Piden revisar adjudicación de millonario contrato en Chía para construcción del CAM

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La Alcaldía de Chía asegura que un certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá señala que el ganador del contrato está habilitado para contratar.

Municipio de Chía. Foto: Alcaldía de Chía

Chía | Tomado de W Radio | Judiciales |
La W conoció que ante la Fiscalía y la Procuraduría general fue interpuesta una denuncia para que se investigue la adjudicación de un contrato cercano a los 70 mil millones de pesos para la construcción del Centro Administrativo Municipal (CAM) en Chía. La alcaldía, presuntamente habría entregado el contrato de manera irregular a una empresa vinculada al escándalo de corrupción de los juegos nacionales en Ibagué.

Se trata del consorcio Construcam, un oferente al que se le adjudicó el contrato el pasado 12 de marzo, Uno de sus integrantes tiene su empresa matriz en causal de disolución desde septiembre de 2017 de acuerdo con un documento emitido por la Supersociedades.

El integrante se llama Vera Colombia S.A.S, está constituida por un solo accionista, denominado Construcciones VERA SA, una compañía de origen español, y cuya matriz está involucrada en el escándalo de los juegos nacionales de Ibagué y en la Construcción de la Sede la Paz de la Universidad Nacional de Colombia en el César.

El contrato compromete vigencias futuras del municipio por nueve años, y lo curioso es que se otorgó el contrato a una empresa que jurídicamente no puede hacer desarrollo de sus actividades por su condición de liquidación.

Es decir, que los dineros del municipio y la obra estrían en riesgo porque, según el código de Comercio, no puede realizar actividad distinta a la de liquidar la empresa y dejar en orden pasivos ya activos.

Pese a las denuncias, Leonardo Donoso, alcalde del municipio de Chía indicó a La W radio que el contrato se adjudicó porque un certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá certificó que la empresa estaba habilitada para contratar en Colombia y señala que las actuaciones en la licitación estuvieron ajustados a la ley. 

Tres veedurías y la personería advirtieron de las irregularidades, pese a ello el contrato fue adjudicado, por ello el ministerio Público adelanta una indagación.

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