Ni rectificamos ni nos retractamos
Respuesta a una carta con propósito y sin sentido para crear una cortina de humo en tono a un acto de corrupción.
Foto, Adrenalina
Señores: Juan Sebastián Quiróz Lambraño; Adriana Vázquez Muñoz; Diego Alexander Rodríguez Torres; María Alejandra Navarrete Artunduaga; Jorge Antonio Gómez; Gentth Romero Torres; Ariel Ricardo Vargas Zárate, Jorge Hernán Ferias Villarraga y Diego Alejandro Colmenares Tuta.
En respuesta a su comunicación del viernes 23 de junio, el Periódico de Chía, informa que no rectificará ni se retractará del contenido de la denuncia titulada “División y crisis en la secretaría de Gobierno de Chía”. Artículo publicado en nuestro portal de noticias www.elperiodicodechia.com el mismo día en que se recibió su misiva. Esto en razón a que contamos con el acervo probatorio, que devela la verdad.
Ponemos de presente que la noticia en mención ni es falsa ni es el producto del chisme o la especulación. Es una denuncia que se ha investigado y a la que se le ha hecho seguimiento, porque además de poner en conocimiento público el alcance de los hechos, estos pueden llegar a tener graves repercusiones para el municipio y sus gentes.
En la carta que ustedes envían, manifiestan que su entorno laboral se desarrolla en una ambiente idóneo y fraternal. Que no han denunciado a ningún miembro de la administración municipal. Como tampoco han sido notificados por ser demandados por Rafael Roa. No han visto truncado el desarrollo de las labores del despacho y han tenido un contacto permanente con el secretario en su oficina.
Al respecto queremos puntualizar que cuatro de los nueve firmantes de la carta, han sido denunciados por Rafael Roa por injuria y calumnia y dos de ellos ya han estado en audiencia en la Fiscalía. Y aunque sabemos quienes son, no hemos hecho públicos sus nombres ni lo haremos en respeto a su integridad laboral.
Una actitud ética y moral que ustedes desconocen al prestarse a firmar y exigir una rectificación y retractación de unos hechos que saben de sobra que son reales.
Podemos entender que su carta bien puede ser el resultado de un presunto constreñimiento para unos funcionarios o un miedo reverencial para otros, toda vez que un jefe puede llegar a tomar decisiones contraproducentes en torno al trabajo que ustedes ejercen.
Sin embargo, frente a los pronunciamientos de la carta, es difícil comprender que en la secretaría todo se desarrolle en un ambiente fraternal e idóneo y todo funcione sobre ruedas, cuando el jefe de la oficina de una entidad, que como la secretaría de gobierno, además es pública, se encuentre indiciado en una investigación penal por interés indebido en la celebración de contratos. Tal y como se demuestra a continuación en esta noticia criminal.
Tenemos el número de la denuncia que se interpuso en contra del abogado Rafael Enrique Roa Pinzón, secretario de Gobierno del municipio de Chía, por parte de funcionarios de su propia secretaría.
Aquí registramos la consulta hecha al SPOA el 23 de junio de 2023, para verificar que a consulta se encuentra activa. Resultado que además confirma la vigencia.
En esta otra consulta al SPOA verificamos la denuncia que Rafael Roa Pinzón, interpuso contra ocho funcionarios de la secretaría de Gobierno por injuria y calumnia.
Después de conocer estos documentos, lo menos que se puede pensar es que la carta de los funcionarios era una especie de cortina de humo para desviar la atención hacia ellos y sacar el debate de lo fundamental. El millonario y cuestionado contrato por 1.200 millones de pesos que Roa Pinzón, secretario de Gobierno, invirtió en dos carros que no suman los 400 000 000 de pesos y que su acondicionamiento para el servicio de bomberos se extiende a 800 000 000 de pesos. En un contrato donde el proponente seleccionado tiene cuestionamientos y el contrato carece de los valores unitarios obligatorios en todo contrato con el estado.
Por estas razones, la Contraloría General de la Nación tiene en la mira dicha negociación por carecer de toda planeación. Así lo presenta la Auditoría Financiera y de Gestión realizada en el municipio de Chía el pasado mes de mayo de 2023 sobre la vigencia 2022.
Aquí el hallazgo de la Contraloría en torno al contrato 815- 2020, que se enmarca en primera instancia como deficiencia en planeación y se referencia, junto con otros, contratos de otras áreas, para una posterior investigación.
También queda demostrado que, la secretaria de Gobierno se dividió en dos. De una parte, porque un funcionario de la misma administración denuncia penalmente al secretario de Gobierno, Rafael Enrique Roa Pinzón, ante la Fiscalía General de la Nación, por el delito de Interés Indebido en la celebración de contratos, Art. 409 del Código Penal.
Que el acervo probatorio está consignado en los documentos de número Único de Noticia Criminal, registrado en la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio – SPOA, con fecha de asignación 10 de febrero de 2023, denuncia radicada ante la Fiscalía 2.ª Seccional de Zipaquirá.
De otra parte hay denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, por parte del secretario de Gobierno, Roa Pinzón, contra ocho funcionarios de la misma secretaria por los delitos de Injuria y Calumnia, Art. 222 del Código.
Así las cosas, solo resta preguntar ¿qué papel desempeñan en todo este engranaje, Andrés Rodríguez, jefe de Control Interno, Faisuly Blanco, Personera de Chía y el alcalde de Chía, Luis Carlos Segura, que en el correr del cuatrienio vemos repetirse los errores, los malgastos, las malas prácticas en inversiones y contratación y a nadie se sanciona y nada se corrige?
En últimas, ¿para qué se crea y para qué sirve el Plan Anticorrupción de Chía, si los funcionarios a su cargo prefieren asaltarlo en lugar de cumplirlo? Y ante esto la cabeza visible de la administración del municipio ni se pronuncia, ni lo frena, es más, pareciera que lo promueve y nos estamos dando cuenta.
A continuación y en primera página, los lectores podrán ver el único cuadro de costos unitarios que corresponde a los dos carros que se adquirieron. Después, continúan ocho páginas con el prolífico inventario de las máquinas, equipos e implementos por valor de 800 000 000 pesos, conque se deben acondicionar los carros.
¡Muy bueno que las instituciones tengan la verraquera de denunciar las cosas que no se realizan bien! Ya que hay tanta mediocridad en la administración. Se van secretarios sin hacer un debido empalme y, si los hay, debería haber objeciones, porque no pueden hacerse cargo personas de tanta ineptitud y falta de conocimiento en administración.