La marginalidad oculta de las políticas de vivienda gratuita en Colombia

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Un grupo de expertos y docentes de diferentes universidades del país, debaten sobre la vivienda VIS y afirman que Colombia no solo tiene un déficit de vivienda, sino que perdió la banca especializada en el tema.

Los investigadores cuestionaron el modelo del país para la construcción masiva de vivienda.
Nación | Fuente Unal, Claudia Sánchez y Milton Medina|Vivienda |
  A pesar de que las políticas de vivienda gratuita se han orientado a mejorar las condiciones económicas de los más pobres, algunas de sus características han contribuido a la intensificación de la marginalidad.

La marginalidad oculta de las
políticas de vivienda gratuita en Colombia

Los docentes Ángela Franco y Óscar Alfonso debatieron sobre el tema en el programa Observatorio de Gobierno Urbano de Radio UNAL.

Aunque la marginalidad generalmente está asociada a los asentamientos informales, una de las preguntas que se desarrolló en el programa giró en torno a la pregunta sobre cómo las políticas de planeación y vivienda pueden contribuir a perpetuarla.

Precisamente esta es la temática del libro Vivienda “Marginalidad oculta: políticas de vivienda social o vivienda gratuita”, escrito por la profesora Franco y publicado en 2022 por la Universidad del Valle.

Ángela María Franco Calderón, profesora del Área de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle, indicó que: “Desde los años 90, la vivienda empieza a ser generada con subsidios a la demanda y construida por el sector privado.

Así se le da un impulso a la vivienda propia. Se hace un énfasis en la vivienda nueva como solución, pero no se exploran otras alternativas que podrían tener un mayor efecto”.

Para Óscar Alfonso Roa, profesor Emérito de la Universidad Externado de Colombia, la política de vivienda tiene varios fracasos. “El primero compete a la política macroeconómica, porque todavía se presentan, sin mayor discusión, las ideas de Currie de la vivienda como sector líder de la economía.

Al mirar las tasas de desempleo, se deduce que algo está funcionando mal o la economía se transformó, porque hay sectores con otros eslabonamientos que generan empleo más calificado y durable.

El segundo fracaso es que la política de mercado instaurada en el gobierno de César Gaviria, produce una cantidad de viviendas inadecuadas que generan más problemas de los que resuelven”.

Política de vivienda y marginalidad

El programa de vivienda gratuita entregó soluciones habitacionales con servicios públicos, acceso a vías pavimentadas, que cumplían con las normas de sismo resistencia y los estándares de urbanismo de acuerdo con los planes de ordenamiento territorial. Sin embargo, al profundizar en el análisis de cómo viven esas personas que recibieron las viviendas, la realidad es distinta.

“Hay una pobreza extrema. Se convierten en propietarios y adquieren cargas económicas como impuestos y pagos de servicios, pierden el capital social porque todos los vecinos llegan al mismo tiempo y no se conocen.

Además, se ubican en unas zonas periféricas desconectadas y alejadas de las zonas de empleo. En otros lugares como el de Llano Verde en Cali se registran altos índices de violencia”, comentó Franco.

El otro punto es que muchas veces el tema se reduce a las cifras. Eso fue lo que pasó en el gobierno de Juan Manuel Santos que implementó cien mil viviendas en el primer periodo y otras cien mil en el segundo, pero el análisis de lo que sucede en los barrios o con los individuos que habitan estas casas no está en ningún lado.

Vivienda y empleo

En el país tenemos la dualidad del sistema, pues hay construcción de viviendas de manera formal como informal.

“La producción informal de la vivienda es una explotación del sistema, porque constituye una prolongación de la jornada de trabajo obrera.

En cuanto a la producción formal, los propietarios muchas veces modifican las viviendas porque no cumplen con sus ilusiones y necesidades.

Entonces hay un dilema, por el lado del mercado informal es la prolongación del mercado de trabajo y por el lado de la vivienda formal es una reproducción de la segregación y la marginalidad”, explicó Alfonso.

Por su parte, la profesora Franco hizo una distinción entre la participación comunitaria en los proyectos informales que puede ser más evidente y en los formales donde al parecer es distante porque se cumple con un modelo del mercado y el constructor.

“La participación en los POT está en el papel desde la Ley 388, pero no es vinculante. Entonces se queda en las discusiones, las reuniones y los formatos para cumplir con los requisitos.

Hace un siglo el sociólogo alemán Georg Simmel decía que la exclusión de los pobres se manifiesta en que el asistencialismo es el único espacio en donde las partes interesadas no tienen participación.

Justamente en los proyectos de vivienda gratuita lo que hace el gobierno es una asistencia y se convierten en beneficiarios con un apoyo mínimo que cubre sus necesidades básicas, pero que no son tenidos en cuenta”, acotó Franco.

¿Un nuevo modelo o alternativas al modelo?

El modelo donde yo participo, tú participas y otros deciden debe ser revaluado para comenzar a discutir una nueva política, destacó Alfonso. “Colombia tiene un déficit de vivienda y perdió la banca especializada en el tema.

Es hora de recuperarla con participación estatal. El Estado no se puede desligar de esta responsabilidad. Lo que toca es superar lo que se hizo mal en el anterior esquema, básicamente la corrupción y el clientelismo”.

Para el profesor Alfonso es necesario un nuevo modelo en donde se rompan mitos como que la calidad de la vivienda de interés social no se puede mejorar porque el suelo no da. Hay que buscar la manera de enfrentar la segregación.

De acuerdo con las investigaciones de la profesora Franco, hay que tener en cuenta varios elementos para formular un nuevo modelo. “Uno es el suelo para una vivienda bien ubicada. Ya hay casos en Bogotá, Cali y Medellín donde se hacen proyectos más pequeños en lugares más centrales.

Sin embargo, son complejos porque requieren estudiar el sitio y no simplemente repetir el sello de la misma vivienda en la Guajira o en Usme sin tener en cuenta el contexto”.

La Corte Constitucional en 2016 emitió un auto en el cual planteó que otras alternativas como el mejoramiento integral de barrios y la legalización son dejadas de lado por el gobierno. A pesar de que las familias llevan décadas viviendo en estos asentamientos consolidados que podrían ser legalizados, en cambio, de trasladar a las personas a los proyectos periféricos.

Foto: inmobiliariaeleven

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