Próxima minambiente pide investigar a magistrada por caso Ptar Salitre

La magistrada Villamizar ordenó que se aceptaran las obras de la Ptar cuando estas aseguró Muhamad, están incompletas.

 La ministra de Medioambiente del Gobierno entrante, Susana Muhamad, pidió hoy a los entes de control investigar a la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Nelly Yolanda Villamizar por una sentencia que esta profirió para que se certifique la terminación de la primera fase de la obra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) Salitre con la que se espera tratar el 30 % de las aguas residuales que llegan al río Bogotá.

En una denuncia pública, hecha a través de Twitter, la entrante ministra asegura que hace cerca de dos meses, siendo ella concejala de Bogotá, interpuso una queja en la Comisión Nacional de la Disciplina Judicial para que se investigue la razón por la cual la magistrada Villamizar ordenó que se aceptaran las obras de la Ptar cuando estas, aseguró Muhamad, están incompletas.

Ahora, como ministra entrante, pidió a los entes de control revisar las decisiones judiciales que estaría tomando la magistrada al respecto de la Ptar Salitre y que, según Muhamad, “atentan contra la realidad jurídica y contra la integridad y la moralidad pública”.

“Quiero hacer un llamamiento a los entes de control, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a todos los entes de transparencia (para) que revisen las decisiones que está tomando la magistrada Nelly Yolanda Villamizar en el cumplimiento de la sentencia del río Bogotá con respecto a la Planta de Tratamiento del Salitre.

El estado es que la planta hoy no funciona y de acuerdo al Acueducto de Bogotá varios equipos aún no funcionan y no tienen garantías. Es una planta nueva en su ampliación que costó 1,3 billones, sin embargo, sorpresivamente la magistrada el pasado viernes obliga a la CAR a pagarle al contratista los saldos que quedan por una planta que hoy no está en funcionamiento”, señaló Muhamad. 

La próxima ministra, quien había sido elegida concejal de la ciudad de Bogotá, aseguró que “antes de que la CAR pague los dineros que faltan al contratista, el contratista se vaya del proceso y le quede todo este incumplimiento Acueducto de Bogotá que terminaremos pagando con nuestra tarifa de agua cuando el Acueducto tenga que entrar a solucionar todo lo que no funciona, hacemos un llamamiento a los entes de control a que actúen inmediatamente”.

“No podemos permitir que los recursos del río Bogotá terminen siendo pagados por los usuarios del Acueducto por incumplimiento en un caso que a mí me parece fuera de la norma mientras se están tomando decisiones que atentan contra la realidad jurídica y contra la integridad y la moralidad pública”, finalizó la funcionaria.

La magistrada Villamizar le dijo a este diario que por el momento no puede pronunciarse sobre el hecho, pero que ni la ministra entrante, Susana Muhamad, ni la Procuraduría (que también se pronunció recientemente sobre el hecho) son sus segundas instancias, y que son sus providencias judiciales las que pueden hablar por ella.

Acá no se está diciendo la verdad de lo que está pasando con la planta. Y espero que mis providencias judiciales sean respetadas

“Yo lo único que hago es ser juez de primera instancia y lo único que hago es recaudar pruebas. Y acá no se está diciendo la verdad de lo que está pasando con la planta. Y espero que mis providencias judiciales sean respetadas. Ni la doctora Susana Muhamad, ni la señora Procuradora, Alba Rocio Avila, son mis segundas instancias. Mi segunda instancia es el Consejo de Estado y es a quien pongo mis providencias y mis argumentos”, destacó Villamziar.

Villamizar también aseguró que las pruebas de sus decisiones están en el expediente y “que se está falseando todo lo que dice el expediente. Lo único que veo detrás de todo esto es la intención de recusarme y malponer mi nombre ante todo Colombia cuando he sido yo la que llevo 20 años protegiendo al río y por encima de todas intenciones pongo mi vida. Yo espero que en Concejo de Estado no demore en resolver”.

La posición de la CAR Cundinamarca

Hace apenas algunos días, el escenario de la Ptar Salitre seguía siendo tenso, pues a menos de dos meses de que finalice el contrato de construcción de la fase II, continuaba el pulso entre el Consorcio Expansión Ptar Salitre (Ceps), el contratista de la obra, y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), que, por orden judicial, debió iniciar en diciembre la operación de la planta.

