La vivienda no era entendida únicamente como una necesidad física, sino como una herramienta para construir ciudadanía y consolidar una sociedad urbana emergente.
Sin embargo, rara vez nos detenemos a formular una pregunta mucho más importante: ¿qué tipo de viviendas estamos construyendo y qué tipo de vida permiten desarrollar? La conversación se ha concentrado en la cantidad y ha olvidado la calidad.
Hemos aprendido a medir el éxito de las políticas públicas a partir de estadísticas y metas de producción, mientras dejamos de lado preguntas fundamentales relacionadas con el bienestar, la dignidad y la relación entre la vivienda y el territorio.
Quizás por eso hoy resulta normal que una familia de cuatro personas viva en un apartamento de cuarenta o cincuenta metros cuadrados. Lo que hace apenas algunas décadas habría sido considerado una solución temporal o insuficiente, hoy es presentado como una meta aspiracional para millones de colombianos.
La reducción progresiva de las áreas privadas ha sido tan gradual que casi no la hemos percibido. Nos acostumbramos a que los espacios fueran más pequeños, a que los balcones reemplazaran los patios, a que los estudios desaparecieran y a que las zonas comunes intentaran compensar aquello que las viviendas dejaron de ofrecer.
Lo que antes se entendía como una limitación terminó convirtiéndose en un estándar aceptado. Sin embargo, detrás de esta transformación existe una pregunta incómoda: ¿cómo llegamos a considerar que este es el modelo de vivienda adecuado para un país tan diverso y complejo como Colombia?
Para responderla es necesario mirar hacia atrás. Durante las primeras décadas del siglo XX Colombia era todavía un país predominantemente rural que comenzaba a experimentar procesos acelerados de urbanización.
En ese contexto, la vivienda no era entendida únicamente como una necesidad física, sino como una herramienta para construir ciudadanía y consolidar una sociedad urbana emergente.
Los primeros programas de vivienda obrera y las iniciativas impulsadas por el Estado buscaban responder al crecimiento de las ciudades, pero también promover condiciones mínimas de habitabilidad, integración social y estabilidad para las familias trabajadoras.
La vivienda era vista como parte de un proyecto nacional de modernización y no exclusivamente como un producto sujeto a las dinámicas del mercado.
Esta visión alcanzó probablemente su punto más alto entre las décadas de 1950 y 1970. Instituciones como el Banco Central Hipotecario y el Instituto de Crédito Territorial impulsaron proyectos que hoy permiten comprender una manera distinta de entender la construcción de ciudad.
Más allá de sus limitaciones, aquellos desarrollos tenían una característica fundamental: no se concentraban exclusivamente en producir unidades habitacionales. Su objetivo era construir barrios completos.
La vivienda aparecía acompañada de parques, equipamientos, comercio de proximidad, espacios públicos y redes de movilidad que permitían articular la vida cotidiana de las comunidades. La ciudad era entendida como un sistema y la vivienda constituía apenas una pieza dentro de una estructura urbana más amplia.
Muchas de esas viviendas eran modestas y distaban de ser perfectas. Sin embargo, incorporaban una cualidad que hoy parece haberse perdido: la posibilidad de evolucionar junto con las familias.
La casa podía ampliarse, transformarse o adaptarse a nuevas necesidades. Existía espacio para el crecimiento progresivo, para el pequeño negocio familiar o para los cambios que inevitablemente acompañan el paso del tiempo.
La vivienda era concebida como un proceso abierto y no como un producto terminado. Detrás de esa lógica existía una comprensión profunda de la realidad colombiana, donde las dinámicas familiares, las economías domésticas y las redes comunitarias desempeñaban un papel central en la construcción del hábitat.
Sin embargo, a partir de las décadas de 1970 y 1980 comenzaron a producirse transformaciones profundas asociadas al crecimiento acelerado de las ciudades, al aumento del déficit habitacional y a la necesidad de movilizar mayores recursos para responder a una demanda cada vez más amplia.
Poco a poco la vivienda dejó de ser exclusivamente una política social y comenzó a consolidarse también como un motor económico. El suelo urbano empezó a adquirir una importancia creciente como activo financiero y la producción habitacional comenzó a orientarse cada vez más por criterios de eficiencia económica.
El objetivo seguía siendo reducir el déficit de vivienda, pero las herramientas para lograrlo estaban cambiando de manera significativa.
