Desbordado y sin agua, Chía se está convirtiendo en una bomba de tiempo

El crecimiento urbanístico desmedido tiene al municipio de Chía, al norte de Bogotá, a punto de colapsar. 

Entre 2020 y 2023 se han expedido más de 980 licencias de construcción que no solo han acabado con varios ecosistemas, sino que han rebasado los sistemas de acueducto y alcantarillado.

El que hasta hace unos años fue un municipio con vocación agrícola, con varios cuerpos de agua interconectados con la cuenca del río Bogotá, hoy no es más que un cúmulo de conjuntos residenciales de casas y edificios que crecen en desorden y han arrasado con humedales y cultivos. 

De la vocación agrícola de Chía ya no queda casi nada. La intensa migración de bogotanos ha disparado la construcción de vivienda, que amenaza con hacer colapsar la capacidad de la tierra, así como las redes de servicios públicos.

Según los registros de los últimos dos censos nacionales, Chía es uno de los municipios con mayor crecimiento poblacional.

En 2005, Chía tenía poco más de 95.000 habitantes. Para 2018, la población pasó a ser de más de 129.000 habitantes. Hoy, el Dane estima que en el municipio habitan más de 218.000 personas, y que para 2035, los habitantes superarán los 500.000. 

En los últimos tres años se han concedido más de 980 licencias de construcción urbanística, con el agravante de que no existen planes para mitigar el impacto que causan las obras sobre los humedales, que son los que sostienen el ecosistema y las reservas de agua.

De vocación agrícola a vocación urbanística

En 1994, bajo la administración del alcalde Fernando Sánchez, y con Concha Baracaldo –la exdirectora del ICBF– como directora de Planeación, se construyeron las primeras viviendas de lujo en las zonas rurales del municipio, incluido el conjunto de casas Sindamanoy. Ese fue el comienzo de una expansión urbanística que ha ido devorándose poco a poco –con mayor intensidad en los últimos tres años– las zonas de conservación, los humedales y los terrenos agrícolas. 

Cuando CAMBIO intentó comunicarse con Baracaldo para saber cómo se había autorizado la construcción de Sindamanoy, aseguró: “Estoy harta de tanta tontería y mentiras de la gente. No me interesa el tema”. 

A las administraciones siguientes, parece que tampoco. Los proyectos urbanísticos han desbordado al municipio con la anuencia de los alcaldes de turno, que han modificado a su antojo el uso del suelo, incluso pasando por encima del POT.

El último intento para expandir aún más las zonas de vocación urbana sucedió en 2020, cuando el entonces alcalde Leonardo Donoso quiso alterar el POT, en detrimento de los pocos humedales que le quedan a Chía. La iniciativa fue suspendida, gracias a una acción popular presentada por la sociedad civil.

Sin embargo, amparado en un decreto expedido en noviembre de 2019 –que permite entregar licencias de construcción para proyectos de interés social y de interés prioritario–, el alcalde dio vía libre a una expansión urbanística imposible de atajar. 

Desde entonces han sido otorgadas más de 980 licencias, de las cuales sólo 132 han sido cesiones Tipo A, es decir, cesiones que obligan a los constructores a entregar una parte del terreno autorizado para obras que beneficien al resto de la comunidad. 

El gran problema es el agua

El crecimiento demográfico y urbanístico ha hecho presión sobre la principal necesidad del municipio en la actualidad: el acceso al agua.

Hace unos días, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó una consulta popular que demanda al acueducto de Chía por suministrar agua que no es potable. Los habitantes del municipio señalan que, por años, han estado recibiendo agua con altos contenidos de cloro y manganeso, lo que la ha hecho amarilla y ha modificado su olor y su sabor. 

A la impotabilidad se ha sumado la escasez. El acueducto está saturado, lo que ha causado que la presión de agua sea mínima y los cortes del servicio sean permanentes. 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) también está colapsada. Para 2016, la Planta tenía una capacidad para atender a 32.600 personas por alcantarillado y a 37.200 en acueducto. En 2022, la capacidad de atención a usuarios ya era de 42.600 en alcantarillado, y 47.200 los de acueducto. Sin embargo, el Dane estima que, para 2022, Chía ya debía de tener más de 216.000 habitantes. 

De acuerdo con los veedores de Chía, más de la mitad del municipio no cuenta con servicio de acueducto ni de alcantarillado. Las veredas Fusca y Cerco de Piedra no están plenamente conectadas y solo allí se construye más de la mitad de los nuevos proyectos urbanísticos del pueblo. 

