Nueva norma sobre créditos del Icetex enciende polémica

El anuncio de la ministra de Educación, Gina Parody, de que a partir del 2018 los préstamos del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) no podrán usarse para estudiar en instituciones colombianas de educación superior que no estén acreditadas puso ‘en alerta amarilla’ a varias universidades.

Al fin y al cabo, está en juego una bolsa de recursos que el año pasado superó los 225.000 millones de pesos solo para pregrados.

El Sistema Nacional de Acreditación se creó en 1992, mediante la Ley 30, que regula la educación superior en el país. Hoy, 23 años después, de las 288 Instituciones de Educación Superior (IES) que tiene Colombia solo 37 (el 12 por ciento) cuentan con esta acreditación en el plano institucional (que también existe para programas específicos).

La ministra Parody ha explicado que el objetivo de la medida que involucra al Icetex es incentivar la excelencia educativa y permitirles a los estudiantes destacados del país ir a las mejores universidades. Según ella, los jóvenes que se gradúan de IES acreditadas no solo tienen una probabilidad más alta de encontrar trabajo, sino que su salario es 63 por ciento más alto –en promedio– que el de quienes salen de una no acreditada.

“El proceso de acreditación requiere sobre todo de voluntad y ya hay muchas universidades que están en este proceso, porque entendieron que el derecho a la educación se debe garantizar con calidad. Y tres años (de aquí al 2018) deberían ser suficientes para que las IES se acrediten. Deben hacerlo”, dice la funcionaria.

En ese sentido, el Consejo Nacional de Acreditación argumenta que en el nuevo contexto global, la educación superior es responsable de formar a profesionales capaces de crear conocimiento y de proponer nuevas formas de análisis. Sin embargo, varios representantes de la academia no ven tan claro el camino para acreditarse. “Bienvenido todo esfuerzo en pro de la calidad, pero nos dan solo tres años para acreditarnos –se queja Fernando Laverde, rector de la Fundación Universitaria del Área Andina–. El Gobierno tendrá que revisar detenidamente esta meta, porque difícilmente las IES lo van a lograr. El interés del sector debe ser que la mayoría de instituciones se acrediten y no seguir trabajando con las mismas. Además, incentivar solo a las acreditadas envía el mensaje de que las que no lo están son mediocres”.

Otra debilidad que los expertos le encuentran a la nueva política es que los más afectados serán los jóvenes de regiones apartadas. José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario –institución acreditada– invita a “hacer una reflexión en torno al tema, ya que hay una escasa oferta de IES acreditadas en el territorio nacional, lo que obligaría a muchos alumnos a trasladarse de ciudad, lo que implica más gastos, o a no ingresar a la educación superior”.

A este punto de vista se suma Francisco Cajiao, rector de la Fundación Universitaria Cafam, quien agrega que aunque la intención que tiene el Ministerio es buena, el mecanismo para lograrlo es perverso, porque “el 75 por ciento de los estudiantes están en instituciones no acreditadas; además, las que sí lo son no tienen capacidad para acoger a tantos estudiantes”.

¿Y el registro calificado?

Para Carlos Lopera, director del Observatorio de la Universidad Colombiana, “lo que se está haciendo es un reconocimiento implícito del fracaso del registro calificado, una herramienta (obligatoria) que se creó para garantizar las condiciones mínimas de calidad de una institución”.

El especialista agrega que si la acreditación se vuelve obligatoria deberá cambiar la normatividad, “lo que implica, sobre todo en el caso de las universidades públicas, que se deben garantizar los recursos para que logren acreditarse. No es coincidencia que las que más plata reciben son las acreditadas”.

En ese sentido, Parody afirmó que se están haciendo acuerdos de desempeño para que los recursos del Cree (impuesto sobre la renta para la equidad) se apliquen a aquellas variables que impactan la calidad en las universidades públicas.

Se espera que a finales de este mes las universidades privadas manifiesten su inconformidad por esta nueva política mediante un documento en el que argumentarán las razones por las que, a su modo de ver, el Ministerio de Educación debería revaluar la medida.

Así es el proceso para que una universidad se acredite

Alirio Vallejo, coordinador del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), explica que adquirirla puede tardar hasta ocho años. El primer paso es que el rector exprese ante el CNA su deseo de participar en el proceso, presentando un informe sobre las condiciones de su institución, que serán verificadas mediante una visita de pares académicos. Con base en esta se define si la universidad tiene las características para poder emprender el proceso. De ser así, el alma máter realiza una autoevaluación, que según Vallejo “puede tardar hasta cuatro años”. Luego se realiza una evaluación externa, que ejecutan unos pares designados por el CNA, quienes emiten un concepto. Por último, el CNA emite una decisión final con base en los insumos anteriores. Es decir que define si se da o no la acreditación y por cuánto tiempo: cuatro, seis, ocho o diez años, de acuerdo con las características de cada centro académico.

Alcanzar el sello de alta calidad es un privilegio costoso

Los rectores coinciden en que la acreditación demanda gran parte de los recursos de las instituciones, que generalmente tienen las matrículas como única fuente de ingresos.

Por ejemplo, en la Universidad Libre –que aspira a tener el aval del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) a mediados del 2016– se hizo una inversión de 80.000 millones de pesos solo en mejoramiento de la planta física, explica su rector, Nicolás Zuleta. Y si a eso se suma la inversión en laboratorios, cualificación docente, articulación de la universidad con la comunidad internacional, entre otras exigencias del CNA, esta cantidad se dispara.

“Todo esto, teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros estudiantes son de estratos uno, dos y tres, pues nuestra filosofía es garantizar el acceso de todos los sectores de la población a la educación superior. Queremos probar con esto que se pueden hacer universidades de calidad con bajo costo en las matrículas”, subraya Zuleta.

Para Francisco Cajiao, rector de la Fundación Universitaria Cafam, no existen las condiciones para que todas las instituciones de educación superior se acrediten, “ya sea por su tamaño, número de profesores con doctorado, entre otras razones, lo cual se consigue solo con dinero, algo que ni siquiera quedó previsto en el Plan Nacional de Desarrollo”.

En Colombia existen dos mecanismos que garantizan la calidad en la educación superior: el registro calificado y la acreditación de alta calidad. El primero, obligatorio, da cuenta de la existencia de unas condiciones mínimas para el funcionamiento de los programas. El segundo, voluntario, certifica su capacidad de ofrecer una educación cuyas características superan ampliamente ese mínimo sin el cual no podrían ejercer sus labores.