Gobernación de Cundinamarca es dueña del San Juan de Dios

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Decisión de la Superintendencia de Notariado confirma que la Fundación San Juan de Dios no puede vender el hospital y, de paso, anuló la venta del predio donde hoy funciona el Instituto Cancerológico.

Cundinamarca|Tomado de El Espectador |La Región desde los Medios|
Un certificado de tradición plagado de errores fue lo que encontró la Superintendencia de Notariado y Registro al resolver en segunda instancia el proceso que busca definir quién es el verdadero dueño de los predios del hospital San Juan de Dios. Tras analizar la historia, sentencias y cada anotación del certificado, ratificó que la propietaria es la Gobernación de Cundinamarca y no la extinta Fundación San Juan de Dios en Liquidación, que se mostró como la dueña durante casi 35 años.

La decisión tiene efectos positivos y negativos. Por un lado, obliga a la Alcaldía de Bogotá a aplazar de nuevo los planes de adquirir la propiedad, aunque el Distrito ya sabe a ciencia cierta con quién debe negociar. Por el otro, afecta al Instituto Nacional de Cancerología, que perdió la titularidad de su actual edificio, ya que la Superintendencia anuló la compra que le hizo en 2008 a la fundación.

El análisis

La decisión partió de dos elementos claves: por un lado, el fallo de 2005 en el que el Consejo de Estado declaró nula la creación de la Fundación San Juan de Dios, lo que llevó a su liquidación. Por el otro, que, a pesar de que la Gobernación hizo un acta de entrega de los inmuebles a nombre de esa fundación, en ningún momento de la historia le trasladó legalmente la propiedad. Es decir, pese a que la fundación operó por 26 años en el hospital, nunca fue su dueña.

Pese a esto, lo que se descubrió en el reciente estudio de títulos fue que, tras la orden de liquidación de la fundación, los encargados de esta tarea ordenaron anotaciones al certificado de tradición del hospital, como si fueran los legítimos dueños, amparados en las actas de entrega. Estos registros se lograron en su momento gracias a la falta de rigor en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Estas anotaciones fueron las que generaron la confusión sobre quién era el propietario. Al final, la Superintendencia de Notariado determinó que dichas actas, con las que se escudaba la fundación para decir que era la dueña del inmueble, no revestían las condiciones que exige la ley y que eran “simples minutas” que no se podían considerar como un título idóneo para declararse propietario del hospital.

Para completar, dichas actas de entrega también quedaron sin validez luego de que el Consejo de Estado declarara ilegal la creación de la Fundación San Juan de Dios. “Esto significa que, aunque el departamento de Cundinamarca y la Beneficencia nunca materializaron la transferencia de dominio del predio a favor de la fundación, la nulidad vuelve las cosas al estado normal en que se encontraban antes, es decir, que el predio sobre el cual se erigieron los edificios que componen el Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil se debe considerar que pertenece, en últimas, al departamento de Cundinamarca, siendo esta entidad territorial la que puede disponer de dicho predio”.

El cancerológico

Esta determinación tiene efectos adicionales. Como la Fundación San Juan de Dios no tiene, entonces, potestad para disponer de los predios, la Superintendencia no sólo dejó sin validez le negociación que venía haciendo el Distrito, sino que de paso anuló la venta de casi 5.000 metros cuadrados del hospital que la fundación le hizo en 2008 al Instituto Nacional de Cancerología. Esto sin contar que la negociación se hizo a través de una resolución (sin aparente respaldo jurídico) y no con escritura pública, como ordena la ley.

Y se podría decir que sin aparente respaldo jurídico, por una razón: a pesar de ser la fundación una entidad privada, la justificación de la resolución para la venta se refirió a normas que corresponden a la liquidación de entidades públicas. Los decretos de nombramiento del liquidador, expedidos por el gobernador de Cundinamarca, nunca le otorgaron a la fundación carácter de ser una entidad pública.

