Comienza nuevo escándalo en torno a la Ptar I de Chía

La Procuraduría le pide explicaciones al alcalde Segura sobre dos contratos diferentes sobre la Ptar, uno para construirla y otro para optimizarla.

 Olga Lucia Patín Cure Procuradora 30 Judicial Agraria y Ambiental y, además encargada del seguimiento a la Acción Popular (2009-00058) interpuesta hace 11 años por el Centro Comercial Sabana Norte, que reclama acabar los malos olores de la Ptar I, le hizo saber en los últimos días al Alcalde Luis Carlos Segura, como su administración pudo caer en una delicada situación administrativa, al haber realizado para el mismo fin dos contratos diametralmente opuestos.

Según la procuradora Patín, en el marco del seguimiento que este ente de control realiza a dicha Acción Popular, conoció que la administración municipal inició el concurso de méritos No. 003 de 2020 cuyo objeto fue contratar los estudios y diseños para la nueva Ptar I de Chía y de otra parte, EMSERCHIA (la empresa de servicios públicos municipales), contrato la Consultoría No. 001 de 2019 cuyo objeto fue realizar estudios y diseños para la optimización de esta misma Ptar. 

En consecuencia afirma la procuradora Olga Lucía en carta al Alcalde Segura, […] “estamos frente a dos objetos contractuales que eventualmente podría ser excluyentes si tenemos en cuenta que uno está contemplando la construcción de una nueva planta y la otra la optimización de la actual, situación que sin duda alguna resultaría reprochable por parte del ministerio público, razón por la cual solicito comedidamente me presente un informe de la planificación que tiene la administración municipal contemplada para la construcción de la nueva Ptar I en coordinación con los alcances del objeto contractual que actualmente se ejecuta por Emserchía, tal como se ha advertido en los comités de verificación”. 

Al respecto es importante aclarar que esta acción Popular fue interpuesta en el 2009 contra el Municipio de Chía y La CAR y que fue solo hasta el 22 de septiembre de 2011 que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló positivamente en segunda instancia la Acción Popular a favor del centro comercial (luego que se cumplieran las apelaciones presentadas por la CAR y la alcaldía de Chía, procurando evitar que se les hiciera responsables por esta situación). Dicho fallo les dió plazo de un año a la Alcaldía Municipal y a la CAR, para que hicieran los estudios y obras que se necesitaran para mitigar los olores de Ptar I, y al Ministerio del Medio Ambiente le ordenó la supervisión y control de los trabajos.

Sin embargo nueve años después de este fallo la situación de la Ptar I no ha cambiado en nada para los habitantes y vecinos de la planta. Así lo indican los veedores y auditores que realizan el control social en Chía, quienes al respecto aclaran: “ni los alcaldes, ni la CAR, ni el Ministerio de Ambiente, ni la Procuraduría, ni el Comité de Seguimiento, han logrado cambiar en nada la historia de los malos olores que ya caracterizan la ciudad”. En el entretanto, explican, se pierden los millonarios recursos, que cada administración destina para llevar a cabo la solución definitiva a este problema, sin más resultado que cuantiosas sumas de dineros malgastados y desacatos judiciales que se terminan pagando con dinero que sigue saliendo de las arcas municipales. A lo largo de estos 132 meses de pesadilla ambiental, la ciudadanía continúa si conocer la contundencia de las sanciones disciplinarias o judiciales para los responsables de tamaña incompetencia y desidia administrativa, para lo que se refiere no solo de las autoridades municipales a cargo, sino a los funcionarios de los entes de control a cargo de hacer justicia y sancionar de manera ejemplarizante los malos manejos de los recursos públicos, destinados a atender un servicio básico y fundamental como es el saneamiento básico que tanto ha atormentado por décadas esta ciudad.

Al respecto concluyen los veedores diciendo, “ahora no nos resta sino esperar el alcance y resultados de este llamado de la Procuraduría, ya que en la última reunión del comité de Seguimiento al que fuimos convocados en el 2019 asistieron, entre otros, representantes del Ministerio de Ambiente, la Procuraduría, la Car, la Alcaldía Municipal, Emserchía, la Personería de Chía y nosotros los veedores. Allí la funcionaria, en ese entonces Secretaria General (e), abogada Clara Maritza Riveros, presentó en la reunión el proyecto de la administración, donde se proponía iniciar unos estudios para adecuar la Ptar I, situación que generó controversia en la reunión, porque las veedurías no veían con buenos ojos un proyecto de esta magnitud, a meses de terminar la administración del alcalde Leonardo Donoso.

“Después de conocer la carta de la Procuraduría, dicen los veedores, creemos que este proyecto fue la manera en que la anterior administración, le sacó el cuerpo al desacato que tenía como espada de Damocles encima, por estar a punto de terminar su mandato sin cumplir lo ordenado por el fallo. Como la reunión terminó sin que el asunto quedara en claro y no se nos volvio a citar, vemos hoy con claridad cual fue el destino de las demás reuniones del comite de seguimiento. Lo que no terminamos de entender es cómo la funcionaria Maritza Riveros, quien hoy continúa al servicio de la administración como buena parte de funcionarios de Emserchía, no le informaron al alcalde Segura los problemas de contratación en que podía incurrir el alcalde al llevar a cabo el contrato 003 de 2020”.