejercicio de las actividades de los líderes.

El informe revela un panorama de riesgo, amenaza e inseguridad para aquellos que se dedican a promover y proteger los derechos de las comunidades en Colombia. Durante el 2023, se registraron 160 asesinatos de hombres y 21 de mujeres dedicados a esta labor.

Aunque la disminución del 16% es alentadora, es preocupante que los sectores sociales más afectados sean el comunal, indígena, comunitario, campesino, afrodescendiente, víctima, OSIGD-LGBTIQ+ y los activistas de derechos humanos. Los meses con mayor registro de asesinatos fueron abril, junio, julio, diciembre y marzo.

El informe también revela que el 41% de los casos se concentraron en tres departamentos: Cauca, Antioquia y Nariño, donde se registraron 74 homicidios en total. Además, se destaca la necesidad de implementar estrategias focalizadas en estos lugares, así como en otros municipios afectados por actores armados ilegales.

En los últimos ocho años, se ha registrado el asesinato de cerca de 1300 líderes sociales en el país. La Defensoría le insiste a las fuerzas de seguridad del Estado, a las organizaciones de la sociedad civil, a la comunidad internacional y a cada ciudadano a unir esfuerzos en la protección de los líderes y defensores de derechos humanos. Solo trabajando juntos se podrá construir un futuro seguro y respetuoso, frente a la defensa de los derechos.