Más que indignación, jefes de órganos de control piden movilización

El diario El Tiempo, reunió y habló en los últimos días con los jefes de los órganos de control y justicia en colombia, sobre los alcances de la corrupción en el país.  Ellos invitaron a la sociedad a ejercer control y vigilancia sobre funcionarios e instituciones.

Edgardo Maya Villazón, contralor general (izq.); Néstor Humberto Martínez, fiscal general; Fernando Carrillo,
procurador general, y Jorge Humberto Botero, presidente del Consejo Gremial. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

“En esta lucha contra la corrupción necesitamos mucho más que indignación y mucho más que trinos”. Esa frase, pronunciada este martes por el fiscal Néstor Humberto Martínez en el foro La ética de lo público, sintetiza el llamado que hicieron los jefes de los órganos de control para que la sociedad colombiana asuma un papel más protagónico, con el voto limpio y la censura social, para tener un país y un Estado más transparentes.

En el encuentro, convocado por la Universidad del Rosario y EL TIEMPO, el procurador Fernando Carrillo reveló que de 37 campañas visitadas por la Procuraduría en 6 departamentos, el 62 por ciento de ellas no tienen cuenta bancaria para manejar el presupuesto y solo 12 han utilizado el aplicativo ‘Cuentas claras’, que es la herramienta que supuestamente deben usar todos los candidatos para registrar el origen de sus fondos y su destinación. 

A su vez, el contralor Edgardo Maya aseguró que el país no necesita más normas contra la corrupción, sino que se cumplan las que ya existen. “Necesitamos la actitud de los ciudadanos, el comportamiento y la conducta de los ciudadanos, este es un tema de doble vía: del sector público y del sector privado”, destacó.

‘Arquitectura de valores’

El procurador Fernando Carrillo señaló que en el país ha imperado una cultura del dinero fácil que ha terminado por convertirse en “pauta ética de la sociedad colombiana”, que “se ha creído que con dinero se puede comprar todo”. Esto, a su vez, ha llevado a que el bienestar general no sea el objetivo de muchos de los que llegan a la administración pública, en contravía de los intereses de los colombianos. 

Dijo que la Procuraduría promoverá un pacto por la ética al que convocará a los candidatos presidenciales, en el entendido de que desterrar la corrupción de la administración pública es objetivo de todos. 

En cuanto a los huecos del sistema legal para perseguir la corrupción, afirmó que es imperativo terminar con la “justicia premial”, en la que los delincuentes terminan siendo ampliamente beneficiados en medio de negociaciones no siempre transparentes. 

Como uno de esos malos ejemplos de justicia premial, el Procurador mencionó el caso del exsecretario de Seguridad de Medellín Gustavo Villegas, quien logró un polémico preacuerdo que ya fue objetado por el nivel central de la Fiscalía. Carrillo anunció que el Ministerio Público se opondrá a esa negociación, que le supone a Villegas pagar 33 meses de prisión en un proceso por supuestos acuerdos con la mafia.

Necesitamos adquirir vergüenza social. Aquí pasan muchas cosas y no nos ruborizamos

Por su lado, al asegurar que la falta de sanción social blinda a los corruptos, el fiscal Martínez deploró que ninguno de los grandes escándalos que indignan al país haya sido conocido por denuncias de los ciudadanos, sino por delaciones de los directamente implicados, que por cualquier motivo terminan rompiendo sus pactos de silencio, lo que evidencia la falta de vigilancia ciudadana.

“No podemos caer en las falacias de los Catones de ocasión que están hablando de la corrupción con mucho sentido maniqueo para distinguir entre unos y otros: el pecado es de todos nosotros –dijo Martínez– (…) A este nivel de postración llegamos por una culpa colectiva y por eso nos corresponde a todos librar esta batalla por la restauración moral de la República”. 

Como ejemplo de la pérdida de valores recordó el caso del capo ‘Inglaterra’, uno de los jefes del llamado ‘clan Úsuga, quien fue abatido en una operación policial y cuyo sepelio fue multitudinario en Urabá, donde lo consideraban un benefactor a pesar de su extenso historial criminal. 

Así mismo, señaló el caso Reficar como el más grave en materia de corrupción en la historia del país y cuestionó que en diciembre pasado, en un club social de Cartagena, le hicieron un homenaje de desagravio a las mismas personas que están siendo procesadas por el millonario desfalco.

