Las EPS terminaron dándole la razón al gobierno
Tres de las más importantes EPS se pasaron al lado del gobierno y dijeron, con toda claridad, que sin reforma no es sostenible este sistema.
Tres de las empresas promotoras de salud mejor reputadas le enviaron una carta al gobierno en la que anunciaban que el próximo mes tendrían dificultades para atender a sus pacientes, que quizás en el corto plazo tendrían incluso que dejar de prestar servicios y que la situación era consecuencia de un problema estructural del sistema. Tal vez, sin darse cuenta, la carta le daba la razón al gobierno en los aspectos centrales del debate de la reforma a la salud.
El gobierno ha dicho que temas tan esenciales no deben estar confiados a los particulares, sino que por ellos debe responder el Estado. Con la carta muchos de los usuarios nos debimos sentir tan desprotegidos que seguro pensamos: buenos, tal vez sí, la garantía de la prestación del servicio de salud no debe depender de la voluntad de un particular que un día, por la razón que sea, con justificación o no, decide que no va más.
En los temas de confiar ahorros de pensiones y cesantías, muchas personas han preferido quedarse en los fondos públicos —Colpensiones y Fondo Nacional del Ahorro— porque “esos no se quiebran” a pesar de que los otros pudieran parecer más atractivos. A diferencia de lo que piensan otros que creen que es mejor confiar en los privados que no roban y gestionan todo más eficientemente, muchos temen que los particulares cualquier día, para decirlo coloquialmente “bajan la reja, descuelgan el aviso y uno no sabe dónde encontrarlos”.
Las EPS firmantes de esa carta dejaron esa sensación, que no tenemos la certeza de que mañana cuando requiramos sus servicios las encontraremos, quizás ya no estén porque el negocio daba pérdidas. Y ahí sí que le permitieron al gobierno volver con la idea de que la salud no puede ser un negocio.
Así sepamos que es un sofisma, lo cierto es que entidades tan sólidas y —aparentemente— bien administradas, pusieron de presente, lo que todos sabemos, pero que quizás no era tan oportuno recordarlo así tan de frente en este momento, que están ahí porque hay una oportunidad de negocio y que solo siguen ahí si el negocio produce, como es obvio, y que cuando no sea así se van. Lo malo de ese razonamiento, de puro sentido común en una economía capitalista, es que pone en juego la atención en salud de todos.
Pero además, buena parte de la discusión era que el gobierno quería desmontar el sistema de aseguramiento en salud que nos daba la certeza de que pasara lo que pasara, íbamos a tener el servicio, mientras que los promotores de la reforma insisten en que en la práctica no hay un sistema de aseguramiento, o mejor que el “reasegurador” es el Estado, porque las EPS no responden pase lo que pase, sino solo hasta donde la plata alcance y que cuando no alcance, como no está alcanzando ahora, pues van a donde el Estado a que les dé más.
El presidente Petro y la exministra Corcho habían dicho que la reforma era urgente, porque el actual sistema era insostenible, muchos creíamos, porque las EPS nos daban información en ese sentido, que no, que eso no era cierto, que lo que pasaba en realidad era que este gobierno las estaba “marchitando” para imponer su reforma. En la carta, tres de las más importantes EPS se pasaron al lado del gobierno y dijeron con toda claridad, que sin reforma no es sostenible este sistema y que más temprano que tarde, si no se hace algo, hasta las más sólidas y mejor administradas como ellas se van a acabar. El riesgo ya no es el de una mala EPS con vínculos políticos y síntomas de corrupción, sino que el mal es de todos, porque resultó ser un problema estructural del sistema, según ahora todos están de acuerdo.
El gobierno dijo que hacía lo que podía, que había subido el valor de la unidad por capitación, la remuneración que le reconoce a cada entidad por afiliado al sistema, más de lo esperado y bien por encima de la inflación y que la estaba girando a tiempo. Y sí, les preguntaron a los voceros de las EPS y dijeron que sí.
Todos estuvieron de acuerdo, después de la carta, que el problema era más profundo, que las dificultades no las había creado este gobierno con una estrategia malévola tendiente a acabar, por las malas, el negocio, sino que viene de hace varios años y que quizás lo que ocurre es que la reforma es tardía.
Además de darle argumentos al gobierno, a mi juicio, la carta develó un asunto que no se ha discutido y debería discutirse urgente y es la naturaleza del vínculo de las entidades promotoras de salud con el Estado. En el fondo están administrando un servicio público esencial y quizás debiera mediar un contrato, una especie de concesión que asegure dos cosas: que hay garantías de cumplimiento que cubran el riesgo de malas administraciones o de incumplimientos y dos que los bienes que se destinan a prestar el servicio, que se pagan con recursos públicos, pasan a propiedad del Estado cuando la concesión, por cualquier causa, termina. Así es con casi todas las otras concesiones con las que se les confía a particulares la administración de un servicio público esencial.
En el sistema de salud la lógica parece ser más la del que monta un negocio cualquiera que si se quiebra cierra, los bienes se entregan a los acreedores y, peor aún, cualquier día, cuando el negocio deje de ser atractivo, por la razón que fuera, se van y ya.
Creo que la reforma que ha propuesto el gobierno no es mala, es muy mala, creo que el sistema de salud colombiano ha sido uno de los avances sociales más importantes que hemos tenido en las últimas décadas, estoy (¿estaba?) seguro que la colaboración Estado – particulares es la fórmula más eficiente para garantizar bienes y servicios públicos de calidad, pero la carta me dejó pensando.
