En Chía, Batman denuncia a Educardo Espinosa gerente del IDUVI
El concejal acusa al funcionario de supuestos delitos de: Peculado por Apropiación, Prevaricato por Acción y Detrimento Patrimonial, entre otros.
En una sesión bien agitada que dejó sorprendida a la audiencia asistente, resultó el debate del Plan de Desarrollo que se cumplió este sábado 5 de junio en el concejo municipal.
Mientras la comunidad esperaba que se continuara con el debate de Obras Publicas, la sesión terminó siendo con el IDUVI, donde su director, Educardo Espinosa Palacios fue interpelado en un momento dado por el concejal Batman Camargo para poner en conocimiento de Espinosa, del Concejo en pleno y de la ciudadanía virtualmente presente, la denuncia que sobre Espinosa Palacios presentó el Concejal ante la procuradora provincial de Zipaquirá, Diana Marcela González.
En dichas denuncias el concejal acusa al director del IDUVI de supuestos delitos de Abuso de Función Pública, Peculado por Apropiación, Peculado por Uso, Prevaricato por Acción, Detrimento Patrimonial y Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales, entre otros.
Las cuestionadas acciones de Educardo Espinosa a las que hace referencia el concejal en materia de contratación, tienen que ver con un contrato realizado para la “prestación de servicios profesionales especializados y apoyo a la gestión asesorando al grupo de trabajo institucional en el proceso de ajuste, modernización, adecuación de la estructura administrativa y funcional, así como en el cambio de naturaleza jurídica que adelantara el instituto de desarrollo urbano, vivienda y gestión territorial de chía IDUVI.” contrato 03/2020, del 28 de enero de este año, ejecutado mediante la modalidad de contratación directa, supervisado por Jair Robayo y realizado con Jorge Enrique Díaz Varela, quien según la denuncia no cuenta con el lleno de los requisitos, puesto que este contratista tiene una sanción disciplinaria de “inhabilidad general” por 12 años desde el 2009.
Igualmente lo denunció por un posible detrimento patrimonial al realizar un contrato para un estudio que no se podía llevar a cabo, ya que en las sesiones de la comisión primera, en el concejo municipal de Chía, se retiró la meta que legitimaba el proceso de cambio de naturaleza jurídica y administrativa del “IDUVI”, determinando su inviabilidad y fue así como precisamente para este propósito, que el 28 de enero pasado el IDUVI suscribe el contrato 04/2020 por modalidad de contratación directa, con la finalidad de “prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestión en el cálculo de materiales e insumos necesarios para la adecuación de los sistemas de redes estructuradas de la entidad eléctrica normal y regulada, voz y datos. en las nuevas oficinas ubicadas en la carrera 8 no 1420, centro comercial plaza madero, con un área aprox de 341 m2, y así mismo la instalación, traslado, adecuación, marquillado e identificación, de cableado estructurado, canaletas, puntos de energía normal y regulada, puntos de redes de voz y datos, rack, ups 10kva, tableros eléctricos, switch, patch panel, servidores y demás elementos necesarios para la puesta en marcha de las redes en la nueva sede donde funcionará el instituto de desarrollo urbano, vivienda y gestión territorial de chía, garantizado que se cumpla el reglamento técnico“.
En este caso según demuestra el concejal, Jair Robayo también fue supervisor del contrato en lo relacionado a la parte de las instalaciones eléctricas, certificación de los puntos de voz y de datos. El documento para este propósito fue firmado entre Jaime Alejandro Ocampo Marto y Educardo Espinosa Palacios como gerente del “IDUVI”, contrato que, por lo demás anota Camargo, presenta posibles sobrecosidos y para lo cual el concejal adjuntó las pruebas correspondientes a la procuraduría.
En este mismo sentido, anota el denunciante que demás del presunto sobrecosto en el contrato, el pasado 10 de marzo, se le adicionaron a este $5 ́000.000 de pesos.
También denunció el concejal Batman Camargo, que entre el 30 de enero y el 6 de febrero, se suscribieron los contratos 05/2020, 06/2020, 07/2020, 09/2020 y 10/2020, para el servicio de Guardabosques, los cuales se realizaron previa la pandemia generada por el COVID-19, y a la fecha no se tiene conocimiento de modificaciones al objeto del contrato para la realización correcta de su ejecución dentro de los lineamientos nacionales, de la emergencia sanitaria, lo que podría conllevar al incumplimiento de los objetos contractuales.
Concluye el concejal denunciando también, que el 27 de mayo Educardo Espinosa Palacios realizó una publicación en sus redes sociales personales y, en la página en Facebook del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía (IDUVI), prometiendo de forma irresponsable 1000 viviendas de interés social a los habitantes del municipio de Chía, aduciendo la aprobación del “Proyecto de Acuerdo 009 de 2020 por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023”, en primer debate, sin tener en cuenta que los concejos municipales no aprueban parcialmente los acuerdos y se debe esperar hasta la aprobación en plenaria, manipulando así la información y realizando comunicados que no corresponden a sus funciones, lo que para el concejal configura como un presunto abuso de función pública.
Con estas denuncias en pleno debate del Plan de Desarrollo Municipal, el concejal Batman Camargo deja muy mal parada a la administración municipal, pues se vuelve a evidenciar que no hay congruencia entre el discurso y la acción de la administración y, que este actuar del gobierno sin decisiones ni consecuencias para quienes con sus conductas no respetan a la población, le está demostrando a la ciudadanía que las falsas promesas y la corrupción siguen al orden del día en este municipio donde la población esta emocionalmente impactada por los riesgos de la pandemia, necesitada por la difícil situación económica que hoy afronta y sorprendida ante un gobierno que recién eligió y al que no ve comprometido y responsable con las necesidades y prioridades de la población.
Además de presentar cifras poblacionales sin actualizar, porque es lo que dice el DANE y punto, aprueban licencias con disponibilidad de servicios y no cuentan los habitantes que llegarán a las urbanizaciones aprobadas, así las cosas lo que presentan son cifras amañadas.