“Necesitamos movilización social, una pedagogía de los valores, denuncia. Necesitamos adquirir vergüenza social. Aquí pasan muchas cosas y no nos ruborizamos (…). El relajamiento de los valores ha llegado incluso a la propia universidad colombiana. En la Universidad del Chocó sus principales figuras están capturadas porque han otorgado cientos de títulos falsos a abogados que nunca pasaron por allá”, afirmó el Fiscal. 

Y remató diciendo que un ejemplo de la indolencia por lo público está en la existencia de los cupos indicativos –presupuesto asignado a los congresistas para proyectos en sus regiones–, pues ni desde la academia ni desde los gremios se ha levantado la mano para decir que esa figura “es la génesis del proceso de corrupción del tejido político de nuestro país”.

El contralor Maya Villazón coincidió con Martínez en que “la mermelada permanece” por cuenta de los cupos indicativos y anunció que la Contraloría entregará un estudio de las inversiones que se están haciendo con esos dineros. Cuestionó, por ejemplo, que La Guajira, uno de los departamentos con más necesidades básicas insatisfechas, construyó un megaestadio en un municipio que no llega a los 20.000 habitantes y donde la mayoría de la población sufre los efectos del subdesarrollo. 

Sobre los contratistas, Maya Villazón insistió en que son “un partido político” porque manejan las administraciones locales, regionales y nacionales “a su antojo”; poder que logran gracias a que son los mismos financiadores de las campañas. 

Respondiendo una pregunta sobre lo que debería o no cambiarse en su propia institución para fortalecer la transparencia, el Contralor indicó que además de cambiar la estructura del control fiscal –hoy hay 62 contralorías regionales– se debe revaluar no solo en ese órgano de control, sino en todas las entidades del Estado, la carrera administrativa, que hoy garantiza a funcionarios muy mal calificados la permanencia en sus cargos. Maya concluyó su intervención con esta frase: “A la ética le hemos cortado la cabeza y si no nos levantamos, esto nos sobrepasa y nos destruye”. 

En el conversatorio participó también Jorge Humberto Botero, presidente del Consejo Gremial, quien declaró que pese a que las circunstancias impidieron hacer una gran reforma de la justicia en este gobierno, es una deuda pendiente de la administración que llegue. Botero dijo que el Consejo Gremial presentará a los candidatos presidenciales estrategias en tres líneas para recuperar la ética en el país. La primera de ellas: acabar con la ‘mermelada’.

Así mismo, señaló que los funcionarios públicos deben presentar abiertamente las listas de sus cargos de libre nombramiento y remoción, porque, aunque hay que reservar cargos políticos, los funcionarios que administren el país deben llegar a sus puestos porque están preparados para ello. Y dijo que imponer la digitalización del país hará más transparente el ejercicio de lo público.

‘La democracia está convaleciente’

La corrupción no puede combatirse si no va de la mano de la lucha contra la inequidad, pues ambos problemas “erosionan” la confianza de la sociedad.
Así lo aseguró este martes Michael Sandel, escritor y profesor de filosofía política de la Universidad de Harvard, una autoridad mundial en el tema. 

“Sin un debate público acerca de valores y ética es muy difícil cambiar la cultura que permite la corrupción y también la profunda inequidad”, dijo el científico social.
Para el académico, el problema para combatir la corrupción surge cuando no es tan “obvio” su significado, pues este acto se comete tanto en las instituciones del Estado como en las particulares, pero en este último se da en ‘pequeños actos’ que la sociedad no siempre condena.

Como una forma de comprobar esto, Sandel abrió un debate con los jóvenes de la Universidad del Rosario en el que puso varias situaciones hipotéticas en las que se cometían actos contra la moral. Para algunos estudiantes estas actuaciones no eran corrupción, pero otros pensaban lo contrario. 

“La corrupción y la inequidad se deben atender al tiempo, porque hacen que los valores se pierdan”, apuntó el prestigioso académico, autor del libro Lo que el dinero no puede comprar. Uno de los mayores efectos de la desconfianza ciudadana, según Sandel, es el deterioro de las instituciones, base de la democracia. 
“Estamos en épocas peligrosas para las democracias. La democracia está convaleciente”, sentenció.