PTAR 2 de Chía: una bomba a punto de estallar

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La construcción de la segunda PTAR de Chía, ordenada por el fallo para descontaminar al río Bogotá, ha causado serias protestas en Chía, y tienen la vereda La Balsa a punto de una intervención de la Fuerza Pública. ¿Qué está pasando?

Un sobrevuelo en el municipio de Chía. /Gustavo Torrijos –El Espectador.

Chía | Tomado del Blog El Río y El Espectador, por María Paula Rubiano | La Región desde los Medios | Denuncia |
 En uno de los pocos caminos rurales del sector Las Juntas de la vereda La Balsa, en Chía, hay varios carros particulares atravesados. Frente a ellos, tractomulas y otras máquinas pesadas están parqueadas desde la segunda semana de mayo.

Los carros pertenecen a las personas que desde hace unos 30 años empezaron a poblar esa esquina del municipio. Las máquinas pertenecen al consorcio que se ganó la licitación para construir la segunda Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del municipio. Y la escena no sería noticia si no estuviera a punto a de desatar una confrontación con Esmad incluido en el –hasta ahora– pacífico rincón campestre.

“Lo último que quiero hacer es entrar con la Policía, pero va a ser inevitable”, dice el alcalde de Chía, Leonardo Donoso. “Ya no podemos hacer más reuniones con la comunidad, la Personería dio el aval del cierre de socialización y la Procuraduría nos ordenó iniciar las obras o si no, ya me advirtió que me montan un proceso disciplinario”.

La crisis, que empezó en diciembre de 2017, no para de crecer. Además de los carros atravesados, ya hay acusaciones de corrupción de por medio, unos organismos de control respirándole en la nuca a las autoridades locales y una monumental sentencia para descontaminar el río Bogotá indicando que, con cada día que pasa, se incumplen sus órdenes.

La pregunta obvia es ¿cómo llegó este conflicto a convertirse en la primera plana de todos los medios locales de Chía?

Para entender qué está pasando hay que regresar catorce años, cuando el Tribunal Superior de Cundinamarca le ordenó a 76 entidades del nivel nacional, regional y local descontaminar el río Bogotá. De acuerdo con el fallo, los 45 municipios de la cuenca del río debían construir plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para que sus aguas no siguieran matando al principal afluente de la Sabana.

Tras el fallo, que fue confirmado en 2014 por el Consejo de Estado, los municipios se pusieron manos a la obra. Según el alcalde Donoso, fue el mandatario que estuvo dos períodos antes del suyo quien realizó los primeros estudios para ver dónde podría ubicarse la nueva PTAR del municipio. En 2011, durante el periodo de Guillermo Varela, se llegó a la conclusión de que el lugar ideal sería el sector Las Juntas, en la vereda La Balsa.

El problema es que la gente que vivía allí estaba convencida de que sus predios estaban libres de este tipo de intervenciones. “Compré el lote donde está mi vivienda en el año 1992. Cuando nos pasamos a esta casa hicimos una investigación sobre qué pasaba con el tratamiento de las aguas residuales en Chía y para ese momento, ya existían estudios técnicos que arrojaban que el mejor sitio para establecer una PTAR era el sector de El Cacique”, cuenta Marta Elena Bermúdez. Con esa seguridad se asentó en Las Juntas.

La Alcaldía y Emserchía explican que la PTAR se cambió de sitió pues en la época del primer estudio, El Cacique, cercano al restaurante Andrés Carnes de Res, era tierra de nadie. No obstante, en las siguientes décadas el municipio se desarrolló más allá de ese sector. “Hoy construir esa planta en esa ubicación sería una pérdida del dinero, pues el 70% de los vertimientos de aguas residuales del municipio suceden después de esa zona que hoy es completamente urbana”, explica Julián Fernández, gerente de Emserchía.

Pero, según Bermúdez, quien hoy lidera las protestas, nadie les avisó sobre ese cambio. Según ella y otros habitantes del sector, supieron sobre el proyecto cuando en diciembre de 2017 les llegó a cada casa “una carta sin firmas” notificando la socialización para dar inicio de las obras de la PTAR 2 de Chía. Cuando averiguaron, se dieron cuenta de que el convenio para construir la planta había sido otorgado dos años atrás. ¿Por qué entonces no les avisaron antes?, se preguntaban.

