Procuraduría investiga a exsecretario de Salud de Chía y hermano del registrador Alexander Vega
La Procuraduría General de la Nación, tiene ‘en la mira’ los arrendamientos en las Islas del Rosario, en defensa y protección del patrimonio público
La Procuraduría General de la Nación abrió en los últimos días investigación disciplinaria contra Campo Elías Vega Rocha, exsecretario de salud de Chía y hermano del expersonero de Chía y actual registrador general de la Nación, Alexandre Vega Rocha, por presuntas irregularidades en los contratos de arrendamientos de predios ubicados en el archipiélago Islas del Rosario, del departamento de Bolívar.
Con él, fueron cinco los exfuncionarios que en su momento estuvieron vinculados a la Agencia Nacional de Tierras y quienes podrían estar implicados en irregularidades en su condición de subdirectores Administrativos y Financieros. Así como un servidor público quien actualmente sigue vinculado a la entidad como contratista externo desde 2019.
Luego de las pruebas realizadas, el ente de control identificó presuntas faltas en la gestión de los supervisores ante el incumplimiento en los pagos pactados por parte de los arrendatarios, exceder el límite de área permitido para el arriendo y la ausencia de avalúos catastrales en los contratos, entre otras inconsistencias.
Estas se relacionan con las presuntas faltas en la gestión de los supervisores ante el incumplimiento en los pagos pactados por parte de los arrendatarios, en las solemnidades establecidas en el acuerdo 041 de 2006. También se evidenció ausencia de avalúos catastrales y que algunos contratos excedieron el límite de área permitido para el arriendo.
De esta manera, el ente de control ordenó abrir proceso disciplinario contra los exfuncionarios: Olga Yamile González, William Andrés Robledo Acosta, Nubia Pacheco Gómez, Alexander Rivera Sánchez y Campo Elías Vega Rocha por su condición de subdirectores Administrativos y Financieros para la época de los hechos.
Asimismo, se efectuará una investigación disciplinaria en contra de José Augusto Acosta Buitrago, servidor público vinculado a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desde el 2019 y quien también podría estar implicado en posibles irregularidades.
La Procuraduría resaltó en el auto de apertura que, en atención al fenómeno de la caducidad, la investigación disciplinaria verificará la ocurrencia de los hechos presuntamente irregulares, ya que pueden llegar a constituir falta a la ley disciplinaria del 31 de diciembre de 2019, a pesar de que algunas pruebas indican que la comisión de conductas constitutivas de falta son anteriores a dicha vigencia.
Cabe resaltar que, la Procuraduría General de la Nación, tiene ‘en la mira’ los arrendamientos en las Islas del Rosario, teniendo en cuenta la afectación que podría generar a la preservación del equilibrio ecológico, la protección del patrimonio público y la garantía de los derechos de las comunidades, en especial, de grupos étnicos en la zona.