Para dar solución a la expansión del pueblo, la empresa Hydros Chía –antigua encargada del manejo de aguas en el municipio–, planteó la construcción de mínimo cuatro plantas. Sin embargo, en 2012, el proyecto fue cancelado, luego de que la Superintendencia de Sociedades encontrara numerosas irregularidades y un alto riesgo financiero, social e institucional en la empresa. Varios de los socios principales de la empresa fueron enviados a la cárcel, acusados de desfalco. 

Desaparecida Hydros Chía, surgió Emserchía, la nueva empresa de servicios. En 2012, el entonces alcalde Guillermo Varela contrató la construcción de una nueva planta, a un costo de 19.000 millones de pesos, la cual, sin embargo, nunca fue instalada. En cambio, el pueblo ha estado pagando 50 millones de pesos mensuales por mantenerla en una bodega. 

El exalcalde Varela, su secretario de Obras Públicas, Rafael Antonio Ballesteros Gómez, y su jefe de la Oficina de Programación, Mauricio Enrique Cabrera Marín, fueron sancionados por la Procuraduría, que los inhabilitó por 14 años por las irregularidades que encontró en la iniciativa. 

La principal irregularidad fue la contratación de la sociedad Gehs Global Environment and Health Solutions, por encima de otras opciones más económicas y de la misma calidad. Además, la Procuraduría encontró que no se habían adelantado los estudios de viabilidad para la construcción de la planta. 

La siguiente administración, a cargo del alcalde Donoso, contrató la creación de otra planta, que fue instalada en un barrio residencial a pesar de los reclamos de la comunidad, que ahora tiene que aguantar los malos olores y la contaminación que produce. 

Lo que inició como un proyecto que costaría 35.000 millones, contratado entre la CAR y la Alcaldía de Cota, hoy ha ascendido a 135.000 millones de pesos y aún no ha sido finalizado. Actualmente, los sobrecostos son motivo de investigación por parte de la Procuraduría.

Ya en 2015 la misma entidad había determinado suspender e inhabilitar por 15 años al exdirector de la CAR Néstor Franco tras notar múltiples irregularidades en el contrato. Pese a que la inhabilidad fue revocada, la Procuraduría lo sigue investigando. 

La planta, mientras tanto, no tiene capacidad para manejo de lodos, lo que implica que, cada cierto tiempo, el lodo –que mezcla desperdicios humanos y aguas residuales–, debe ser sacado en volquetas y llevado a vertederos. Esa es, en parte, la razón del olor nauseabundo que invade permanentemente las calles de Chía. 

Chía seguirá creciendo 

A pesar de no contar con un sistema idóneo de abastecimiento de agua, ni de alcantarillado, Chía tiene planeado seguir creciendo. Actualmente están en planos 6.000 apartamentos en dos lotes que, antiguamente, pertenecían a haciendas agrícolas. El proyecto se encuentra suspendido, gracias a la acción popular que detuvo la intención de Donoso de modificar el POT.

Los que sí se están construyendo son 15.000 apartamentos sobre la variante Cota-Chía. El proyecto inicial eran 7.000 viviendas de estratos 4, 5 y 6, pero la crisis inmobiliaria causada por la pandemia llevó a que el proyecto se replanteara y duplicara el número de apartamentos, esta vez de estratos 2 y 3, reduciendo las áreas y aumentando significativamente la cantidad de usuarios, que se unirán a las insuficientes redes de acueducto y alcantarillado del pueblo. 

De acuerdo con las denuncias de los veedores, estas nuevas construcciones no tienen conexión ni alcantarillado, ni a acueducto, lo cual obligará a usar carrotanques para el suministro de agua y volquetas para sacar los residuos.

Carlos Casas, veedor del municipio, y parte de la Red de veedurías, concluye: “La voracidad de las constructoras y el afán de lucro de los alcaldes de turno nos han dejado a la deriva: sin humedales, sin agua y sin la mínima calidad de vida”. 

Casas asegura que, por lo pronto, es urgente tomar medidas de prevención, pues el futuro que ven no es bueno. Para él, y para la red de veedores del municipio, priorizar el cuidado de las fuentes de agua y, en particular, rescatar el río Frío, un brazo del río Bogotá que podría convertirse en una alternativa para surtir al pueblo de agua. Casas asegura que, de no hacerlo, “nos están llevando al matadero”.