Entró en vigencia el Acuerdo de Escazú y Colombia aún no lo ratifica

El Acuerdo incluye medidas concretas para la protección de personas defensoras del ambiente.

 En el 2018, Colombia firmó el acuerdo en Escazú, Costa Rica y en el 2020 lo radicó en el Congreso con carácter de urgencia y hasta la fecha sigue perdido en el recinto … 

Como sea, en enero pasado, el acuerdo alcanzó las 12 ratificaciones necesarias para entrar en vigencia, de acuerdo con las condiciones requeridas en el artículo 22 del Acuerdo; de esta manera, todas las disposiciones entraron en vigor a partir de este 22 de abril.

Si bien el  “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, es el nombre oficial de este pacto, cuyo fin es en síntesis, dar garantías en una región con múltiples e intensos conflictos ambientales y donde miles de líderes están en riesgo. Sin embargo países como Colombia, Brasil o Perú, con temas críticos en la materia, no lo han ratificado.

De acuerdo con Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Acuerdo  busca disminuir y prevenir los conflictos ambientales garantizándole a las personas que defienden y protegen el medio ambiente, tres derechos fundamentales:

De una parte, acceder a la información, oportuna, comprensible y culturalmente apropiada, en igualdad de condiciones para los grupos más vulnerables; la participación ciudadana, que debe ser abierta, inclusiva desde etapas iniciales en procesos de toma de decisiones, frente a hechos que puedan afectar el ambiente o la salud.

Así mismo, incluye el acceso a la justicia en materia ambiental frente a daños al ambiente y los derechos humanos. 

Adicionalmente, el Acuerdo incluye, por primera vez, medidas concretas para la protección y defensa de las personas defensoras del ambiente.

Colombia no lo ha ratificado a pesar que de acuerdo con Global Witness, organización internacional que estudia la relación entre la explotación de recursos naturales, el conflicto y la corrupción, en 2019, 212 líderes fueron asesinados cuando buscaban proteger “sus hogares, su tierra, sus bosques y ríos de la explotación industrial a gran escala. Dos tercios de los asesinatos tuvieron lugar en países latinoamericanos”. Y de esa cifra, 64 homicidios ocurrieron en Colombia.

Intereses en juego

De acuerdo con el diario El Nuevo Siglo del 28 de abril de 2021 “En septiembre, durante su intervención ante la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente Iván Duque dijo que “estamos a la espera de la aprobación por parte del Congreso de la República del denominado Acuerdo de Escazú”, recordando que el país lo suscribió a finales de 2019.

El respectivo proyecto fue radicado con mensaje de urgencia el 20 de julio, es decir, el trámite abreviado, permitía que las comisiones (en este caso las segundas de Senado y Cámara) hicieran conjuntamente el primer y tercer debates de manera que, como lo establece el artículo 163 de la Constitución, la iniciativa la iniciativa se aprobara en 30 días.

“Lamentablemente las bancadas no han recibido de buena manera el contenido del acuerdo, no tanto por el texto de los artículos, sino porque hay dos elementos allí que son de gran preocupación para la coalición de gobierno. El primero de ellos tiene que ver con que la izquierda quiere insistir en la aprobación del acuerdo pretendiendo que existe en Colombia una persecución a los líderes ambientales a través del Gobierno y de la empresa privada, una cohonestación. 

Segundo, la gran preocupación que existe frente a la interpretación que cualquier juez de un municipio le pudiera dar a este asunto”, le explicó el noviembre a EL NUEVO SIGLO el presidente de la Comisión Segunda del Senado, Juan Diego Gómez, del Partido Conservador.

El representante Vélez, presidente de la Comisión Segunda de la Cámara, le precisó en diciembre a este Diario que “radicamos ponencia negativa porque consideramos que el Acuerdo de Escazú es nocivo para Colombia, nocivo para la reactivación económica del país y no contiene elementos que logren el gran consenso nacional que estos acuerdos internacionales requieren para la aprobación del Congreso”.

El 12 de diciembre de 2019, al liderar el acto de divulgación en la Casa de Nariño, el presidente Duque calificó la firma del Acuerdo de Escazú como un producto de la Gran Conversación Nacional que el Gobierno nacional inició con todos los sectores del país, entre ellos el ambiental, tras el Paro Nacional del 21 de noviembre.

Un día antes, el embajador Guillermo Fernández de Soto, representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas, suscribió el acuerdo.

Para el mandatario colombiano, además, es clave el aporte que hará el Acuerdo de Escazú, junto con los distintos mecanismos de cooperación amazónica, al avance del Pacto de Leticia, que lideró el Gobierno de Colombia, mediante el cual los países de la región establecieron compromisos concretos en materia de protección del Amazonas; además consideró que la firma demuestra que los colombianos podemos unirnos, por encima de nuestras diferencias, en temas fundamentales para el país, como es el caso de la defensa y protección del medioambiente.

En febrero de 2021, el Acuerdo de Escazú fue uno de los parámetros de 53 propuestas para orientar la reactivación de América Latina. “Estas 53 medidas que en nombre de más de 30 organizaciones de la región haremos llegar a los gobiernos, se enmarcan en la ruta de la descarbonización, a través del Acuerdo de París, del desarrollo sostenible, mediante la implementación de la Agenda 2030 y de la gobernanza con la implementación del Acuerdo de Escazú”, explicó entonces Carola Mejía, del Grupo de Financiamiento Climático (Gflac) y cogestora de la iniciativa Reactivación Transformadora, instancia promotora de estas medidas.

Mejía agregó que el “documento es fruto de un trabajo coordinado entre decenas de organizaciones de la región, que desde sus distintos ámbitos de especialización han aportado a la construcción de recomendaciones focalizadas para los sectores de agricultura, forestal, turismo, salud, infraestructura urbana, transporte, residuos y energía”.

Pese a lo anterior, Colombia aún no lo firma.