La EAAB aseguró que la Ptar, que debe descontaminar el 30 por ciento de las aguas residuales que la capital arroja al río Bogotá, no cuenta con “las condiciones adecuadas de operación”. De hecho, la gerente de la empresa, Cristina Arango, aceptó la invitación de este diario para que directamente en la Ptar muestre cuáles son sus preocupaciones.

EL TIEMPO conversó con uno de los actores que, al menos en lo público, se ha mantenido al margen de la discusión: la CAR Cundinamarca. En 2016, esta entidad contrató la construcción de la megaobra. Hoy, seis años después, el actual director, Fernando Sanabria Martínez, está en medio de una álgida discusión sobre el futuro de la planta.

Según le dijo a EL TIEMPO en entrevista el director de la CAR Cundinamarca, Luis Fernando Sanabria, se necesitan de seis a ocho meses más para que la planta esté totalmente funcional. El director acepta que alguno de los equipos de la Ptar han fallado y faltan manuales y garantías como lo ha advertido el acueducto.

Sanabria aseguró que el Cep), contratista de la obra, reclama 50 mil millones de pesos, mientras que en su concepto se deberían pagar 117 mil millones. “La cuenta que ellos proponen que paguemos son 150.000 millones de pesos, en el entendido de que todo está claro. Nosotros tenemos algunas observaciones porque algunos equipos no se encuentran al 100 %, porque faltan algunas cosas formales, porque faltan algunas garantías. La cuenta por pagar nos da 117.000 millones de pesos”, señaló.

Además, aseguró que algunos equipos han fallado y que faltan algunos manuales y garantías de equipos, aunque cree que esos problemas tienen solución.  “Algunos equipos, comprados en las mejores fábricas del mundo, el contratista no nos ha podido entregar las facturas. Es un porcentaje de facturas no entregadas, es un porcentaje de manuales no revisados, no formalizados, porque el otro sí se ha entregado”, dijo.

Ptar Salitre: en la mira de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación advirtió que la orden judicial que profirió la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenaba al consorcio Interventor IVK a emitir el certificado de terminación de la primera fase de la obra de la Ptar Salitre, y a la Empresa de Acueducto a iniciar la operación de la misma, pone en riesgo su buen funcionamiento.

El ente de control señaló que “la entrega presurosa y sin asidero contractual de la planta” podría generar riesgos técnicos.

“Una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene en jaque la correcta entrada en operación de la PTAR Salitre, la cual se realizaría de manera abrupta en acatamiento de esta decisión judicial, sin que se haya certificado por parte de la interventoría el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones por parte del contratista”, señaló el Ministerio Público.

Recordemos que en diciembre de 2021, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) señaló que la entrega no se había realizado como estaba programada y pactada, pero que debió asumir desde mediados de ese mes, por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la operación de la etapa 1.

Asimismo, en septiembre de la año pasado la Misión Virtual de Seguimiento de Banco Mundial (BM) señaló en un informe que había fallas en la estabilización del reactor biológico, que los procesos de tratamiento de clarificación secundaria que no operan de manera satisfactoria y que había problemas de comunicación con Scada (sistema de control remoto), entre otros.

La interventoría también señaló que la infraestructura aún no estaba lista para ser recibida por la CAR y entregada al Acueducto. De hecho, el informe del BM indica que tanto la CAR como la EAAB “solicitaron la extensión de la fecha de cierre del proyecto para continuar con el apoyo técnico” y asegurar que la Ptar “se realice con la mejor calidad y se logre una transferencia exitosa a la EAAB”. 

El contrato de la megaobra de la Ptar Salitre fue adjudicado en 2016 por la CAR, por un valor de 1,35 billones de pesos, y buscaba aumentar la capacidad de tratamiento de la planta de 4 m³ a 7,1 m³ por segundo, para tratar así el 30 por ciento de las aguas residuales que llegan al río Bogotá.

Ante este panorama, la Procuraduría hizo un llamado a las entidades involucradas en la puesta en marcha de la Ptar Salitre y al consorcio contratista constructor, para que solucionen los problemas que se presentan en su funcionamiento y se dé cumplimiento al plan de saneamiento y recuperación del río Bogotá.