La transición se consolidó durante las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. El Estado redujo progresivamente su papel como constructor directo de ciudad y concentró buena parte de sus esfuerzos en mecanismos de subsidio y financiación.
La participación del sector privado se volvió dominante y la vivienda comenzó a operar dentro de una lógica donde la rentabilidad, la velocidad de comercialización y el aprovechamiento intensivo del suelo adquirieron un protagonismo cada vez mayor.
No se trata de afirmar que este proceso fuera necesariamente equivocado o que las experiencias anteriores estuvieran exentas de problemas. Lo relevante es reconocer que las prioridades cambiaron. La pregunta dejó de ser cómo queríamos vivir para convertirse en cuánto podía venderse por metro cuadrado.
Las consecuencias de esta transformación son visibles en prácticamente todo el territorio nacional. Quizás la más evidente sea la extraordinaria homogeneización de la vivienda contemporánea.
Resulta paradójico que uno de los países con mayor diversidad geográfica, climática y cultural del planeta haya terminado produciendo soluciones habitacionales prácticamente idénticas de un extremo al otro de su territorio.
El mismo apartamento de cuarenta y cinco o cincuenta metros cuadrados aparece en Bogotá, pero también en Tunja, Sogamoso, Manizales, Santa Marta, Valledupar, Yopal o Chía.
Cambian los nombres de los proyectos, las estrategias de mercadeo y los acabados, pero la lógica espacial permanece intacta. Como si las condiciones climáticas, las estructuras familiares, las actividades económicas y las formas de habitar fueran exactamente las mismas en todos los rincones del país.
La situación resulta todavía más llamativa cuando se observa que esta lógica se reproduce incluso en municipios donde las presiones metropolitanas son considerablemente menores y donde la disponibilidad de suelo sigue siendo relativamente amplia.
Durante años se ha argumentado que la reducción de las áreas habitacionales constituye una consecuencia inevitable del alto valor del suelo urbano. Sin embargo, esa explicación pierde fuerza cuando encontramos exactamente las mismas tipologías en ciudades intermedias o municipios pequeños que no enfrentan los niveles de congestión o escasez propios de las grandes áreas metropolitanas.
Si el problema fuera exclusivamente el costo del suelo, esperaríamos encontrar soluciones diferentes en contextos distintos. Lo que observamos es exactamente lo contrario: una misma fórmula aplicada de manera casi universal.
Aquí aparece una reflexión particularmente relevante. El problema de la vivienda colombiana no parece estar relacionado únicamente con la densidad ni con los metros cuadrados. El verdadero problema es que hemos reemplazado la diversidad de los territorios por la uniformidad de los mercados.
Resulta más sencillo reproducir un modelo previamente validado que diseñar soluciones específicas para cada contexto. Desde la perspectiva empresarial esta estrategia puede resultar perfectamente racional. Desde la perspectiva urbana, cultural y social, sus consecuencias son mucho más complejas.
Hace varias décadas Kenneth Frampton advirtió sobre los riesgos de una arquitectura incapaz de reconocer las particularidades del lugar. Su propuesta de regionalismo crítico defendía la necesidad de construir una arquitectura moderna que dialogara con la geografía, el clima, la cultura y las formas de vida de cada territorio.
La modernidad no debía convertirse en una excusa para producir espacios indiferentes a su contexto. Lo preocupante es que gran parte de la vivienda contemporánea parece avanzar exactamente en la dirección contraria. El territorio desaparece detrás de la estandarización.
La identidad se diluye frente a la repetición. La arquitectura deja de responder a las características específicas de cada región para responder principalmente a las exigencias de un modelo de negocio.
Basta observar las diferencias entre Santa Marta, Tunja, Yopal o Chía para comprender la magnitud del problema. No solamente cambian las temperaturas, los paisajes o las condiciones ambientales. También cambian las formas de relación social, las dinámicas familiares, las actividades económicas y las costumbres cotidianas.
Sin embargo, la respuesta habitacional suele ser prácticamente la misma. Se construyen las mismas torres, los mismos conjuntos cerrados y las mismas distribuciones internas. Como si el Caribe, los Llanos Orientales y la región andina compartieran exactamente las mismas necesidades espaciales. La diversidad del país termina desapareciendo detrás de una arquitectura repetitiva que podría ubicarse indistintamente en cualquier lugar.