En esta parte del análisis la Superintendencia lamentó que en su momento la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no hubiera hecho el análisis acertado. “No se advirtió que el documento de compraventa no era susceptible de inscripción en el registro inmobiliario, en razón a que no constaba en escritura pública, solemnidad que no puede suplirse para demostrar el negocio. Como resultado de lo anterior, no hay lugar a dudas a que fue un acto de compraventa que no reunía los requisitos necesarios para ser inscrito en el registro”.

Concluye el análisis de esta manera: “Como, de acuerdo con el estudio realizado hasta el momento, (el hospital) no pertenece a la Fundación San Juan de Dios, es menester que se corrijan las inconsistencias publicitadas en la matrícula, pues el proceso liquidatorio que adelanta la fundación no está legitimado para ordenar ninguna inscripción sobre un predio que no es de su propiedad”.

Finalmente, el superintendente ordenó notificar la decisión a la Corte Constitucional, la Procuraduría, el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General, el Ministerio de Cultura, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Educación. Y, con ocasión del trámite de la acción popular en curso, también al Juzgado 41 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá.

A la justicia ordinaria

Esta decisión permite tener claro que el proceso pasará a manos de la justicia ordinaria. Al menos así lo insinuó el pasado miércoles el alcalde Gustavo Petro, cuando manifestó que era un abuso de poder haber borrado registros del San Juan de Dios hasta 1924 y agregó que sólo un juez podrá decir quién es el dueño del hospital.

Por su parte, el liquidador también había anunciado con tiempo la demanda contra el acto administrativo ante la justicia ordinaria, para que tome una decisión definitiva sobre quién es el verdadero dueño del centro asistencial. Actualmente cursa una acción popular en la que un grupo de trabajadores buscan proteger los bienes del hospital.

Por ahora, la negociación entre el Distrito y la fundación queda sin piso jurídico, aunque se aclara más el panorama para la Alcaldía, porque ya sabe con quién negociar. Por su parte, el Instituto de Cancerología tendrá que iniciar los procesos pertinentes para tratar de recuperar la propiedad que había comprado. Lo que falta ver es si la Gobernación puede vender, ya que actualmente cursa una acción popular a través de la cual esperan frenar la negociación.

Por ahora, el Distrito seguirá como arrendatario del complejo hospitalario, pagando $750 millones mensuales. Entre las cláusulas se establece que el pago mensual es un abono a los $150.000 millones que el Distrito ofreció por la compra de los edificios. En caso de no concretar la compra, sería dinero perdido, ya que tendrá que reiniciar negociaciones con su nuevo propietario: la Gobernación.

¿Qué pasa con la expropiación?

La noticia se conoce justo semanas después de que el alcalde Gustavo Petro, en un último intento por adquirir el hospital antes de acabar su mandato, expidiera un decreto para expropiarle el predio a la Fundación San Juan de Dios en Liquidación. El Espectador conoció que el pasado miércoles el Distrito alcanzó a notificarle a la fundación cuánto le pagaría por la propiedad. Tras actualizar su avalúo, le notificó al liquidador que ya no serían $150.000 millones (precio pactado en la frustrada compra), sino casi $158.000 millones. Con el nuevo panorama este proceso queda en el aire, ya que el decreto de expropiación quedaría sin piso jurídico al no ser la fundación la propietaria. Surge la pregunta: ¿puede la Alcaldía expropiar un predio de la Gobernación? Lo único que hoy tiene claro la Alcaldía es que ya sabe con quién debe negociar, proceso que tendría que comenzar de cero. Ante este escenario, meses antes de renunciar, el exgobernador Álvaro Cruz manifestó que estaba dispuesto a tramitar ante la Asamblea departamental la autorización para venderle la propiedad al Distrito. Sin embargo, en medio del actual escenario electoral no está clara cuál es la posición del gobernador encargado, Guillermo Rivera.

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