La Alcaldía se defiende diciendo que antes de ese “voleteo”, como el alcalde Donoso llamó a esos documentos, ya se había anunciado “por distintos canales” sobre la construcción. Pero es enfático en que ese proceso de consulta no es obligatorio: “la ley indica que los procesos de consulta y licencia ambiental solo se necesitan para PTARes que presten sus servicios a municipios con más de 200.000 habitantes en la fecha de adjudicación del contrato”, dice. Hoy, Chía tiene alrededor de 132.000.

Tras la llegada de las cartas, los primeros días de enero se encontraron por primera vez los habitantes de Las Juntas y las autoridades. Desde ese momento, la comunidad comenzó a escarbar en los estudios del proyecto para entender cómo, y por qué, les ponían este proyecto, que recogerá el 70% de las aguas residuales del municipio, a unos pocos metros de sus casas.

Un miedo que sigue creciendo

Sus hallazgos los asustaron cada vez más. En el convenio para la construcción, que se firmó en 2015 entre la CAR, Emserchía y la Alcaldía, se habló de un costo total de las obras de $35.748 millones. Sin embargo, el proyecto hoy cuesta cerca de $62.000 millones. Es decir, unos $27.000 millones más que los cálculos iniciales. Con lo que ellos consideran un agravante: la primera fase de la obra cuesta $50.000 millones, de los cuales solo tienen esos $35.000 de 2015.

Néstor Franco, director de la CAR, explica que el aumento del monto del contrato se dio tras un ajuste del diseño en detalle, que demostró que serían necesario invertir $20.000 millones adicionales en la construcción de cerca de mil pilotes, pues los suelos donde se asentará la planta no soportan este tipo de construcciones. El alcalde Donoso complementa diciendo que es normal que esto ocurra, debido a la calidad de los suelos en la Sabana y, sobre todo, en las rondas de ríos.

Y aunque los $20.000 millones que faltan todavía no estén dentro de las memorias y discos duros que la Alcaldía le entregó a la comunidad, Franco asegura que están amarrados a través de Fondo FIAT pero que solo podrán adicionarse al contrato después de que se firme el acta de inicio de ejecución.

Mejor dicho: a la comunidad le da miedo que se inicien obras sin que estén firmados la totalidad de los recursos, pero, según el director de la CAR, ese dinero no se puede adicionar hasta que no tenga en la mano el documento que asegura que ya pusieron el primer ladrillo.

Reunion habitantes de las Juntas con Alcalde de Chía, Leonardo Donoso.
Mayo 16 de 2018. / Foto: Ángel Gonzalez Villegas – Periódico de Chía

Pero eso no es todo. Hay toda una minucia de dudas y desconfianzas mutuas que  se han ido cocinando a lo largo del año, y que llegaron a su punto más álgido con la llegada de las máquinas.

Por una parte, la comunidad siente que no la tuvieron en cuenta para la formulación y diseño del proyecto, y sienten que los planes para actuar en caso de emergencia son insuficientes.

Por ejemplo, Bermúdez cuenta que, contrario a lo que asegura la CAR y el municipio, cuando se acercó a los habitantes del barrio Lisboa, quienes viven cerca a la PTAR Salitre, “la gente nos contó que a determinadas horas del día no pueden estar en ciertas viviendas y en ciertos locales comerciales y que los zancudos son insoportables”. Por su parte, Néstor Franco, director de la CAR, asegura que la entidad que lidera invito en múltiples ocasiones a la comunidad a visitar esta planta, pero que se negaron.

Otro punto que los preocupa es que no se hicieron estudios comparativos de alternativas con otros lugares del municipio para la PTAR, y tampoco un diagnostico ambiental. Ante esas dudas, las entidades responden que esos estudios no son necesarios para este proyecto, pues atenderá la población de un municipio que, a hoy, tiene menos de 200.000 habitantes.

 Asimismo, frente al estudio de cuánto va a costar operar y mantener la primera fase de la PTAR (que aún no se ha realizado), Franco asegura que es imposible tener esa información en este momento, pues  “Es lo mismo que pasa con Salitre en Bogotá”, dice. “El acueducto de Bogotá (o de Chía en este caso) deberán calcular cuánto aumentarán las tarifas cuando estén en pruebas de operación, no antes”.

Por otra parte, el alcalde tiene a las veedurías de la sentencia del río Bogotá amenazándolo con abrirle investigaciones si no empieza a construir ya, pues es su obligación cumplir el fallo. La magistrada del río Bogotá, Nelly Villamizar, emitió un auto el pasado 28 de junio ordenando la presencia de la fuerza pública necesaria para comenzar la construcción de la PTAR 2.  Y, mientras tanto, tractomulas y carros siguen parqueados, frente a frente, en el único camino que conecta los 14 lotes del proyecto con el municipio.

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