Paradójicamente, las experiencias internacionales muestran que la densidad no necesariamente implica la pérdida de calidad urbana. El caso de Viena resulta especialmente ilustrativo.
Allí una parte significativa de la población vive en sistemas de vivienda pública o cooperativa que combinan densidad, espacio público, equipamientos, conectividad y calidad arquitectónica.
La vivienda es entendida como una infraestructura social indispensable para el bienestar colectivo y no exclusivamente como una oportunidad de negocio. Algo similar ocurre en distintos países del norte de Europa, donde la vivienda social continúa desempeñando un papel central dentro de las políticas urbanas y donde la calidad del entorno construido constituye una prioridad tan importante como la cantidad de unidades producidas.
Los Países Bajos ofrecen otra lección relevante. A pesar de enfrentar fuertes restricciones territoriales y elevados niveles de densidad urbana, han logrado desarrollar modelos habitacionales que mantienen una estrecha relación con el espacio público, la movilidad sostenible y las características específicas de cada contexto.
La densidad no destruye necesariamente la calidad de vida. Lo que la deteriora es la incapacidad para comprender que la vivienda forma parte de un sistema urbano más amplio. El problema nunca ha sido construir más personas por hectárea. El problema es hacerlo sin construir simultáneamente ciudad, comunidad y espacio público.
En Colombia, por el contrario, muchas veces pareciera que la discusión se reduce exclusivamente a la producción de unidades habitacionales. Ciudad Verde, en Soacha, representa uno de los ejemplos más emblemáticos de esta tendencia.
Más allá de sus logros cuantitativos y del enorme volumen de vivienda construido, refleja una visión particular de ciudad basada en la repetición, la especialización funcional y la fragmentación del territorio.
Algo similar puede observarse en numerosos planes parciales desarrollados en los bordes metropolitanos de Bogotá. Al recorrer algunos de estos sectores resulta difícil identificar diferencias sustanciales entre un proyecto y otro. Las torres se repiten, los conjuntos se replican y los espacios urbanos parecen responder a una lógica de producción seriada.
El caso de Plaza de la Hoja evidencia otra dimensión de esta discusión. Durante años fue presentado como un referente de vivienda integrada a la ciudad y acompañado por imágenes que mostraban espacios públicos activos, comunidad y renovación urbana. Sin embargo, la experiencia posterior recordó una lección fundamental: la calidad de la vivienda no depende exclusivamente del diseño arquitectónico.
También depende del mantenimiento, de la gestión social, de la apropiación comunitaria y de la capacidad de construir relaciones urbanas duraderas. Una vivienda no puede evaluarse únicamente el día en que se entrega. Su verdadero desempeño se mide años después, cuando los renders desaparecen y comienza la vida cotidiana.
Colombia no necesita regresar a los modelos habitacionales de mediados del siglo XX. Las ciudades han cambiado, las familias han cambiado y las dinámicas económicas también.
Sin embargo, sí necesita recuperar algo que parecía evidente para quienes diseñaban aquellos proyectos: la vivienda nunca fue solamente un techo. Era una herramienta para construir ciudad, comunidad y ciudadanía.
Quizás el mayor error de las últimas décadas ha sido olvidar esa lección y asumir que el mercado, por sí solo, podía responder preguntas que en realidad pertenecen al ámbito de la política urbana y del proyecto colectivo de sociedad.
Tal vez la discusión que Colombia necesita no sea únicamente sobre cuántas viviendas faltan. Tal vez la verdadera pregunta sea qué significa hoy una vivienda digna y cuál es la relación que esta debe mantener con el territorio donde se implanta.
Porque una vivienda digna no se define exclusivamente por un número de metros cuadrados, pero tampoco puede reducirse a una meta estadística o a un producto financiero. Una vivienda digna es aquella que permite construir proyectos de vida, adaptarse a las transformaciones familiares, responder a las condiciones ambientales de su entorno y contribuir a la construcción de ciudad.
Mientras sigamos celebrando únicamente el número de unidades construidas, corremos el riesgo de ignorar una realidad cada vez más evidente.
Colombia ha avanzado en la producción de vivienda, pero simultáneamente ha venido perdiendo algo igual de importante: la capacidad de construir lugares para vivir. Y quizás ese sea el verdadero desafío de las próximas décadas.
No producir más apartamentos idénticos, sino recuperar la relación entre vivienda, territorio y vida cotidiana que alguna vez estuvo en el centro de nuestras políticas urbanas.
