Megacarretera desplazaría a indígenas de Chía
Chía es un pequeño municipio colindante con el norte de Bogotá que en las dos últimas décadas ha crecido exponencialmente. En 1990 vivían allí 32.000 personas. Para el 2010 la población se triplicó y llegó a más de 97.000 habitantes. La explosión social surgió, entre otras causas, por la llegada de bogotanos y habitantes de otras zonas que querían vivir en un lugar rural cerca de la capital.
Ese aumento poblacional originó que el comercio y grandes proyectos se asentaran en este sitio, que además es un territorio indígena que en la actualidad tiene una comunidad muisca de 222 familias y unas mil personas que habitan las veredas de Fonquetá, Cerca de Piedra y Tíquiza.
En esa zona se quiere construir una autopista 4G o última generación, que afectaría el territorio y desplazaría a los indígenas que por años han habitado el lugar que consideran sagrado.
La autopista Troncal del Cerro es una idea que ha estado en los planes de las diferentes alcaldías, pero que sólo en el 2013 se concretó con un acuerdo entre las administraciones de Chía, Cajicá y Zipaquirá, quienes tomaron la decisión de construir una carretera de 16 kilómetros que los intercomunicaría.
Inicialmente sólo tenía dos carriles de 16 metros, pero el proyecto cambió y terminó convertido en una gran troncal de 60 metros de ancho en la cual se construirá, al lado y lado del trazado, un eje comercial, industrial e institucional que sumaría 600 metros repartidos en cada costado de la vía.
El proyecto, aunque es una solución de movilidad para la región, también afectará 700 predios en un área de 201 hectáreas. Un territorio indígena que incluso tiene título de origen colonial del siglo XV y escrituras de notaría de Zipaquirá de 1834 en la cual se demarcaron los linderos.
Esa es una de las razones de la protesta. El delegado indígena de la mesa para este tema, Javier Guava Forero, tiene el temor de que sean desplazados. “Esa carretera nos va a dañar nuestro hábitat, nos quieren desarraigar de nuestra tierra”.
Violaciones
El proyecto ha estado cargado de presuntas irregularidades. La megaobra, que sería construida por medio de una Alianza Público Privada (APP), no ha tenido la consulta a los indígenas que ordenan la ley y los fallos de la Corte Constitucional. “Hasta el momento no nos han preguntado nada, sólo hemos tenido talleres para hablar de otros temas”, señaló José Manuel Socha líder espiritual de la comunidad.
Pero como si esto no fuera ya irregular, los integrantes de la comunidad y los indígenas han dicho que el proyecto no ha sido aprobado dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del año 2000 el cual está vigente.
Una vez Semana.com conoció el tema e inició la indagación, la Alcaldía, en cabeza de Guillermo Varela, emitió el 28 de agosto un comunicado para anunciar que el constructor: “Promesas de Sociedad Futura’ desistía de la obra. El argumento fue que la Alcaldía de Cajicá había aprobado dos proyectos urbanísticos “ubicados sobre el trazado original”.
Lo cierto es que la comunidad considera que el proyecto se mantiene ya que no se han derogado los cuatros decretos que modificaron el uso del suelo, la expropiación de predios y otro que especifica cómo va a quedar la obra.
“Si bien se conoce que en el comunicado desisten del proyecto, no existe garantía que se construya ya que los decretos para el cambio del uso del suelo se mantienen”, dijo el representante de legal que acompaña el proceso, Carlos Paz.
Contraparte
Para la Alcaldía el tema está más relacionado con “politiquería” en plena campaña electoral que con una irregularidad en el trámite del proyecto. Incluso señalan que la iniciativa no se ha socializado ya que este proceso sólo se hace en la etapa de factibilidad, o fase de preinversión.
Ante el reclamo de la comunidad para que se deroguen los decretos, la administración municipal consideró que es necesario estudiar si estos no afectan otras obras de la malla vial para poder tomar una decisión definitiva.
Visiblemente molesto, el secretario de Gobierno del municipio y gerente del proyecto, Luis Prieto, le dijo a Semana.com que está en duda la ejecución de la obra por el costo y la salida del constructor. “No les dio el cierre financiero, la APP en en cerro no se va a hacer, el tema de los decretos es de la oficina de Planeación. Estos especifican cuál será la malla vial y lo que hace es dejar una vías marcadas y ahí si existe discusión y por ahora no se han impugnado».
Mientras tanto, la comunidad ya presentó una acción de tutela que estudia un juzgado de Zipaquirá para que se deroguen los decretos. También una acción popular para que se proteja el territorio. El próximo 27 de septiembre está programada una marcha para protestar por el proyecto.
